En Misiones, es sabido, la mayor proporción de ese millonario dinero vendrá a las arcas del Grupo Z, concesionario del 90% del transporte urbano de la capital misionera; y de la totalidad (monopolio que no acepta competencia) en el Sistema Integrado Metropolitano con Garupá y Candelaria.
Con esos cuatro mil millones de pesos, la Nación habrá triplicado la cantidad de dinero que se remitió el año pasado.
A diferencia de las jurisdicciones que cuentan con la tarjeta SUBE Nacional, el dinero en Misiones va a parar a las empresas y no a los pasajeros. Es decir, la mejora en miles de millones que enviará la Nación, terminará engrosando los bolsillos de los empresarios.
Paralelamente, los usuarios siguen viajando en pésimas condiciones, amuchados en las unidades, muchas siguen sin aire acondicionado y sin poder abrirse las ventanillas para ventilar el multitudinario encierro en los colectivos. Las paradas más sofisticadas las sigue levantando el Estado mientras los concesionarios ponen poca inversión.
La mirada de la Casa Rosada no termina de entender lo que sucede en Misiones con el Grupo Z, que sigue intocable y que se encamina a postularse para otros largos 30 años de negocios con el Estado misionero.
Si tuvieran comprensión de la realidad local, al menos tratarían de beneficiar a los pasajeros con descuentos, con un boleto más barato y acorde al servicio que se presta.
Sin embargo, los cuatro mil millones, que saldrán del erario público gracias a los impuestos, mantendrán el bienestar de empresarios a los que no mueve el bienestar general.
