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Presentarán un pedido de juicio político a Alberto Fernández

13 agosto, 2021
La polémica foto del cumpleaños de la primera dama en julio de 2020, durante la plena restricción de la cuarentena. Foto NA.

Una fotografía de Alberto Fernández junto a la primera dama Fabiola Yañez y un grupo de amigos en la Quinta de Olivos durante la cuarentena estricta del año pasado generó hoy una fuerte polémica y un grupo de diputados de Juntos por el Cambio presentará mañana un pedido de juicio político contra el presidente.

El proyecto de resolución, en el cual se acusa al jefe de Estado de “mal desempeño y eventual comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en el ejercicio de sus funciones” lleva las firmas de los diputados Jorge Enríquez, Waldo Wolff, Luis Petri, Gabriela Lena, Gonzalo del Cerro, David Schelerth, Pablo Torello, Fernando Iglesias, Francisco Sánchez, Adriana Cáceres, José Luis Patiño y Héctor Stefani.

En la fotografía filtrada, que data del cumpleaños de Yañez del 14 de julio del año pasado -cuando la primera ola se acercaba a su pico- la pareja presidencial posa sin barbijo junto a una decena de comensales alrededor de una larga mesa, sin respetar la distancia mínima obligatoria entre ellos, de acuerdo a lo dictado por el decreto que se encontraba vigente.

 

Qué dice el proyecto 

“El artículo 53 de la Constitución Nacional otorga a esta Cámara la facultad de acusar ante el Senado al Presidente de la Nación por mal desempeño o por la comisión de un delito en el ejercicio de sus funciones”, señala el proyecto presentado por los diputados opositores.

“Es en ejercicio de esta facultad que vengo a proponer a este cuerpo el inicio del proceso institucional de juicio político contra el Presidente de la Nación Argentina, doctor Alberto Ángel Fernández, por las causales de mal desempeño en la gestión de la pandemia que ahora se suma a la comisión de un delito común, pero de extrema sensibilidad para todos los argentinos, de violación de las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la propagación de una epidemia según lo establecido en el artículo 205 del Código Penal”, agrega.

“Acaba de exponerse ante la opinión pública la situación de que mientras se exigía a la población una cuarentena estricta durante el año 2020, con prohibición de reuniones familiares de todo tipo, inclusive de velorios, el Presidente de la Nación y la Primera Dama celebraban cumpleaños y recibían gente de manera presencial en la residencia presidencial de Olivos, violando nuevamente las restricciones impuestas por la pandemia”, resaltan los legisladores de Juntos por el Cambio en el proyecto.

“Por todo lo expuesto, considero configurada la causal de mal desempeño que habilita la apertura del procedimiento en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación a efectos de investigar los hechos denunciados y, en su caso, avanzar con el proceso de destitución”, concluyen.

“La gota que rebalsó el vaso” 

El jefe del interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio, Mario Negri, también adelantó que estaba trabajando en un pedido de juicio político contra Fernández. “Yo no soy francotirador que pide juicios políticos todos los días. Por eso he analizado esto con cuidado. Hoy vemos que la gota rebalsó el vaso”, anticipó el dirigente radical.

“Se ha deshonrado al país. Si un presidente no peronista hacía todo esto lo estarían rajando”, finalizó.

La imagen del cumpleaños, viralizada en redes sociales con repercusiones muy negativas entre los usuarios, generó conmoción en la Casa Rosada, que más temprano había desmentido la veracidad de otra foto en la que aparecen Fernández, Yañez y la modelo Sofía Pacchi, colaboradora de la primera dama. La nueva foto, que desató el escándalo, habría sido sacada por el empresario taiwanés Chien Chia Hong (pareja de Pacchi y presunto comensal número trece de la cena en Olivos).

El artículo 9 del decreto 605 que extendió el Aislamiento Preventivo Social Obligatorio (ASPO) establecía como actividades prohibidas “la realización de eventos en espacios públicos o privados, sociales, culturales, recreativos, religiosos y de cualquier otra índole con concurrencia mayor a DIEZ (10) personas”. Pero además, el artículo 11 prorrogaba el ASPO “desde el día 1° de julio hasta el día 17 de julio de 2020 inclusive” y en el artículo 18 se hacía referencia a la prohibición para circular en horarios nocturnos.

“El Gobierno nacional ha dado bofetadas morales a los argentinos haciendo uso de privilegios inaceptables en medio de la pandemia y de la cuarentena más estricta que el propio Ejecutivo dictó a través de una larga lista de decretos de necesidad y urgencia. Estas normas eran aplicables a todos los ciudadanos, sin excepciones. Expresamente se prohibió celebraciones familiares y con amigos para evitar la transmisión comunitaria del virus del Covid-19″, recordó Negri.

 

Fuente: Agencia Noticias Argentinas.

Tags: Alberto FernándezCongreso de la NaciónEscándaloFabiola YañezIncumplimientoJuicio PolíticoJuntos por el Cambio
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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