Mucho se habla de la ética en el ejercicio de la función pública cuando nos encontramos con funcionarios que se muestran muy lejos del decoro y la transparencia. Los casos que se conocieron en el Consejo General de Educación (que trascendieron gracias a personas que se animaron a contarlos), muestran que en los organismos de la Constitución habría que elegir con mayor severidad a las personas para los cargos.
De hecho, el presidente del CGE debe ir a audiencia pública y de antecedentes y oposición para ser elegido. Pero los directores que se designan por decreto, no están obligados al mismo trámite.
En manos de esos directores de enseñanza es donde realmente se administra el día a día de las escuelas y de los 27 mil docentes que componen el sistema provincial.
Los educadores, cuando no se amañaba el Estatuto a gusto de los sindicalistas más cercanos a los gobiernos de turno, también iban a un concurso público, para conseguir la titularidad de los cargos. Parece que fue hace mucho, tal vez porque se volvió demasiado discrecional a quién “premiar” con un cargo por su afinidad gremial o política antes que por su buen nombre y antecedentes que lo legitimen para el nombramiento.
No hacen falta más leyes para que existan mecanismos más transparentes. Hace falta una decisión política de poner sobre la mesa errores y virtudes de las personas, para saber a quién confiarle la “cosa pública”.
Hay miles de misioneros y misioneras que forjan día a día ese buen nombre y antecedentes de formación y experiencia, pero no tienen la “cuña” para llegar a espacios decisorios.
En esos acomodos habrá personas -de esas sin “padrinos”- que se verán perjudicadas y obligadas a pelearla administrativa y judicialmente. Un problema sin sentido a raíz que, los que tienen el poder de decisión, moldean las normas a su mejor beneficio.
Se está a tiempo de modificar estos pésimos antecedentes. Y no volver a cometer los mismos errores.
