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Quiénes son los diputados que arriesgan su banca este año

30 enero, 2021

Si bien en medio de la bruma de la pandemia de coronavirus se hace difícil visualizar el escenario electoral, hay algunas certezas que se pueden saber desde ahora, como por ejemplo los diputados que terminan sus mandatos y, en caso de no quedar en las listas y no ser reelectos, perderán sus bancas en la Cámara baja.

En ese listado hay nombres rutilantes como Leopoldo Moreau en el kirchnerismo, Fernando Iglesias del macrismo, Luis Petri del radicalismo y Nicolás del Caño en la izquierda.

Hay otros que tal vez no tengan tanto cartel, pero que en la dinámica interna de la Cámara baja tuvieron un papel destacado y muy reconocido por sus pares, como Luciano Laspina (PRO), quien supo ser presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda durante los años de Cambiemos en el poder.

El santafesino sigue siendo la espada económica más importante de Juntos por el Cambio en la Cámara baja, en una función análoga a la que desempeña su sucesor como presidente de la comisión, Carlos Heller, quien también pone en juego su banca en este 2021.

La presidenta de la comisión de Finanzas, Fernanda Vallejos, quien desde que fue elegida candidata de Unidad Ciudadana en 2017 por Cristina Kirchner protagonizó varias polémicas, también se encuentra en la misma situación y podría salir del Congreso si no logra ubicarse en la lista de este año.

Del ámbito de Salud exponen sus bancas dos pesos pesados: por el Frente de Todos el tucumano Pablo Yedlin, titular de la comisión de Acción Social y Salud Pública; y por el PRO Carmen Polledo, actual vice de la comisión y anterior presidenta del cuerpo.

Yedlin, quien trabajó para la aprobación de la ley de aborto legal y otras normas importantes de perfil sanitario, siempre suena como rueda de recambio en el caso de que el Gobierno quiera oxigenar el Ministerio de Salud con la salida de Ginés González García. Pudo complementarse bien en la comisión con Polledo, pese a que la macrista estuvo en contra del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo.

En el oficialismo habría otras pérdidas sensibles, si es que no renuevan sus bancas: es el caso del presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Hugo Yasky, y de la titular de la bicameral de Comunicación Audiovisual, Gabriela Cerruti.

El presidente de la comisión de Telecomunicaciones e Informática, Pablo Carro, también podría correr la misma suerte si no logra posicionarse en la interna cordobesa para renovar su banca.

En la lista de vencimiento de mandato aparecen varias mujeres como la porteña Gisela Marziotta, la entrerriana Carolina Gaillard, la massista Mirta Tundis, las kirchneristas Vanesa Siley y Mónica Macha, y la salteña Alcira Figueroa, quien completará este año el mandato que dejó vacante Juan Emilio Ameri, quien renunció tras ser suspendido por manosear a una mujer en plena sesión de Diputados.

Otro es el massista Ignacio de Mendiguren, aunque en el caso del “Vasco” durante todo 2020 no ocupó su banca, ya que se tomó licencia para asumir en el BICE.

En el PRO la referente de Confianza Pública Graciela Ocaña podría perder su espacio en el Congreso si no logra negociar su continuidad en la interna porteña de Juntos por el Cambio, y el ex árbitro de fútbol cordobés Héctor Baldassi también se encuentra en la misma encrucijada.

La lista de fin de mandato en la UCR es larga: la cordobesa Brenda Austin fue una de las militantes más activas de la ley de aborto y también se destaca por ser una enérgica impulsora de la agenda medioambiental.

La chaqueña Aída Ayala, procesada por lavado de dinero, dejaría su banca, mientras que pugnan por lugares en las listas el tucumano José Cano y la jujeña Gabriela Burgos, quien responde al gobernador de su provincia, Gerardo Morales.

Otros diputados radicales que arriesgan bancas son el entrerriano Atilio Benedetti, el santafesino Albor Cantard, los porteños Facundo Suárez Lastra, Álvaro de Lamadrid y Carla Carrizo (ésta última del espacio de Martín Lousteau), el chubutense Gustavo Menna, el cordobés Diego Mestre, la mendocina Claudia Najul, el puntano José Luis Riccardo y el misionero Luis Pastori.

La Coalición Cívica, la fuerza que lidera Elisa Carrió, expondrá la mitad de sus 14 bancas, entre las cuales se destacan las de Juan Manuel López, Marcela Campagnoli, Héctor “Toty” Flores y Paula Oliveto Lago.

El resto de los espacios que no entran dentro de la lógica de la polarización del Frente de Todos y Juntos por el Cambio se juegan también cosas en las próximas elecciones.

El Frente de Izquierda, por ejemplo, arriesga sus dos únicas bancas, la de Del Caño y la de Juan Carlos Giordano, mientras que el interbloque Unidad Federal para el Desarrollo pone en juego cuatro de sus seis escaños, empezando por su presidente, el extravagante mendocino José Luis Ramón.

El interbloque Federal, en tanto, renueva siete de sus 11 bancas, incluida la del jefe de la bancada, el justicialista bonaerense Eduardo “Bali” Bucca, y la de los cordobeses Paulo Cassinerio, Alejandra Vigo y Claudia Márquez, que responden al gobernador Juan Schiaretti.

  Fuente: Agencia de Noticias Télam

Tags: 2021diputadosEleccionesLegislativas
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Este sábado 7 de febrero a las 20.30 se presentará en la ciudad la obra “La vida terrenal”, un exquisito monólogo escrito por el dramaturgo contemporáneo Santiago Loza, con dirección de Williams Sery y la actuación protagónica de Fanny Carolina Duarte. La función tendrá lugar en el espacio Río Mío, ubicado en Belgrano 1771, en pleno centro.
En diálogo previo al estreno, Williams Sery —director y actor— contó detalles de la propuesta y destacó la potencia del texto y del trabajo actoral. “Este sábado nos presentamos con La vida terrenal, una obra escrita por Santiago Loza, un autor de muchos monólogos que son muy, muy buenos e interesantes. Ya había tenido la oportunidad de hacer otro texto suyo y ahora venimos con esta historia tan particular”, señaló.
Tras una audiencia realizada  en el Ministerio de Trabajo de la provincia, el gremio UTICRA llevó tranquilidad a los trabajadores de la planta DASS de Eldorado  al confirmarse, por escrito, la continuidad laboral al menos durante el primer semestre del año. Así lo informó Gustavo Melgarejo, delegado sindical, luego de la reunión mantenida con representantes de la empresa.“El eje central de esta audiencia fue conocer precisiones sobre la situación de la planta y de los trabajadores. Tocamos los puntos clave que ya habíamos planteado en asamblea frente a los compañeros”, explicó Melgarejo.Uno de los reclamos principales del sindicato fue la reincorporación de los empleados despedidos. Sin embargo, desde la empresa señalaron que actualmente no cuentan con pedidos suficientes para justificar esas reincorporaciones. “La empresa dejó en claro que hoy no tiene pedidos para esa gente, por lo que queda muy difícil la reincorporación en este momento. De todas maneras, no descartan volver a llamarlos si se levanta la actividad”, indicó el delegado de UTICRA.
La discusión pública sobre la baja en la edad de imputabilidad penal de los adolescentes volvió a instalarse con fuerza en el inicio de este año, a partir de una serie de crímenes que conmocionaron a la sociedad. Entre ellos, el caso del adolescente de 15 años de Santa Fe, Jeremías Monzón, además de otros dos hechos de extrema violencia, funcionaron como detonante para que el Gobierno nacional anunciara la inclusión de una nueva Ley Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso de la Nación.En este contexto, distintos sectores comenzaron a expresar su postura. Uno de ellos fue la Iglesia Católica, que a través de un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó su preocupación ante la propuesta de reducir la edad de imputabilidad penal.Sobre este posicionamiento, el sacerdote de la Iglesia San Benito, Daniel Pesce, señaló a Primera Plana  que “es preocupante que la única respuesta que proponga el Estado nacional sea justamente la baja de la edad de la imputabilidad”, y advirtió que de ese modo “se achica totalmente la discusión y no se mira la problemática profunda que existe”.“El problema se aborda cuando ya está ejecutado el delito, pero creemos que es necesario que el Estado se preocupe por prevenir el acceso de los menores al mundo del delito, con políticas integrales”, sostuvo el sacerdote, en línea con lo expresado por los obispos argentinos.
Una nueva situación de conflicto sacude al Hospital Garrahan, una de las instituciones de salud pública más emblemáticas y valoradas del país. El interventor del hospital anunció la apertura de 30 sumarios administrativos y el despido de 11 trabajadores, en el marco de las protestas realizadas el año pasado para reclamar mejoras salariales. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) denuncian que se trata de una represalia directa contra quienes encabezaron las medidas de fuerza.En diálogo con Primera Plana  la licenciada Norma Lezana, secretaria general de APyT, aseguró que la medida representa “un ataque político y sindical del Gobierno Nacional” y advirtió sobre la gravedad institucional de la situación.“En este momento estamos viviendo un ataque del Gobierno Nacional, anunciado públicamente por el vocero presidencial, dando por hecho cesantías y suspensiones sobre 40 trabajadores por haber luchado y protestado”, afirmó Lezana. Y aclaró: “Nosotros estamos en un proceso sumarial, con lo cual no pueden decir que estamos cesanteados. Sin embargo, ya nos condenan públicamente”.
Por orden de la Justicia, el Gobierno nacional reglamentó finalmente la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma clave que había sido sancionada por el Congreso pero que permanecía sin aplicación efectiva. El decreto pone en marcha un nuevo régimen de pensiones, establece controles y auditorías, y ordena la actualización de prestaciones, aunque deja varios artículos sin reglamentar y aclara que la medida no implica aceptar el fallo judicial.La reglamentación llega en un contexto crítico para las personas con discapacidad y sus familias. Así lo expresó el licenciado Daniel Arroyo, exdiputado nacional de Unión por la Patria y autor de la ley, quien celebró la medida como un paso adelante, aunque advirtió que será clave seguir de cerca su implementación.“Se logró. Es un avance claro. La situación es desesperante para las familias y para las personas con discapacidad. El sistema está colapsado: no están accediendo a medicamentos, traslados, terapias ni acompañamientos”, sostuvo Arroyo en diálogo con El Aire de las Misiones.
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