Por consecuencia del COVID-19 y la extensión de la cuarentena, las economías regionales enfrentan duros golpes desde diferentes costados. Así, según remarcó un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en abril, los productores tuvieron serios problemas para trabajar con normalidad, comprar insumos, consensuar el valor del dólar, cobrar cheques, exportar, vender, pagar salarios y acceder a los programas oficiales.
Cabe recordar que el 63% de las exportaciones agropecuarias nacionales corresponde a economías regionales, las que anualmente invierten alrededor de US$ 4.200 millones en concepto de capital de trabajo, sin considerar amortización.
Se trata de un complejo que emplea, aproximadamente, a un millón de trabajadores, lo que representa el 70% de la mano de obra rural. En 2019 exportó más de US$ 7.200 millones, y diariamente abastece a la mesa de los argentinos con frutas, verduras, carnes, leche y arroz, entre otros alimentos.
Por ello, el sector de Economías Regionales de la CAME, preparó el informe elevado al ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra.
El trabajo incluye una encuesta a unos 283 pequeños y medianos productores de más de 20 complejos productivos de todo el país.
De allí se desprende que un 11% de los productores no pudo cosechar y producir, mientras que otro 48% lo pudo hacer parcialmente. Así, por la falta de producción y ventas, ese conjunto de productores PyME necesita unos US$ 812 millones en capital de trabajo, lo que les permitirá mantener la subsistencia de la explotación agroalimentaria.
Por otro lado, solamente el 53% de los productores relevados contó con todo su personal para cosechar y producir en abril. El 47% restante lo hizo con 75% o menos de su dotación.
A su vez, el 82% de los pequeños y medianos productores tuvo dificultades para comprar materias primas o insumos, ya sea por dificultades en sí o por retrasos en la entrega. Así, los problemas en el abastecimiento aparecen como un punto de creciente conflicto.
En tanto que, según detalló la CAME, el 74% de los exportadores planteó tener dificultades con las medidas anunciadas por el Gobierno nacional en el marco del COVID-19, principalmente por las demoras en la logística, las complicaciones en la tramitación de autorizaciones y registros, o la volatilidad del tipo de cambio que hace difícil fijar el precio.
Además, la mayoría de los consultados consideró la caída de la demanda como una dificultad adicional. Mientras que solamente el 26% respondió no tener inconvenientes para exportar.
La cadena de pagos también fue un problema, pero de menor magnitud que en sectores como el comercio o la industria. En abril, el 60% de los productores no tuvo cheques rechazados, mientras que el resto, ya sea en mayor o menor magnitud sí lo tuvo.
El 40% de los productores no pudo abonar salarios el mes pasado. Solamente un 60% logró hacerlo. Entre quienes realizaron los pagos, el 38,9% lo hizo con las ventas realizadas entre marzo y abril, y un 37,4% con fondos propios.
Sin embargo, cubrir las obligaciones impositivas y el pago de servicios estuvo entre las dificultades más mencionadas. Debido a que el 29% de los productores no pudo hacer frente al pago de servicios públicos de abril. Entre los que no pudieron cubrir servicios, las tarifas de luz aparecen como el principal problema para el 50% que las dejó de pagar.
La situación fue más grave en relación al pago de impuestos. El 55% de los productores pudo afrontarlos, mientras que el 45% restante no. Entre quienes no pudieron, los mayores inconvenientes son el pago de IVA (23%), contribuciones patronales (19%), impuesto a las ganancias (18%) e impuestos provinciales (18%).
