Un hombre de 55 años sufrió lesiones en su mano derecha y pierna izquierda tras haber sido atacado por un perro. El hecho se registró este martes en el barrio Villa Alta de Puerto Iguazú y se trataría de un pitbull que pertenece a una vecina de 68 años. El hombre tiene un tiempo de curación de 10 días.
Además, en la misma zona, pero el lunes por la noche, se registró un disturbio que tuvo como protagonistas a dos vecinos, debido que un can -de la raza antes nombrada- “se habría escapado” y eso derivó en una discusión. Según las fuentes oficiales, el dueño del animal “se comprometió a que no se volvería a escapar la mascota”.
Si bien en Iguazú está en vigencia, desde 2017, la ordenanza general de protección y de tenencia responsable de animales domésticos, desde las protectoras de animales aseguraron que no se da cumplimiento a la norma.
Mariela Alvarez, de la Asociación Patas a la Obra, señaló a PRIMERA EDICIÓN que “tratamos de concientizar a los vecinos porque hay mucha desinformación”.
En cuanto a la preocupación por los perros potencialmente peligrosos, dijo que “se registraron varios ataques en estos últimos tiempos. Muchos (vecinos) se comunican con nosotros para pedirnos asesoramiento y les explicamos los pasos que deben seguir”. Agregó que “muchas veces no hacen la denuncia y esto es por desconocimiento”.
Recordó que “la vez pasada una vecina del barrio Santa Rosa hizo una denuncia por el ataque de un pitbull. En ese hecho intervino el Juzgado de Faltas y exigió a los dueños determinadas condiciones para tener a dicho perro”.
La ordenanza entiende en su articulado a perros potencialmente peligrosos “a todos los animales que por su carácter agresivo, tamaño o peso mayor a 20 kilos, o potencia de mandíbula tengan la capacidad de causar lesiones graves o incluso la muerte de personas”. Entre las razas están: pitbull, dogo y otras.
En cuanto a la situación de los animales, Alvarez expuso que “cada vez es peor porque no hay un control de superpoblación y el departamento de Zoonosis no está activo, ya hace un año que no está trabajando y no se realizan castraciones. Hay una ausencia estatal absoluta. La ordenanza es modelo, pero el problema es que no tiene aplicación”, remató.
