Tal como la Organización Mundial de la Salud (OMS) viene acomodando sus recomendaciones y normativas a lo que se va conociendo del virus SARS-CoV-2, los Gobiernos nacional y provinciales dictan reglamentaciones (muchas veces sólo de palabra), que “marean” a los ciudadanos restringidos en sus actividades y libertades.
El caso más frecuente que toca a los misioneros es la exigencia del certificado de COVID-19 negativo, establecido por ley provincial, cuya reglamentación determina excepciones a la regla.
Hay agentes sanitarios y de seguridad que se desempeñan tanto en El Arco como en Centinela, los dos accesos de Corrientes hacia Misiones, que son capaces de negarle a las personas la información que un Gobernador o un Subsecretario dan a los medios. Claro está, las personas descreen de esos medios que difundieron un servicio a la sociedad, en lugar de cuestionar la falta de unicidad en el funcionamiento de los controles.
Más allá de las idas y venidas, de la aplicación que se hace de las normas, el problema es que no se subsanan las dudas con información clara, centralizada y similar para todos los periodistas que pretenden allanarle el camino a los ciudadanos en esta “nueva normalidad”.
El trastorno de los hisopados, su costo para los bolsillos de cualquier trabajador (con mayor énfasis si se trata de una familia de cuatro integrantes), debería estar acompañado de una información clara sobre las obligaciones establecidas en esta emergencia sanitaria.
Muchos misioneros quieren ir a Corrientes (a visitar familiares, a ver una casa que tengan en Ituzaingó o Virasoro o a hacer turismo que está habilitado en la vecina provincia). Lamentablemente, al volver, quedarán librados a la voluntad de un enfermero, bioquímico o policía de los que se espera que hayan sido comunicados de las novedades ya transmitidas por los medios de prensa, como este Diario en su edición del sábado.
