El Gobierno oficializó la rescisión de la concesión de dos corredores viales concretados bajo el esquema de Participación Público Privada (PPP) durante la presidencia de Mauricio Macri, y su traspaso a la órbita de la empresa estatal Corredores Viales.
Lo hizo a través del decreto 779/2020 publicado hoy en el Boletín Oficial, que determinó las rescisiones que comprenden al Corredor E, que abarca a las Ruta 9 (Autopista Campana – Rosario) y a la 183, en la provincia de Buenos Aires; la 11, la 34, la A-008 y la A-012 en Santa Fe; y el Corredor F, que comprende a la Autopista Rosario-Córdoba y la Ruta 33.
La rescisión se formalizó tras un acuerdo del Gobierno con la contratista PPP conformada por Helport (Grupo Eurnekian), Panedile, Eleprint y Copasa (España), a cargo de los corredores E y F, en el marco de un proceso de extinción de los contratos que comenzó en mayo con la intimación a las empresas concesionarias de seis corredores viales.
El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, afirmó que el “esquema público-privado del macrismo (que impuso esa modalidad de obra púbica) fue un fracaso y era ruinoso para el Estado, ya que beneficiaba al sector financiero y las obras prometidas no se hicieron”.
“El costo de las obras iba a ser el triple del que correspondía y esos contratos en dólares representaban un gigantesco negocio para unos pocos”, agregó Katopodis.
Por su parte, el vicepresidente de Corredores Viales, Eduardo Márquez, afirmó que las concesiones otorgadas a través del modelo PPP “fracasaron por la ineficiencia del modelo económico” de Macri.
“Las concesiones PPP fueron un negocio financiero, de los bancos con las empresas privadas en desmedro del usuario y del Estado. Y fracasaron por la propia ineficiencia del modelo económico implementado por el gobierno de Mauricio Macri”, indicó Márquez.
Así, a dos años de la fallida implementación del esquema de PPP, diseñado en la gestión del Macri, el Gobierno inició un proceso de rescisión de los contratos con las empresas que están a cargo de las concesiones de seis corredores viales, frente a la detección de “irregularidades e incumplimientos por parte de las concesionarias en sus obligaciones”.
El 27 de mayo pasado, en ese marco, se intimó a las empresas de los seis corredores viales a cumplir con el incremento de las garantías bajo apercibimiento de extinción de los contratos; y el 31 de agosto se les otorgó la posibilidad de rescindir los contratos de común acuerdo hasta el 30 de noviembre.
En julio de 2018 se concesionaron seis corredores viales bajo la modalidad PPP y los contratos implicaban que el financiamiento, la realización de las obras, la concesión del mantenimiento y la explotación comercial quedaban a cargo del sector privado.
En conjunto, los seis proyectos comprometían una inversión de US$ 5.400 millones en cinco años para la construcción de 3.400 kilómetros de autopistas y rutas.
Sin embargo, el costo total era bastante más elevado, ya que incluía el costo del financiamiento a 10 años de plazo: entre US$ 10.000 y US$ 13.000 millones, dependiendo del nivel del riesgo país.
Los contratos incluían, además, la concesión gratuita de la explotación de las áreas comerciales, fundamentalmente estaciones de servicio para venta de combustibles y alimentos.
Fuente: Agencia de Noticias Télam
