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150 familias se abastecen de un pozo insalubre y reclaman el derecho al agua potable

18 enero, 2021

En el barrio Obrero de la ciudad de San Vicente se ve una situación difícil de creer en estos tiempos donde la pandemia por el coronavirus no da tregua y recrudecen los casos de dengue en la provincia. En el asentamiento, que fue relevado por el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), viven más de 140 familias que carecen de acceso al agua potable y se abastecen de un pozo sin seguridad de potabilidad.

El diputado del Partido Agrario y Social (PAyS) Martín Sereno se reunió con los vecinos, junto a un grupo de militantes del Movimiento Evita, para interiorizarse sobre el problema.

“Una vecina contó que lleva 11 años viviendo en ese barrio y nunca pudo contar con agua potable, utiliza un pozo precario, insalubre, y está muy preocupada por las erupciones en la piel que aparecieron en sus hijas”, destacó el legislador.

Agregó que la red de agua de la cooperativa local pasa por el frente de las viviendas de estas familias; pero a pesar de los pedidos hechos tanto a la Cooperativa de Agua Potable y Servicios Públicos San Vicente Limitada, como al Municipio, no logran una respuesta para realizar la conexión.

 

Obtuvieron la luz y ahora luchan por el agua
El presidente de la comisión barrial, Jorge Olivera, fue uno de los que hace dos años luchó por la provisión de energía eléctrica para este barrio con familias que llevan 15 años en algunos casos y 11 en otros, amparadas por el reconocimiento oficial y la Ley del RENABAP que indica que el Estado provincial o municipal deben conectar los servicios básicos.

“En este barrio peleamos en su momento por la luz y lo logramos. También iniciamos la lucha por el agua, que se estira y no nos dan solución. La red de agua pasa por delante de nuestras casas, y parece que por un capricho no extienden la red, porque no es de difícil la solución, la misma bajada puede hacer que el agua llegue porque no hay obstáculos”, explicó un vecino.

 

“El agua del pozo es insalubre”
Olivera señaló que el reclamo por el agua no significa estar en contra de la recuperación del agua de la vertiente del barrio.“Utilizamos el agua del pozo porque no hay otra alternativa; pero no puede ser de manera permanente; no sabemos su grado de contaminación, pero los chicos se llenan de granos. No estamos en contra del intendente Rodríguez; aún cuando su secretario del gobierno municipal, Miguel Ángel Lima, en su momento prohibió el enganche de la luz. Hicimos notas y desde la Municipalidad nunca contestaron”, recordó.

Olivera insistió en que los vecinos están contenidos por la Ley del RENABAP y la empresa de energía lo reconoció.  “A partir de ahí nos conectaron y queremos hacer lo mismo con el agua potable. En el barrio estuvo personal de la Cooperativa de Agua para enganchar la red; pero necesitan la firma de las autoridades municipales, y no entendemos por qué no firman”.

“Somos 150 familias dispuestas a pagar la conexión de agua, con eso debería bastar”, manifestó el titular de la comisión barrial.

 

“Nos niegan un derecho que es vital”
El tesorero de la comisión del barrio Obrero, Doribal Amaro Dos Santos, hizo hincapié en que las familias están contempladas en el RENABAP porque habitan esa barriada popular desde hace más de 15 años.

“Con la luz tuvimos que protestar durante días frente a la Delegación de EMSA y finalmente reconocieron nuestro derecho, y de a poco todo el barrio tiene suministro eléctrico. Lamentablemente nos queda el problema del agua, aún teniendo la red cerca. Son muchas familias que dependen de un pozo que es un peligro para la salud. La comisión barrial está al frente de esta luchas que hacen a la calidad de vida de los vecinos, y el agua es fundamental, y más en estos tiempos de tanta peste. Confiamos en las autoridades para solucionar este tema, porque los pozos del barrio ya no dan más“.

En el Municipio les dicen que van a solucionar, pero pasa el tiempo sin que se resuelva, y reclaman una solución. “Hay un costo de conexión que los vecinos están dispuestos a pagar aún con mucho sacrificio; pero necesitamos agua potable, esa es la prioridad”, afirmó el tesorero del barrio Obrero.

Tags: agua potableDerechoinsalubreRENABAPSan Vicente
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Este sábado 7 de febrero a las 20.30 se presentará en la ciudad la obra “La vida terrenal”, un exquisito monólogo escrito por el dramaturgo contemporáneo Santiago Loza, con dirección de Williams Sery y la actuación protagónica de Fanny Carolina Duarte. La función tendrá lugar en el espacio Río Mío, ubicado en Belgrano 1771, en pleno centro.
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Tras una audiencia realizada  en el Ministerio de Trabajo de la provincia, el gremio UTICRA llevó tranquilidad a los trabajadores de la planta DASS de Eldorado  al confirmarse, por escrito, la continuidad laboral al menos durante el primer semestre del año. Así lo informó Gustavo Melgarejo, delegado sindical, luego de la reunión mantenida con representantes de la empresa.“El eje central de esta audiencia fue conocer precisiones sobre la situación de la planta y de los trabajadores. Tocamos los puntos clave que ya habíamos planteado en asamblea frente a los compañeros”, explicó Melgarejo.Uno de los reclamos principales del sindicato fue la reincorporación de los empleados despedidos. Sin embargo, desde la empresa señalaron que actualmente no cuentan con pedidos suficientes para justificar esas reincorporaciones. “La empresa dejó en claro que hoy no tiene pedidos para esa gente, por lo que queda muy difícil la reincorporación en este momento. De todas maneras, no descartan volver a llamarlos si se levanta la actividad”, indicó el delegado de UTICRA.
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Una nueva situación de conflicto sacude al Hospital Garrahan, una de las instituciones de salud pública más emblemáticas y valoradas del país. El interventor del hospital anunció la apertura de 30 sumarios administrativos y el despido de 11 trabajadores, en el marco de las protestas realizadas el año pasado para reclamar mejoras salariales. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) denuncian que se trata de una represalia directa contra quienes encabezaron las medidas de fuerza.En diálogo con Primera Plana  la licenciada Norma Lezana, secretaria general de APyT, aseguró que la medida representa “un ataque político y sindical del Gobierno Nacional” y advirtió sobre la gravedad institucional de la situación.“En este momento estamos viviendo un ataque del Gobierno Nacional, anunciado públicamente por el vocero presidencial, dando por hecho cesantías y suspensiones sobre 40 trabajadores por haber luchado y protestado”, afirmó Lezana. Y aclaró: “Nosotros estamos en un proceso sumarial, con lo cual no pueden decir que estamos cesanteados. Sin embargo, ya nos condenan públicamente”.
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