“El acceso al agua potable es un derecho humano esencial, actualmente en riesgo en nuestro municipio”, alertaron desde la Comuna local para justificar la presentación de un proyecto -recientemente convertido en ordenanza por el Concejo Deliberante- para declarar “Zona de Uso Sustentable y de Interés Público” a todos los recursos hidrológicos de la jurisdicción, “sean éstos de dominio público o privado”.
Así, bajo esa declaración, la Ordenanza 22/20 (aprobada en junio pasado pero publicada en el Boletín Oficial de la Provincia la semana pasada) protege a “todos los nacientes de manantiales, cauces de aguas, cuerpos de agua (lagos y lagunas), humedales, bañados, márgenes de protección de los componentes hidrológicos y bosques protectores nativos o implantados que se hallan dentro de los espacios de protección de los componentes según la reglamentación, ya sean de dominio público o privado”.
Esto último no impide que el propietario de un bien privado pueda ejercer su derecho como titular, sino que debe respetar las limitaciones o prohibiciones contenidas en la ordenanza en función de los márgenes de protección establecidos.
Entre otras cosas, la norma establece “fajas de protección” mínima de 5 metros a cada lado del cauce de los cursos de agua y de 10 metros en el resto de las zonas a preservar. Además, una segunda zona de protección a partir de ahí, variable en función de sus características y las condiciones del terreno, vinculadas sobre todo a la pendiente y cuyo ancho oscila entre los 10 y los 30 metros a cada lado.
En el caso de nacientes de manantiales, bañados, humedales, lagos y lagunas, esta segunda faja será de 25 metros a 35 metros en todo el perímetro. En todo caso, deberá ser como mínimo el triple de ancha que el recurso hidrológico.
Sin perjuicio de ello, habrá excepciones para los loteos urbanos ya aprobados por el Municipio antes de la entrada en vigencia de esta ordenanza. En esos casos, el propietario podrá proponer y solicitar, a través de un profesional idóneo en la materia, otra forma de protección sobre las márgenes.
Castigos
La nueva norma establece tres niveles de gravedad a la hora de evaluar las posibles sanciones por incumplimientos de esta ordenanza. Corresponderá al juez de Faltas municipal la calificación de la infracción cometida.
Las infracciones leves tendrán una pena de 20 a 100 Unidades Fiscales (alrededor de 1.200 a 6.000 pesos, al precio actual de los combustibles), las graves de 100 a 200 UF (entre 6.000 y 12.000 pesos) y las muy graves de 200 a 1000 UF (desde 12 mil pesos hasta $60 mil).
Además, las infracciones graves y muy graves implicarán la recomposición de la zona de protección al estado en que se encontraba previo a la alteración, en la medida que la misma sea posible. De tratarse de una actividad comercial, industrial, empresarial y/o una construcción, producto de las cuales se ocasionare alteración, deterioro, obstrucción y/o destrucción de la zona de protección, se procederá a la clausura.
Premios
En otro orden, la nueva norma autoriza el Ejecutivo municipal a llevar a cabo inversiones a los fines de implantar árboles autóctonos para la conservación del suelo a la vera de los arroyos y en el perímetro de las zonas de protección. También a ejecutar en los cauces que así lo requieran las obstrucciones necesarias para disminuir la velocidad de escurrimiento, evitando así la erosión y el arrastre de tierra y sedimentos.
Además, podrá implementar esquemas de compensación e incentivo por servicios eco sistémicos, consistente en una “retribución” en dinero o en especie a los dueños de la tierra donde se encuentran los recursos naturales a cambio de la realización de actividades que impliquen la conservación o ampliación de los servicios que prestan o bien para que se abstengan de efectuar acciones perjudiciales. Este último mecanismo deberá ser aprobado por otra ordenanza.
