OPINIÓN: Por: Hernán de Goñi (Publicado en Cronista.com).
Si hay un factor que los empresarios le reconocen al equipo de Alberto Fernández, es que siempre se ha manifestado abierto al diálogo. Hay algunas excepciones, claro, como lo atestiguan las entidades rurales que conforman la Mesa de Enlace. Ahora, los resultados que se extraen de ese diálogo son un tema muy distinto.
En muchos casos, a los representantes del sector privado que tratan de exponer sus puntos de vista sobre un problema determinado, les cuesta percibir capacidad de respuesta en sus interlocutores. Los temas se hablan, se identifican y a nivel técnico las trabas o los inconvenientes que generan son entendidos. Pero tal como lo describen empresarios de distintos sectores, todo ese intercambio suele terminar en callejón que podría resumirse en la frase “en un par de semanas lo volvemos a ver”.
En 2020 la discusión que asomaba con más frecuencia estaba asociada a la falta de dólares, algo que complicaba a todas las empresas que tenían que pagar servicios al exterior o traer insumos para sus productos. Este año todas las pulseadas tienen que ver con la inflación, lo que en términos corporativos significa una discusión circular que atraviesa los costos, los precios de venta, el abastecimiento y la rentabilidad.
El Gobierno apeló a una receta que nunca tuvo una aplicación exitosa, por la sencilla razón de que no se pueden controlar los precios y las cantidades de manera simultánea. El Ejecutivo ha autorizado aumentos de precios mínimos, de productos cuyo costo de fabricación se multiplicó. Y al mismo tiempo le pide a los industriales que funcionen al máximo de su capacidad (o hasta llenar todas las góndolas de los comercios minoristas, digamos) sin importar si eso les crea un perjuicio en su balance.
El CEO de una gran empresa, obligado por la coyuntura a interactuar con funcionarios de todos los niveles e incluso de áreas diferentes, tiene esta sensación: “En un momento te prestaban atención cuando vos les decías que con el esquema que ellos piden la empresa pierde plata y producir deja de tener sentido. Pero ahora ni siquiera eso les importa, porque creen que a su manera todos los empresarios engañan al Estado, facturando en negro o haciendo negocios financieros con la plata”.
El debate de los empresarios con el poder político tarde o temprano entra en el terreno del huevo o la gallina. El Gobierno los acusa de elusión fiscal, y los hombres de negocios se quejan de la presión tributaria récord de la Argentina. Bajar impuestos sobre las ventas o los costos bajaría precios, pero la actual administración solo tiene planes para subirlos.
Sus responsables creen que la política puede darle órdenes a la economía y pedirle incluso a las empresas que ignoren sus leyes. Lo que no han demostrado (ni podrán hacerlo) es que este sistema funcione.
