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La Justicia de Menores deberá resolver un hábeas corpus por Laurindo y Ferreira

28 septiembre, 2020
DEFENSOR OFICIAL. Rodrigo Torres Muruat (centro) solicitó el viernes pasado el hábeas corpus por Laurindo y Ferreira (izquierda y derecha).

DEFENSOR OFICIAL. Rodrigo Torres Muruat (centro) solicitó el viernes pasado el hábeas corpus por Laurindo y Ferreira (izquierda y derecha).

DEFENSOR OFICIAL. Rodrigo Torres Muruat (centro) solicitó el viernes pasado el hábeas corpus por Laurindo y Ferreira (izquierda y derecha).

La causa que expuso nuevamente a María Ovando (46) ante el Tribunal Penal de Eldorado está rodeada de tantas presuntas irregularidades como sospechas que apuntarían a que el expediente decante definitivamente en la nulidad.

Sin entrar en especulaciones y con sólo remarcar los incidentes que se registraron a partir del martes 22 de septiembre, cuando el presidente del Tribunal, Atilio León, se inhibió de continuar al frente del debate, se sumó a la polémica ahora el pedido por determinar si los jóvenes Marcos Iván Laurindo y Lucas Ferreira de Lima (ambos de 23 años) al momento en que se inició la acusación en 2014 eran menores de edad y, por competencia, debieron ser contendidos por el tratamiento del régimen de minoridad.

Para el defensor oficial, Rodrigo Torres Muruat, no existen dudas al respecto, por ello, a su pedido de excarcelación presentado el miércoles de la semana pasada ante el Tribunal Penal eldoradense, recurrió el viernes al Juzgado Correccional y de Menores 1 de la Tercera Circunscripción Judicial con un hábeas corpus para que ambos encartados recuperen la libertad.

Vale recordar que cumplieron más de cinco años de prisión preventiva, acusados por el abuso sexual de dos menores, hija y nieta de María Ovando. El plazo máximo de prisión preventiva es de tres años, incluyendo las prórrogas excepcionales. Quién definirá la validez del hábeas corpus es otro punto sin resolver aún.

El Juzgado de Menores está sin titular desde 2018 y es subrogado por los jueces de Instrucción 1 y 2, Roberto Saldaña y Nuria Allou, respectivamente.

Ambos magistrados deben inhibirse porque ya intervinieron en la causa por abuso o, como en el caso de Saldaña, querellado en la Justicia Civil por la defensa de Ovando tras la absolución en 2012 en la causa por la muerte de una de sus hijas.

Ante este panorama, deberá resolverse el juez que atienda entre los magistrados de los fueros laboral, comercial y civil de la misma circunscripción.

Es preciso resaltar que la resolución de los pedidos de hábeas corpus implica un análisis y decisión de rápida dilucidación, es decir, arribar a una aceptación o rechazo inminente.

 

Acusación

Laurindo y Ferreira están acusados de “abuso sexual con acceso carnal doblemente calificado y abuso sexual gravemente ultrajante para la víctima doblemente calificado”. Hace una semana, durante la primera jornada de juicio oral, Muruat planteó la nulidad de la acusación porque entendía que en el requerimiento fiscal de elevación a juicio del expediente, la instrucción no dejaba en claro qué o cuáles hechos se iban a debatir contra sus defendidos.

Al día siguiente el presidente del Tribunal Penal, Atilio León, presentó su inhibición por considerar que el planteo era válido y debía resolverse el incidente. Las vocales Lyda Inés Gallardo y María Teresa Ramos se opusieron, por lo que al no quedar conformado el tridente juzgador, el debate volvió a cero hasta tanto se designe el subrogante que suplantará a León en este caso.

La excarcelación solicitada el miércoles 23 de septiembre por Muruat apunta a que se estaría violando el principio de inocencia si continúan detenidos Marcos Laurindo y Lucas Ferreira de Lima, ya que entorpecimiento del proceso no hay, porque las pruebas a contrastar obran en el expediente y corresponde a siete testimoniales y los relatos de las menores en Cámara Gesell, por lo que no habría más prueba por producirse y la instrucción está cerrada con el expediente en debate.

 

A la espera de la notificación

A la espera que se designe el reemplazo del camarista Atilio León, se aguarda para las próximas horas las notificaciones a las partes correspondientes de la nueva fecha o de reinicio de las audiencias.

De acuerdo a fuentes consultadas por PRIMERA EDICIÓN, fue agendado el jueves 8 de octubre como día para que el juicio por abuso sexual a dos menores se retome desde cero, con lectura de la elevación de la acusación y el testimonio de las víctimas en Cámara Gesell.

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Tags: #JudicialesFerreiraLaurindoMaría Ovando
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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