La compañía agroindustrial Vicentín experimentó un “crecimiento exponencial” entre 2015 y 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, que “solo puede ser explicado a través de un privilegiado acceso al crédito”, sostuvo la Unidad de Información Financiera (UIF) en su denuncia contra esa empresa.
En la presentación judicial de la UIF, a la que NA tuvo acceso, el organismo detalló que Vicentín se endeudó por 18.500 millones de pesos durante ese período, un monto otorgado por el Banco Nación y que “habría superado los límites a los que podía exceder la sociedad en función de lo establecido por la normativa del Ente Regulador para las Grandes Empresas”.
En las últimas horas, la UIF denunció a Vicentín -a la que el gobierno de Alberto Fernández intervino y busca expropiar- de haber llevado a cabo “complejas maniobras de lavado de activos” a través de la remisión de ganancias a otras empresas, que representaron “una posible y cuantiosa defraudación al Banco de la Nación Argentina”.
En este contexto, solicitó la inhibición general de bienes del ex presidente Macri, de los extitulares del Banco Nación y del Banco Central Javier González Fraga y Guido Sandleris, en forma respectiva, y de los empresarios Alberto Padoan y Gustavo Nardelli, directivos de Vicentin.
“No cabe duda de que nos hallamos ante un proceso en el que se investiga un posible delito que podría involucrar actos de Lavado de Activos de origen ilícito”, planteó el organismo en la presentación ante el juez federal Julián Ercolini.
La UIF no pasó por alto en su presentación que “Vicentín (a través de sus diferentes firmas) fue el principal aportante de la campaña de JUNTOS POR EL CAMBIO“: lo destacó en negritas y con mayúsculas en su presentación judicial.
En este marco, el organismo también pidió la habilitación de la feria judicial, así como días y horas inhábiles, y el dictado de “medidas cautelares urgentes que impidan a los imputados desapoderarse de sus bienes o bien continúen haciendo compleja la trazabilidad del dinero de modo de dificultar el seguimiento de los movimientos económico-financieros”.
La denuncia de la UIF se basa principalmente en informes elaborados por el director del Banco Nación, Claudio Lozano, de los que “surge la posible existencia de una maniobra pergeñada con el objetivo de defraudar al Estado Nacional a través de otorgamiento irregular de préstamos por parte del Banco de la Nación Argentina, durante la presidencia de GONZÁLEZ FRAGA, a la firma VICENTÍN S.A.”.
La compañía, recordó la UIF en su presentación, “hace pocos meses se declaró en cesación de pagos“, pero en realidad “contaría con una situación económico-financiera saludable” que se pretende ocultar con la remisión de “buena parte de sus ganancias al exterior mediante maniobras, que se presentan al menos como sospechosas”.
Al respecto, la UIF le indicó a Ercolini que “VICENTÍN SAIC no es una isla, sino que forma parte de una red corporativa que incluye 16 firmas en el país y otras tantas en Uruguay, Paraguay, Brasil y España“.
La firma, añadió el organismo, tuvo un “crecimiento exponencial” entre 2015 y 2018 que “solo puede ser explicado a través de un privilegiado acceso al crédito” que alcanzó a $18.500 millones otorgados por el Banco Nación.
“Tras incumplir con las respectivas cancelaciones habría obtenido, de todos modos, una refinanciación sin fundamento“, señaló, para acotar que eso “se habría llevado a cabo en el marco de vínculos estrechos entre la empresa y miembros del anterior gobierno nacional”.
Por último, la UIF subrayó que después de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 11 de agosto de 2019, que fueron desfavorables al gobierno que encabezaba Macri, Vicentin “comenzó a incumplir con las obligaciones a las que se había comprometido” y “anunció su estado de cesación de pagos”, para luego “solicitar la apertura de su concurso preventivo” el pasado 10 de febrero.
Fuente: Agencia de Noticias NA
