Luego de la sequía histórica de 2020, el Paraná está registrando este año una nueva bajante extraordinaria, ocasionada fundamentalmente por las sequías del sur de Brasil, fenómeno asociado a la crisis climática y forestal regional/global de origen antrópico. Desde la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) se anunció oficialmente el fin del fenómeno de La Niña (caracterizada por tener temperaturas frías y perdurables), con un 67% de probabilidad de que las condiciones neutrales continúen durante el invierno. El problema es que el mismo pronóstico muestra que La Niña podría volver a estar presente sobre finales del 2021 e inicios del 2022.
En este contexto, la Asociación de Abogados Ambientalistas de la Argentina denunció que la empresa belga “Jan de Nul”, que sigue operando en el río Paraná gracias a una nueva prórroga del contrato por el mantenimiento de la llamada Hidrovía, está realizando un sobredragado de dos pies (50 centímetros) en el curso de agua atendiendo a las necesidades de navegación de los buques de gran calado en medio de la bajante pero poniendo en riesgo el ecosistema de la cuenca.
Los abogados señalan que la compañía belga, encargada desde la concesión de la década del 90 del dragado del Paraná, “está redoblando sus esfuerzos y llevando adelante las tareas para compensar el bajo nivel del río en el menor plazo posible con el fin de aminorar el impacto de este fenómeno y facilitar el tránsito fluvial”.
La Dra. Adriana Anzolín, de la Asociación Socio Ambiental de Campana (ASAC), señaló que “el sobredragado es un ‘crimen ambiental’ porque compromete seriamente el futuro del Paraná, que ya sufrió una bajante extraordinaria con la sequía en 2020, y encima ahora se lo castiga con el sobredragado”.
Asimismo, la Asociación de Abogados Ambientalista recuerda que hay estudios científicos que “advierten sobre los riesgos y consecuencias socioambientales en las tareas de dragado y sobredragado“.
Al respecto, en diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones,el abogado ambientalista Lucas Micheloud manifestó que “las tareas de dragado de por sí ya generan impactos ambientales; si esto lo trasladamos sobredragado, que implica la remoción de los bancos de arena, el rasuramiento del fondo de la cuenca, la resuspensión de partículas que se van haciendo con ese refulado, todo eso puede afectar seriamente la calidad del agua. Necesitamos tener un agua saludable porque todas las áreas metropolitanas y también rurales se abastecen” de ella.
Además hay “una afectación directa con la fauna ictícola la que puede verse perjudicada porque se pierde no solamente la calidad del agua sino también la oxigenación de la misma. En fin, hay un montón de efectos, por ejemplo cómo impacta también en el sistema de humedales. Por ejemplo, hace apenas dos o tres días se llevó gran parte de una de las islas que están frente a la ciudad de Baigorria, junto a Rosario, producto de la bajante, por la falta de presión del agua”.
El letrado remarcó que las soluciones que se están dando desde el sector agroportuario, muy enlazado con la idea de producción y reducción de costos logísticos “está totalmente desambientalizada, no están considerando la crisis climática que estamos atravesando y la verdad es que observamos con mucha preocupación que la única narrativa que tengamos es la de una empresa privada que se jacta de tener cinco dragas en este momento profundizando el canal de navegación como ellos le dicen al sector. Para nosotros es el cauce principal de la cuenca más importante que tiene nuestro país”
Micheloud comentó además que pidieron a la cartera de Transporte que informe debidamente si se ha realizado una evaluación de impacto ambiental y una evaluación estratégica ambiental y al Ministerio de Ambiente si tiene conocimiento de esta licitación y cuál ha sido su intervención al respecto. Asimismo, si hubo autorización o habilitación de las acciones de sobredragado y cuáles serían los tramos a intervenir. También si se realizaron los estudios técnicos y ambientales ordenados por la legislación ambiental, y si hubo autorizaciones previas emitidas por los organismos ambientales provinciales, sin embargo no han tenido respuestas de ninguna de las carteras aún.
“Lo que pedimos es que se detengan estas tareas hasta que se evalúen las condiciones ambientales”, agregó.
Al ser consultado acerca de si hay posibilidad de recurrir a la Justicia para frenar los trabajos hasta que haya claridad, Micheloud dijo que “es una posibilidad que estamos evaluando en este momento, inclusive la incorporación de otros organismos estatales como el PIECAS” (Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná), acuerdo interjurisdiccional entre Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y el Gobierno nacional para gestionar el ecosistema compartido de los humedales del delta del Paraná, creado en el año 2008, para un análisis, intervención y resolución en cuanto a los impactos ambientales y sociales del sobredragado denunciado, que afecta el cauce principal del Paraná y canales complementarios de su curso inferior y medio.
“Estamos pensando también en correr vista a la Defensoría del Pueblo por los hechos de incidencia colectiva que están afectados, estamos hablando fundamentalmente del agua. Hay muchísimas cuestiones pero en el fondo lo que estamos buscando es que todo este proceso en general de la Hidrovía, no solamente el sobredragado de este tiempo sea trasladado en la conformación de un comité de cuencas que lo establece con mucha claridad la ley 25.688 que es la ley de agua, por lo tanto la posibilidad judicial siempre está presente, pero queremos agotar previamente instancias de diálogo social y político con el Ministerio de Transporte y Ambiente e involucrando a otros organismos estatales”.
Ante la teoría del Gobierno nacional de que Brasil ha cerrado sus represas para no quedarse sin agua y para producir energía porque también está atravesando una sequía histórica, y la incógnita de qué se puede desde el punto de vista del derecho internacional para el vecino país libere caudal, Micheloud dijo que “ese es un tema muy importante porque el río Paraná precisamente no es un río libre, no es un río que tenga libertad. Parece una contradicción pero tiene más de 50 represas río arriba, sobre todo en el sector de Brasil. Obviamente esto es un problema cuando es un recurso hídrico compartido por varios países, por lo menos cinco. Hay que recuperar el diálogo social, político y diplomático, quizás la recuperación del Mercosur con una reconfiguración ecológica sea una salida, a instancias del diseño en la nueva gobernanza del río en períodos de bajante que se van a consolidar como un fenómeno cada vez más normal. No es una tarea sencilla porque no existe normativa clara. Hablamos que el sobredragado es un crimen ambiental pero no tenemos delitos ambientales en la Argentina, tenemos solamente algunos capítulos más relacionados a cuestiones de salud pública, lo que no es menor, pero esto implica reconfigurar también otras instancias”.
