La jueza federal María Servini ordenó reanudar el peritaje sobre las llamadas del ex presidente Mauricio Macri y ex funcionarios de su Gobierno en el marco de una causa sobre supuestas presiones sobre el Grupo Indalo para torcer su voluntad en la línea editorial, así como para eventualmente apoderarse de la empresa de Cristóbal López y Fabián De Sousa.
Lo dispuso pese al fallo de la Cámara Federal que había revocado esa medida por considerarla invasiva e inapropiada.
La magistrada decidió continuar con el peritaje hasta tanto el fallo de la Cámara Federal esté firme, y por ello ordenó librar oficio de estilo a la Dirección General de la Oficina de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial “a efectos de ponerle en conocimiento”.
El peritaje es en el rango que va desde el 1 de enero del 2016 y el 31 de agosto del 2019 y comprende los teléfonos del ex mandatario; el ex jefe de asesores de Presidencia José Torello; el amigo de Macri Nicolás Caputo; el diputado del Parlasur Fabián Rodríguez Simón; el ex secretario de Coordinación Interministerial Mario Quintana; el ex director de Vialidad Nacional Javier Iguacel; y los ex titulares de la AFIP Alberto Abad y Leandro Cuccioli; así como también de un grupo de empresarios.
Los camaristas Martín Irurzun y Lepoldo Bruglia consideraron que la medida de la jueza abarcaba un período excesivo de tiempo que supera “los límites que razonablemente permite el objeto” de la investigación.
Además, los camaristas adhirieron a los planteos de las defensas las cuales habían acusado que el peritaje afecta “derechos individuales y esferas de la actuación ajenas a la incumbencia” de la Justicia.
Ante la queja de las defensas, la Cámara le había pedido a la jueza que delimite “los momentos que, a su modo de ver, resulten relevantes” para la causa que investiga.
“Corresponderá que emita un nuevo pronunciamiento donde se limitan los alcances de la medida de prueba a los espacios de tiempo que se ciñan estrictamente a los momentos a su modo de ver relevantes según la hipótesis fijada en el caso”, sostuvo la Cámara Federal.
Asimismo, le reclamó a Servini que “ni bien se produzcan los primeros resultados” de las pericias, “esa información será recibida únicamente por el juzgado para que la directora del proceso esté en condiciones de determinar cuáles datos son ajenos al legajo imponiendo su eliminación y cuáles sí pueden ser destinados a la actividad de los auxiliares de Justicia y al conocimiento de todas las partes legitimadas“.
El entrecruzamiento ordenado abarcaba el período entre principios de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2019, para tener detalle “de interlocutores comunes y frecuentes“, en medio de sospechas sobre si a partir de diciembre de 2015 hubo presiones al Grupo Indalo, porque “se habría perseguido el propósito de que los medios de comunicación adquirieran una línea editorial afín al Gobierno” de ese momento.
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