La causa por “administración fraudulenta y malversación de capitales públicos” que el Gobierno impulsará contra funcionarios de la administración anterior y, eventualmente, contra algún exresponsable del Fondo Monetario Internacional (FMI); demandaría no menos de 5 años en tener conclusiones judiciales.
Mientras tanto, las negociaciones con el organismo que hoy maneja Kristalina Georgieva para un acuerdo del tipo Facilidades Extendidas, no podría extenderse más allá de octubre de este año; y siempre que desde la sede de Washington se esté de acuerdo en esa prórroga.
En conclusión, la historia de la operación judicial y la financiera irán por caminos o autopistas separadas; y una no tendrá influencia sobre la otra. Y el resultado de ambas investigaciones (la judicial local y la interna del FMI), no influirán en el destino del acuerdo que el Ministerio de Economía discute con el organismo financiero internacional.
El tránsito que tiene pensado el gobierno de Alberto Fernández sobre la megacausa por “manejo fraudulento de la deuda externa durante la gestión de Mauricio Macri” comenzó el mismo lunes, a horas del mensaje presidencial ante la Asamblea Legislativa.
Por la tarde de ese día el Banco Central de la República Argentina (BCRA) inició los trámites correspondientes al pedirle a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y a la Oficina Anticorrupción (OA), que tomen en cuenta la información incluida en un informe elaborado a comienzos del 2020 sobre “Mercado de Cambios, Deuda y Formación de los Activos Externos 2015-2019” y en “las actuaciones administrativas referenciadas” en diferentes expedientes “referidos a junio de 2020” y que embisten contra la manera en que la entidad que hoy maneja Miguel Pesce trató y autorizó operaciones de cambio durante la gestión de Mauricio Macri.
Se supone que la SIGEN y la OA trabajarán a destajo para actualizar ambos capítulos de investigación; y, luego, con las conclusiones sobre la mesa, el BCRA le presentará a Alberto Fernández las pruebas que formalicen las acusaciones.
Los acusados serán los siguientes: el expresidente Mauricio Macri, el exministro de Economía y Finanzas, Nicolás Dujovne, el expresidente del BCRA Luis Caputo y su sucesor Guido Sandleris.
Eventualmente, y dependiendo de lo que arroje el informe que elabore el FMI, podrían incorporarse a la causa la exdirectora gerenta del Fondo Monetario, Christine Lagarde y el actual director gerente para el Hemisferio Occidental, Alejandro Werner.
Los hechos que el gobierno de Alberto Fernández investigará son tres. El primero son los lapsos que transcurren entre mayo y junio de 2019 y julio y septiembre de ese año; cuando se negociaron los términos de los dos Stand By. El primero caído a sólo dos meses de vigencia, y el segundo el que llega a estos días y que completa los u$s44.800 millones que se le deben al FMI; de un total de u$s55.450 millones generales que el organismo se comprometió a enviar a la Argentina. La sospecha oficial es que Mauricio Macri impulsó estos acuerdos a sabiendas (especialmente el primero), que eran de imposible cumplimiento en el tiempo; generando un nivel de pasivos financieros que hoy deben ser renegociados con el FMI.
El segundo hecho que investigará el oficialismo, será la decisión de Mauricio Macri de no enviar ambos acuerdos al Congreso Nacional.
Finalmente, la tercera acusación será la más importante. Implica la autorización del FMI de violentar el artículo VI del Acta Constitutiva del organismo cuyo primer párrafo dispone que “ningún miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital”. Concretamente, en mayo de 2019 y por presiones directas del entonces presidente de los Estados Unidos Donald Trump, Lagarde avaló violentar ese artículo IV y autorizar que Mauricio Macri utilice unos u$s9.000 millones para ejecutar política cambiaria.
Dicho de otra manera, vender dólares para aumentar la oferta y así controlar el valor del dólar; con la intención confesa de ayudar al argentino en su intento de reelección.
