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Nación distribuirá $10.500 millones en subsidios y exige poner la SUBE Nacional

6 septiembre, 2020
SUBSIDIOS SÍ, MEJOR SERVICIO NO. Foto tomada ayer sábado por un pasajero indignado porque viajan apretados en plena pandemia en un colectivo del Grupo Z.

El Gobierno nacional aceptó el pedido de las provincias como Misiones y publicó la resolución 196/2020 con la firma del massista ministro de Transportes Mario Meoni, por la cual distribuirá subsidios por $10.500 millones bajo la denominación de “Fondo COVID de compensación al transporte público de pasajeros automotor urbano y suburbano del interior del país”.

En la misma normativa, que tiene fecha del jueves 3 de septiembre pasado, el Gobierno nacional vuelve a dejar sentado en documentos la exigencia de implementar el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) Nacional, en las provincias que reciban el Fondo COVID. Una “exigencia” similar que -en la práctica- suele durar pocos días, tal como sucedió con los ministros Florencio Randazzo, el procesado Guillermo Dietrich y ahora con el mismo Meoni.

El titular de Transportes en funciones, apenas asumió, lanzó firme el reclamo a las ciudades alcanzadas por la obligatoriedad (como Posadas). Sin embargo, al día siguiente de su declaración radial dijo que las empresas, la Nación y las jurisdicciones no tenían recursos para pagar las máquinas. Y nuevamente quedaron sin beneficiarse los miles de usuarios misioneros.

Cabe recordar que Misiones pidió al presidente Alberto Fernández que se incremente un 35% más los subsidios al transporte donde el principal y mayoritario beneficiario es el Grupo Z.

Además de la tierra colorada, recibirán una parte de los $10.500 millones las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Santiago del Estero, Santa Cruz, Río Negro, Salta, San Luis, San Juan, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán.

De ese lote, no tienen la SUBE Nacional Misiones, Salta, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tucumán.

 

Un intento más

La tarjeta SUBE Nacional comenzó a instalarse en las grandes ciudades en 2011 con dos objetivos: unificar un pago electrónico en todo el país con la compra y recarga de crédito de fácil utilización, con descuentos importantes; y la posibilidad de ejercer un control sobre cantidad de boletos vendidos, choferes que trabajan, frecuencias y recorridos de los colectivos de las diferentes empresas para la determinación de los multimillonarios subsidios. Nueve años después, por la resistencia del Grupo Z, nunca llegó a Posadas que es la ciudad que debería tenerla funcionando.

Durante la gestión de Mauricio Macri, a fines de 2018 se obligó a los municipios a firmar los convenios pero no se avanzó ya que la Nación quitó los subsidios y las provincias entendieron que no había razón de traer la SUBE Nacional cuando no recibirían recursos.

En 2019, con la jura de Alberto Fernández, volvió el apoyo financiero y fue entonces que el ministro Meoni lanzó un “ultimátum” a los “rebeldes” del sistema pero duró apenas unas horas. Tras congelar las tarifas por la difícil situación económica de los argentinos, dejó sin efecto la obligatoriedad.

En Misiones, por iniciativa propia, la única que lo implementa es Río Uruguay en el servicio de Apóstoles.

Ahora, tras nueve meses de gestión y con el convenio de los subsidios vencido, Meoni ratifica que habrá dinero para las empresas y vuelve a escribir que será requisito tener la SUBE para recibir fondos nacionales. Para ello, les fija un plazo hasta diciembre para “los actos administrativos”.

¿Esta vez será la vencida para beneficiar a los pasajeros locales?

En el artículo 10 inciso “e” de la resolución establece que “… a los fines de acceder y mantener el derecho a la percepción de las compensaciones conforme al procedimiento de distribución establecido en la presente resolución, las jurisdicciones provinciales deberán observar las siguientes condiciones: los Estados provinciales y municipales deberán suscribir, conjuntamente con las empresas de transporte bajo sus jurisdicciones, un compromiso de adhesión e implementación del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE), el que será anexado a las Adendas, como así también aprobar durante el presente año calendario las normas y actos administrativos necesarios para su instrumentación”.

Antes de finalizar su gestión, el intendente Joaquín Losada había firmado el convenio con la Nación, por lo cual la implementación podría llegar antes a la capital misionera.

 

Boletos congelados

En otro orden, en la misma resolución 196/2020 del ministro Meoni, se estableció que “las jurisdicciones beneficiarias deberán mantener las tarifas correspondientes a sus servicios públicos urbanos y suburbanos de pasajeros que estuvieran vigentes al momento de la suscripción del Segundo Convenio e invitar a los municipios de su ejido territorial a adherir a la referida política tarifaria durante su vigencia”.

De respetarse esa cláusula, el Grupo Z vería naufragar sus constantes intentos de “boletazos” en perjuicio de los usuarios. Algo similar -aunque no cuentan con tres fuentes de subsidios millonarios- sucederá con las otras empresas prestatarias del transporte urbano e interurbano.

 

Clamor popular

Además de juntarse firmas para que en el área metropolitana se habilite la competencia de empresas para prestar el servicio del transporte integrado, los vecinos vienen juntando desde hace años adhesiones para la llegada de la SUBE Nacional. Incluso sin el apoyo del (in) defensor del Pueblo de Posadas, Alberto Penayo.

Entre sus destacadas cualidades, la SUBE Nacional utiliza un sistema de GPS que monitorea el movimiento del colectivo, y el expendio de los boletos lo cual permite determinar con mayor precisión el monto de los aportes que precisan las empresas.

Además ofrece la Tarifa Social aplicada con ANSeS, brindando descuentos de hasta un 55% en las provincias adheridas, que puede ser pedida por los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y Asignación por Embarazo; Becas Progresar; Hacemos Futuro; Monotributo social; y personal de servicio doméstico, entre otros.

Algo muy práctico: las tarjetas de la SUBE Nacional se compran sin necesidad de registrarse hasta con fotografía y otros datos personales como lo exige el sistema misionero.

La tarjeta nacional permite que un pasajero pueda acceder a descuentos, en las ocasiones en las que necesita realizar varias combinaciones de frecuencias, dentro de un determinado lapso de tiempo. En 2 horas se pueden hacer hasta 6 viajes con 5 combinaciones de transporte.

Así, en el primer viaje se paga la tarifa completa. En el segundo viaje, el valor se reduce a la mitad. Mientras que a partir del tercer viaje se abona la tercera parte del precio. Estos descuentos aplican siempre que los viajes sean hechos dentro de un plazo de 2 horas. El ciclo no tiene límites de reiteraciones por día.

Por otra parte, en la mayoría de las ciudades el propietario de una tarjeta puede abonar diferentes boletos en el mismo colectivo si desea viajar con acompañantes.

Sin embargo, esto no es permitido con el uso de la SUBE misionera, que delimita el pase de la tarjeta a una sola persona, mientras que los que no posean un plástico propio son obligados a abonar el precio diferencial con un elevado recargo.

Esta situación genera diversos inconvenientes para los visitantes o familiares que están de paso por la ciudad, también para los contingentes de turistas, que deben optar por gestionar una tarjeta, aunque estén solamente por escasos días, o pagar la tarifa única en efectivo con recargo en cada viaje.

Y, por citar un beneficio más, las recargas se pueden hacer online sin la necesidad de ir a un centro establecido como en el caso del SUBE Misionero.

Tags: coletivosMisionesViajes
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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