“En el Instituto Patria había la posibilidad de un atentado, al igual que en la casa de Cristina Kirchner, por lo cual se instaló un equipo en el Instituto Patria y otro en el departamento de la calle Uruguay”, en el barrio porteño de Recoleta, afirmó el ex espía en su declaración ante el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Auge, a la que accedió NA.
Según justificó, “era sólo de vigilancia, nunca se siguió el auto donde se trasladaba la ex presidenta ni a ninguno de sus hijos“, ya que “en ningún caso eran seguimientos por su condición política”.
Ruiz indicó que “eran seguimientos vinculados con la seguridad nacional” en la previa a la realización de la Cumbre del G20, que se llevó a cabo en la Ciudad de Buenos Aires en diciembre de 2018.
“No se realizó otra tarea que vigilancia en el perímetro”, ratificó el ex miembro de la AFI en su declaración ante el magistrado Auge, que lleva adelante una investigación por las tareas de supuesto espionaje ilegal en el Instituto Patria, en simultáneo a la que tiene su par de Lomas Federico Villena, por seguimientos a dirigentes políticos, gremialistas y periodistas, entre otros.
A la vez que aclaró: “Si la ex presidenta entraba o salía de dichos domicilios, los agentes debían retirarse para no chocar con la custodia de ella”.
Sobre la metodología de realizar tareas de inteligencia, el ex espía señaló que “se hacían fotografías operativas mediante vehículos con cámaras adentro”.
En tanto, su abogado defensor, Leandro Emsani, en diálogo con Código F por Radio Rivadavia, aseguró que las órdenes que Ruiz, entonces Director General de Operaciones de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), había dado a su grupo operativo eran en el marco de tareas de prevención de la seguridad nacional por orden “judicial”.
“Había una orden judicial para llevar adelante estas medidas. Estaban ordenadas en el marco de un proceso judicial. Estaba la Cumbre del G20, que se iba a producir en diciembre de 2018, y esos lugares podrían haber sido parte de colocación de una bomba o actividad de terrorismo. Fue a los fines de prevención“, explicó el letrado.
Además, Emsani expresó: “No había ninguna investigación ilegal, y las tareas se hicieron siguiendo ordenes estrictas de superiores de la AFI”.
Al ser consultado sobre si -tal cual aseguran testigos en la causa- la entonces subdirectora de la AFI, Silvia Majdalani, estaba al tanto de dichas tareas, el abogado dijo que sí, al igual que otros tantos directores del organismo, pero aclaró que “no eran pedidos exclusivos de ella”.
Fuente: Agencia Noticias Argentinas.
