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Media sanción a ley que limita tasa de interés por mora en pago de servicios

20 agosto, 2021

El Frente de Todos logró darle media sanción en el Senado a dos proyectos de ley impulsados por Oscar Parrilli para limitar las tasas de interés por mora en el pago de servicios públicos y privados, y de tarjetas de crédito. .

El oficialismo reunió 38 votos afirmativos, en tanto que los senadores de Juntos por el Cambio, que argumentaron en contra de los proyectos, se ausentaron al momento de la votación para no quede registrado el rechazo a una ley que es presentaba como un beneficio para usuarios y consumidores.

La primera norma aprobada señala que la tasa de interés que las empresas de servicios aplican por mora a usuarios residenciales, cooperativas, clubes de barrio y otras entidades en ningún caso “podrán exceder la tasa pasiva de personas humanas” para depósitos a 30 días del Banco de la Nación Argentina, “correspondiente al último día del mes anterior a la efectivización del pago, no pudiéndose cobrar ningún tipo de cargos extras” por gastos administrativos o por cualquier otro concepto.

Según precisó Parrilli, miembro informante del oficialismo, actualmente las empresas de servicios están autorizadas a aplicar tasas por mora de un 50% por encima de la tasa que determina el Banco Nación.

“En este momento la tasa es del 36, 37 o 38%”, puntualizó el senador kirchnerista, que afirmó que “la trampa de muchas de estas empresas era que cuando había mora de usuarios y se cortaba el servicio ponían cargos por reconexión, por envío de documentación y cargos administrativos”.

“En definitiva el usuario no deja de pagar porque le gusta ser moroso o por deporte. Cuando deja de pagar un servicio esencial como este es porque no puede, porque ha tenido alguna dificultad, porque se ha quedado sin trabajo, porque ha tenido menos ingresos o por lo que fuere”, planteó.

En este sentido, Parrilli anunció que por sugerencia de la titular de Aysa, Malena Galmarini, se incorporó un párrafo para que en el caso de las grandes empresas se deje la regulación tal como está actualmente, con una tasa de interés pasiva de no más del 50% de la que establece el Banco Nación para depósitos a 30 días.

“Si dejábamos la tasa de interés pasiva para todos los usuarios podía ocurrir que una empresa grande que tiene grandes consumos especulara entre no pagar y las tasas de interés que podrían darle ese beneficio. Le convenía no pagar y pagar luego con mora, y ese dinero invertirlo a lo mejor en un plazo fijo”, explicó Parrilli, miembro informante del oficialismo.

Destacó que la inclusión de ese párrafo le parece “razonable para evitar que haya abusos por parte de empresas”.

Asimismo, “la fecha del primer vencimiento de las facturas de todos los servicios enunciados en el párrafo precedente no podrá ser anterior al día 10 de cada mes”.

“En la mayoría de los casos, los argentinos no cobran sus salarios antes del día 10. De manera que estamos haciendo algo de equidad, de justicia y evitar hacerle pagar al usuario y a la familia argentina algo que no es que no quiere, sino que todavía no tiene los ingresos”, justificó.

Además, el senador kirchnerista indicó que las empresas que en el plazo de 30 días desde la publicación de la ley no adecuen sus facturas a la tasa de interés correspondiente serán sancionadas con multas de 4 a 48 Salarios Mínimo, Vital y Móvil.

“Muchas veces las empresas no cumplen porque las sanciones son muy pocas y les resulta más económico que alguien los sancione pro alguna denuncia y no cumplir las normas con todos los usuarios. Por eso hemos puesto esta disposición”, expresó.

El otro proyecto que tiene como autor a Parrilli tiene que ver con la limitación de las tasas de interés por mora en el pago de tarjetas de crédito.

De acuerdo al legislador oficialista, la idea es “volver a la regulación que quitó” el ex titular del Banco Nación Federico Sturzenegger en 2015, de manera tal de “poner equidad y evitar abusos de posición dominante”.

En este caso, también se impuso en el texto de la norma el día 10 como fecha tope para el primer vencimiento del pago de la cuota de tarjeta de crédito.

A su vez, por sugerencia de la senadora recién asumida Juliana Di Tullio se dispuso que “si la consumidora o usuario particular fuese mujer, la tasa de interés moratoria o punitoria se reducirá en un 10% respecto de la tasa aplicada al restante de los usuarios y consumidores particulares”.

A su turno, la senadora del PRO Laura Rodríguez Machado argumentó en contra de los proyectos aseguró que disfrazados de “buenas intenciones destruyen vastos sectores de la economía”.

“Son proyectos de lobo con piel de cordero. Bajo la supuesta intención de una ayuda a quienes padecen determinadas situaciones terminan liquidando a sectores de la economía”, insistió, y trazó un paralelismo con la medida de prohibición de la exportación de carne.

“Son los sepultureros de los sectores que pretenden defender”, agregó en el mismo sentido.

En un mensaje a los senadores del oficialismo, la cordobesa les pidió que “limiten su aprensión desmedida por la libertad de empresa”.

En medio de su discurso protagonizó una situación graciosa y bastante insólita cuando le pidió a sus pares del Frente de Todos que repitieran con ella sus palabras “como en la escuela”.

“Como en la escuela repitan conmigo: Que hayan empresas es bueno. Las empresas no son malas. Que hayan muchas empresas en la Argentina que den trabajo es una buena decisión  “, indicó Rodríguez Machado.

“No pensemos que las empresas siempre especulan o que no dan trabajo o que generan siempre cuestiones financieras para perjudicar a sus usuarios. Esa mentalidad expuesta en la oratoria del senador Parrilli es falsa”, sentenció, y agregó que “las empresas no son buenas ni malas y hay normas que controlan esta situación”.

La legisladora opositora recordó que “las empresas ya tienen fuertes regulaciones por parte del Gobierno”, y conjeturó que esta “ley de lobo de piel de cordero” tiene fines electoralistas, teniendo en cuenta la proximidad con la fecha de los comicios.

“Estamos en una época electoral y quieren hacer parecer que unos defienden a la producción y otros a la especulación en las acciones de tipo normativo. Pero también es absolutamente falso”, concluyó.

Fuente: Agencia de Noticias NA

Tags: LegislativasmoraPagoSenadoTARIFASTasas
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El presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández, cuestionó con dureza el proyecto de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno nacional y advirtió que la iniciativa fue elaborada sin la participación de los principales actores del entramado productivo, en especial de las pequeñas y medianas empresas.“No participamos de la discusión. Hacer una reforma laboral sin convocar a quienes representamos a más de 600 mil pymes es como querer armar un programa de radio sin que estén quienes trabajan todos los días al aire”, señaló Fernández en declaraciones radiales. Según explicó, las pymes concentran entre el 75 y el 80% del empleo registrado del país, por lo que su exclusión del debate “no es un dato menor”.
El Gobierno nacional anunció la reglamentación para la habilitación de estaciones de servicio móviles, una modalidad pensada para garantizar el acceso al combustible en zonas alejadas o localidades donde las estaciones fijas dejaron de operar o se encuentran en mal estado. Desde el sector empresario, el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio del Nordeste (CESANE), Faruk Jalaf, valoró la medida aunque advirtió sobre los desafíos económicos y operativos que implica.“En realidad es una medida que ya estaba, lo único que se ha hecho ahora es reglamentarla”, explicó Jalaf, al tiempo que destacó que la normativa aporta un marco de seguridad tanto para proveedores como para consumidores. Según indicó, “la reglamentación busca que haya garantías, que no exista riesgo de accidentes, de traslados inseguros o de robo de combustible, porque estas estaciones van a estar en zonas más aisladas”.
El debate nacional por la reforma laboral que impulsa el Gobierno volvió a encender la polémica en torno a la posible eliminación de la matrícula profesional y la colegiación obligatoria. El tema, que forma parte de un proyecto amplio que comenzará a ser tratado en el Senado, generó preocupación en distintos sectores profesionales. Sin embargo, desde Misiones llevaron tranquilidad y marcaron límites claros a cualquier intento de modificación desde la Nación.Juan Manuel Fouce, presidente de la Federación de Consejos y Colegios Profesionales de Misiones, explicó que la regulación del ejercicio profesional es una facultad que no fue delegada por las provincias al Estado nacional. “Hay facultades que no están delegadas de las provincias a la Nación. Dentro de esas facultades está la de regular las profesiones”, afirmó.
El padre Alberto Barros, párroco de Sagrada Familia y vicepresidente de Cáritas Diocesana de Posadas, expresó su preocupación por el impacto social de la crisis económica y por el “clima de soledad e indiferencia” que, según afirmó, se expande en el país. Desde su rol pastoral y social, describió un escenario “cada vez más duro” para miles de familias misioneras.“Lo que estamos viendo es un empobrecimiento generalizado. Mucha gente de clase media que nunca se acercó a una parroquia hoy pide alimentos o medicamentos.”
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