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Las usurpaciones de tierras preocupan a Montecarlo

24 octubre, 2020
DE ACUERDO. Todas las instituciones que componen Defensa Civil están de acuerdo en no avalar las tomas.

DE ACUERDO. Todas las instituciones que componen Defensa Civil están de acuerdo en no avalar las tomas.

DE ACUERDO. Todas las instituciones que componen Defensa Civil están de acuerdo en no avalar las tomas.

Defensa Civil de Montecarlo se reunió el jueves por la noche para tratar el tema intrusiones ya que la localidad viene afrontando varias en tierras privadas y públicas. En este último caso una reserva ecológica y zona inundable.

“Queremos darle la tranquilidad a todos. No vamos a avalar, ni incentivar, ni ser cómplice de la intrusión y defendemos la propiedad pública y privada”, indicaron.

En Montecarlo diversos sectores de la comunidad acompañan la decisión de no avalar la usurpación organizada de tierras tanto privadas como de espacios verdes. “Tenemos miedo que fallen a favor de los que intrusan”, expresaron asegurando que la última palabra la tiene la Justicia.

 

Situación difícil

PRIMERA EDICIÓN dialogó con Jorge Lovato, intendente de Montecarlo quien participó de la reunión y explicó que decidieron armar un documento que elevarán a la provincia para saber qué pasos seguir. “Hay una ley nacional de no desalojar, pero necesitamos saber qué hacer”.

“Acá hubo tres usurpaciones grandes dos en tierras privadas cuyo casos están judicializados porque los propietarios radicaron las denuncias, y una de las tomas más antiguas fue la del barrio Vista Alegre, en un espacio verde y está judicializado, es una reserva ecológica, y está probado por ordenanza un camino costero del arroyo Bonito, y lo más complicado es que es una zona inundable, la cuestión es que están pidiendo que se les baje la luz, se les dio el agua, pero la Cooperativa no baja la luz si no está la firma del intendente y no podemos hacerlo porque representa un peligro para sus vidas, porque es una zona inundable”, agregó el alcalde.

Este problema se judicializa porque estos vecinos hicieron la denuncia para que se les baje la luz. Ahora nosotros presentamos, con documentaciones nuestros argumentos y veremos qué dice la Justicia. Allí hay 11 familias y están en una reserva, las demás usurpaciones están en terrenos privados.

Las 11 familias están hace años y la judicialización se inició hace poco. Ya estaba hablado la construcción de viviendas con el Iprodha, pero se suspendió todo con el tema pandemia. El caso es que, con estas tomas, estamos frente a un grave problema que es el derecho de los vecinos dueños de esas tierras y también la necesidad de estas familias de un lugar donde vivir”, explicó.

 

No saben de dónde vienen

El Jefe comunal indicó que entre las tres tomas serán unas 300 familias involucradas en estas usurpaciones “no sabemos con exactitud los números, porque no podemos ingresar a los asentamientos a hacer relevamientos sin una orden judicial”, indicó.

Además contó que no saben si son familias de la zona, de otras localidades o “incluso de Paraguay, pero todo es por comentarios, no tenemos la certeza de la procedencia de estas familias que vienen a usurpar terrenos”, indicó.

Así, de la reunión de Defensa Civil, que está compuesta por todos los organismos locales como Bomberos, Policía, Cooperativas, Municipio y vecinos, indicaron que “en las últimas semanas ratificaron la situación de inseguridad física y jurídica que se vive ante las ocupaciones de tierras ajenas en forma organizada, avanzando sobre terrenos privados en áreas urbanas y rurales, y que no encuentran respuestas en la Justicia con una orden de desalojo. En consecuencia, los propietarios o dueños se enfrentan a pérdidas económicas y conflictos sociales”.

Tags: #TierrasMisionesMontecarlousurpación
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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