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Ley de influencers: “No es un impuesto nuevo, sino blanquear su actividad”

20 julio, 2020

“La idea es regular la actividad de los influencers en cuanto a servicios publicitarios digitales y principalmente blanquear su situación laboral”. Ése es el objetivo inmediato del proyecto de ley presentado por la senadora Cristina Del Carmen López Valverde (FpV), según ella misma señaló a PRIMERA EDICIÓN.

A principios de julio, López Valverde presentó la iniciativa que busca que los influencers remunerados por los servicios de publicidad digital se inscriban en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) como trabajadores autónomos en condición de monotributistas o de responsables inscriptos, y los obliga a identificar los contenidos que son patrocinados.

En caso de no cumplir, podrán ser sancionados e incluso recibir multas que superarían los 16 millones de pesos. Pero aclaró la senadora: “No se les impone impuestos, como algunos piensan. Significa estar en blanco, aportar y tener obra social”.
“La intención es proteger al consumidor con publicidades transparentes y lo más claras posible”, remarcó López Valverde .

 

Un régimen legal

Cristina del Carmen López Valverde. Senadora nacional por San Juan (Frente para la Victoria).

“Regular no significa perseguir”, definió la legisladora sanjuanina a este medio, aclarando que “las redes sociales son un mundo sin regulaciones, por lo que existe un gran vacío legal. En buena hora se está hablando del tema, el cual busca que la calidad de la publicidad respete ciertos criterios como la no discriminación”.

Su proyecto se llama “Régimen legal para influencers” y considerará como publicidad digital a las publicaciones de sorteos, fotos y videos etiquetando a las marcas y unboxings, que es cuando los influencers se muestran abriendo paquetes de productos y servicios de un anunciante o marca. También “toda otra forma de anuncio o promoción viabilizada a través de redes sociales que en el futuro pueda crearse, siempre que para su ejecución exista una contraprestación entre el influenciador y el anunciante”.

Si esto ocurre y el anuncio es pago, los influencers deberán especificarlo con el hashtag #PublicaciónPaga.

Además, “debe mencionar al anunciante o beneficiario de la publicidad digital e identificar de manera clara todas las comunicaciones publicitarias digitales de productos que sean inconvenientes para niños, niñas y adolescentes”.

En caso de que la publicidad sea ilícita, es decir, “asuma la modalidad de abusiva y engañosa, ofenda, discrimine, induzca a actividades antisociales, criminales, ilegales o incita a la violencia y atente contra la dignidad de las personas”, los influencers podrán ser sancionados con un apercibimiento, un retiro del anuncio, la rectificación de las informaciones o multas de entre 10 y 1.000 salarios mínimos vitales y móviles. Es decir, que -a valores actuales- deberían abonar entre $168.750 y $16.875.000.

Ese dinero se destinaría a la implementación de campañas de prevención de la automedicación, según señala el mismo proyecto, el cual no establece una autoridad de aplicación y lo deja librado a lo que determine el Poder Ejecutivo.

 

En otros países

Entre los fundamentos del proyecto se menciona a España, Reino Unido y Colombia como pioneros en este tipo de propuesta.
Por otro lado, la Cámara Argentina de Anunciantes (CAA) ofrece una clasificación de influencers en función del número de seguidores: los “Nano Influencers” suman entre 3.286 y 8.611 seguidores; los “Micro Influencers” entre 8.611 y 96.111; los Influencers entre 96.111 y 575 mil; y finalmente se encuentran las celebrities, para lo cual es necesario contar con más de 575 mil seguidores en las redes sociales.

 

Los principios

El artículo 6 del proyecto establece los principios a los que deberá atenerse toda publicidad digital realizada por influenciadores o influencers en las redes sociales: “El respeto a la dignidad de la persona y al principio de no discriminación por motivos de raza, genero, religión, opinión, nacionalidad, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o social”.
Pero, además, se busca la protección de la juventud y de la infancia, así como la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual y todo otro derecho protegido por las leyes nacionales en la materia.

Tags: InfluencerLeyRegulación
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El uso diario, el costo del transporte y el interés deportivo impulsan la demanda en bicicleterías y talleres.
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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