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Biden redobla esfuerzos para desmantelar las políticas inmigratorias de Trump

2 febrero, 2021
Joe Biden - Estados Unidos

Joe Biden - Estados Unidos

Con otros dos decretos sobre seguridad fronteriza e inmigración legal, Biden elevará a nueve el número de órdenes ejecutivas en materia de inmigración firmadas durante sus primeras dos semanas en el cargo, adelantaron funcionarios a la prensa.

Como en los otros casos, las medidas buscan revertir muchas de las polémicas políticas de su predecesor republicano Donald Trump para desalentar la inmigración, tanto ilegal como legal.

En cumplimiento de sus promesas de campaña, un decreto apuntará a reunir a las familias de migrantes separadas por la política de “tolerancia cero” instaurada por Trump en 2018 en la frontera con México, que afectó mayoritariamente a centroamericanos.

“Fue un fracaso moral y una vergüenza nacional que el Gobierno anterior usara la separación familiar como un arma contra familias y niños desesperados”, dijo un funcionario a periodistas, informó la agencia de noticias AFP.

El decreto creará un grupo de trabajo encargado de identificar a cientos de menores que aún hoy permanecen apartados de sus padres, al menos unos 600 según demandas judiciales presentadas el año pasado.

El grupo de trabajo propondrá luego soluciones para el reencuentro, dijeron funcionarios, sin especificar si esto podría incluir el regreso a territorio estadounidense de los adultos deportados.

Se hará “una evaluación individual de los factores para cada familia“, señalaron.

Biden prevé firmar también un decreto para atender las razones que impulsan la migración irregular a Estados Unidos.

“El presidente Trump estaba tan concentrado en el muro (con México) que no hizo nada para abordar la causa fundamental de por qué la gente llega a nuestra frontera sur”, dijo otro de los funcionarios a la prensa en anticipación de la firma de los decretos.

Biden pedirá revisar los Protocolos de Protección al Migrante (MPP en inglés), más conocidos como “Quédate en México”, por el cual los solicitantes de asilo en Estados Unidos deben esperar la resolución de sus casos en territorio mexicano.

Desde enero de 2019, cuando se empezó a implementar, hasta diciembre de 2020, al menos 70.000 personas habían sido devueltas a México bajo los MPP, según datos de la ONG American Immigration Council.

El cumplimiento de estos decretos competerá en gran parte al Departamento de Seguridad Interior (DHS).

Para encabezarlo, Biden propuso a Alejandro Mayorkas, un abogado nacido en Cuba en 1959 y llegado de muy pequeño a Estados Unidos con su familia.El Senado debe pronunciarse hoy sobre esta designación.

El tercer decreto pedirá al Gobierno que “agilice” la naturalización de unos nueve millones de immigrantes.

Este decreto pedirá a los departamentos de Estado, Justicia y Seguridad Interior “una revisión del proceso de naturalización para agilizarlo y hacerlo más accesible a los más de nueve millones de inmigrantes que actualmente son aptos” para solicitar la ciudadanía.

Biden también solicitará que se revise la llamada “regla de carga pública” creada en agosto de 2019 por el Gobierno de Trump para denegar la tarjeta de residencia permanente (“green card”), o la ciudadanía, a quienes reciben asistencia social.

En uno de sus primeros actos de Gobierno el 20 de enero, Biden envió al Congreso un proyecto de ley para legalizar a unos 11 millones de extranjeros sin papeles que residen en Estados Unidos, más de la mitad de ellos mexicanos y centroamericanos.

El mismo día en que asumió, el presidente demócrata firmó varios decretos para, entre otras cosas, frenar la construcción del muro fronterizo con México y preservar un programa que protege de la deportación a los inmigrantes ilegales llegados al país de niños, los llamados “soñadores”.

Fuente: Agencia de Noticias Télam

Tags: DecretosEEUUJoe BidenMigración
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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