El juez federal Daniel Rafecas dispuso establecer el valor de mercado de un lote de armamento que habría sido vendido de manera irregular a exagentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), al ordenar medidas de prueba tras una denuncia de la interventora del organismo, Cristina Caamaño.
El magistrado hizo lugar a los pedidos del fiscal del caso, Ramiro González y encomendó una “tasación o estudio de la especialidad” para determinar el valor de mercado de las armas vendidas de manera interna en la AFI durante la gestión de Gustavo Arribas, en el Gobierno de Mauricio Macri, explicaron este jueves a Télam fuentes judiciales.
Además pidió informes sobre la titularidad de esas armas y si se notificó de su venta a la Agencia Nacional de Materiales Controlados.
También se libraron oficios para determinar si la AFI estaba facultada para vender esas armas a sus agentes.
El fiscal imputó al extitular de la AFI GustavoArribas y a su exsegunda Silvia Majdalani.
Según la denuncia de Caamaño se vendieron 290 armas, algunas de colección, patrimonio de la AFI a funcionarios y agentes, por debajo de su precio de mercado.
Precios irrisorios
En la denuncia se aludió a dos resoluciones dictadas por el extitular de la AFI, Arribas, en agosto de 2017 y diciembre de 2018, supuestamente “carentes absolutamente de sustento jurídico y fáctico”.
Estas resoluciones abrieron la puerta a la venta a precio “irrisorio” a funcionarios y agentes en actividad de 290 armas “aptas para el disparo y utilización”.
Los 73 agentes que compraron las armas pagaron precios que no alcanzarían “el 20% del valor real de un arma usada en el mercado formal”, según la denuncia, en la que se subraya que se vendieron “armas de colección que no se consiguen en el mercado” como revólveres Ruger y Colt Trooper.
El Ruger “tenía la leyenda que decía ‘200 años de la libertad de América’”, destacó la presentación de Caamaño.
Además, la funcionaria remarcó en la denuncia que “no consta ni valuación ni tampoco información acerca del valor de venta respecto a la única escopeta a repetición marca Mossberg, 12UAB Modelo 500 que fue vendida mediante este procedimiento fraudulento” a un exfuncionario.
“La puesta en venta del armamento de fuego no se encuentra dentro de las competencias, y menos aún, dentro de las facultades de la Dirección General.
Compradores exclusivos
De acuerdo a lo denunciado por Caamaño, cada funcionario o agente podía comprar hasta cinco armas a “un precio totalmente irrisorio y alejado de la realidad” y “prácticamente sin requisitos respecto a las condiciones exigidas para su acceso”.
Además de Macri, Arribas y Majdalani fue denunciado otro exfuncionario de la AFI cuya identidad se mantuvo en reserva en base a los lineamientos de la Ley Nacional de Inteligencia.
Las resoluciones que permitieron las ventas declararon al armamento “en condiciones de rezago” porque no resultaba “económicamente rentable ni factible su recuperación”.
Para autorizar la operación, Arribas se habría basado en un informe según el cual, según denunció ahora su sucesora Caamaño, no surgía que el armamento era de rezago sino que lo clasificaba “como material en desuso“.
El área de Seguridad de la AFI cotizó las armas en su valor en dólares y los agentes las pagaron en pesos entre $3.900 y $7.900 por unidad, un valor que no alcanzó ni el 20% de su cotización en el mercado.
Fuente: Agencia de Noticias Télam y medios digitales
