El proyecto de ley que sube el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias traerá un alivio significativo a una franja de trabajadores que verán incrementado su poder adquisitivo, pero esa mejora será a costa no solo del Estado nacional sin principalmente de las provincias, que aportarán el 57% de los recursos resignados.
Ese costo fiscal se estima entre $23.058 millones y $34.587 millones, de acuerdo con la consultora Aerarium, en un informe en el que, además, detalla cuánto de esas sumas le corresponderá a cada uno de los 24 distritos.
El Proyecto de ley sube el piso a partir del cual tributarían los contribuyentes de Cuarta Categoría (empleados en relación de dependencia y jubilados) a $150.000 brutos mensuales, exceptuando del cálculo las horas extras y el aguinaldo.
Esa elevación del mínimo no imponible “resultaría en un costo fiscal de $40.000 millones”, que, al ser un impuesto coparticipable “se distribuiría entre Nación, Provincias y Municipios”, precisó la consultora.
Esa coparticipación suele generar una tensión entre trabajadores, jubilados y consumidores por un lado y los gobiernos provinciales por el otro, como ya ha ocurrido en otros momentos, como en 2019, cuando las provincias reclamaron ante la Corte Suprema por la supresión del IVA a trece alimentos básicos, o más allá en el tiempo en 1992, cuando se destinó el 15% de la masa coparticipable para financiar al sistema previsional.
Por otra parte, el proyecto faculta al Poder Ejecutivo a incrementar la deducción especial para los sujetos cuya remuneración mensual supere los $150.000 pero no exceda los $173.000.
“Dado que la mayor cantidad de contribuyentes se encuentran en la franja de entre $150.000 y $180.000, estimamos que, si el Poder Ejecutivo hace uso de la facultad delegada, el impacto en la recaudación se incrementaría a $60.000 millones”, un 50% más que los $40.000 millones originales.
Con los dos escenarios planteados, teniendo en cuenta que las provincias aportan el 57% del total, el costo fiscal de los 24 distritos subnacionales se ubicaría entre $23.057 y $34.587 millones.
Los directores de Aerarium fueron dos colaboradores directos del ex ministro del Interior, Rogelio Frigerio, durante la Presidencia de Mauricio Macri: el ex subsecretario de Relaciones con Provincias, Paulino Caballero, y el ex director nacional de Relaciones Fiscales con las Provincias, Guillermo Giussi.
Como tales, participaron de la elaboración del Consenso Fiscal de 2017 que estableció una compensación a las provincias por el perjuicio que les ocasionó las modificaciones a la distribución de la recaudación de los impuestos a las Ganancias y al Cheque.
Con ese antecedente, Caballero y Giussi sugirieron que “una alternativa” que podrían instrumentar las provincias en esta oportunidad podría ser, precisamente, “reclamar la compensación de la pérdida de recursos a través de una asignación equivalente de Aportes del Tesoro Nacional”.
Al respecto, recordaron que “hacia fines de 2016, el Gobierno Nacional aprobó un Proyecto de Ley del entonces oficialismo, el cual también subía el piso a partir del cual comenzarían a pagar los contribuyentes de Ganancias”.
“Ante la pérdida de recursos que afrontarían, los mandatarios provinciales solicitaron al Gobierno Federal una compensación por los recursos resignados”, señalaron, al tiempo que indicaron que a modo de compensación “desde el Gobierno Nacional se tomó la decisión de transferir el 33% del 2% de la asignación específica que tenía el Impuesto a las Ganancias con destino al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional”.
Fuente: Agencia de Noticias NA
