La AFIP decidió iniciar un sumario al agente de la Aduana en esta ciudad que quedó demorado, junto a un cómplice agente de Transporte, en la cabecera paraguaya del puente internacional San Roque González de Santa Cruz. PRIMERA EDICIÓN pudo saber que la decisión administrativa interna del organismo recaudador se tomó sin que el investigado sea apartado de sus funciones ni haber quedado detenido.
Este jueves, tras la finalización de las actuaciones, la Fiscalía y la Aduana paraguaya confirmaron que ambos intentaron ingresar fajos por un total de 570 mil pesos y un millón de guaraníes sin declarar. Y que existen suficientes pruebas que se cobraba por ir hasta el cajero de los bancos, retirar el dinero y pasarlo desde Argentina.
Junto a los paquetes con billetes que tenían nombre del destinatario de cada uno, se encontraron las tarjetas de débito de 24 personas que serían beneficiarias radicadas en el Paraguay, de jubilaciones y pensiones argentinas pagadas por la ANSeS.
Los fajos tenían escritas a mano en papeles el detalle de la cifra retirada de los cajeros y la resta del costo del delivery que hicieron el funcionario aduanero y su “socio”, además del ticket bancario donde se demostraba el saldo y los movimientos en las cuentas que realizaron.
Este “servicio” fue posible en medio del aislamiento obligatorio y el cierre de fronteras entre ambos países, a partir de la función gubernamental de los implicados que aprovecharon su posición para intentar cruzar el dinero sin declararlo.
Las tarjetas de débito de los beneficiarios que quedaron en poder de la Justicia paraguaya, corresponden a cuentas en bancos estatales (Nación y de la provincia de Corrientes) como de otros cuatro bancos de capitales privados nacionales e internacionales con sucursales en la capital misionera.
Preparan denuncia en Argentina
Por el valor incautado, que no alcanza a los 10 mil dólares, el hecho no se encuadró legalmente como “tráfico de divisas” en la Justicia paraguaya.
El titular de la Aduana en Encarnación, Alcides Brizuela, adelantó a FM de las Misiones 89.3 que se espera la declaración de cada uno de los 24 beneficiarios de las jubilaciones y pensiones en sede judicial de Itapúa, para determinar si las tarjetas fueron entregadas voluntariamente o si se trató de un intento de estafa debido al robo de los plásticos para retirar el dinero.
Paraguay derivó ayer parte de las actuaciones a la Argentina, vía Cancillería, para continuar con la investigación sobre el funcionario y su cómplice en nuestro país.
Debido a la trascendencia que tomó el escándalo por el delivery de planes sociales argentinos hacia la otra orilla del río Paraná, PRIMERA EDICIÓN pudo saber anoche que la Región Aduanera de la AFIP en Misiones se presentaría en las próximas horas en la Justicia Federal de Posadas contra el agente del organismo.
En las próximas horas ingresaría el escrito a la sede judicial de avenida Mitre, pidiendo que el aduanero sea investigado por la posible comisión de los delitos de “contrabando agravado, estafa y abuso de funciones”.
Se habrían pedido las filmaciones de las cámaras de seguridad en la cabecera argentina, para sostener las acusaciones contra el aduanero, en base a los testimonios del otro demorado por la maniobra.
En esas imágenes se lo ubicaría alrededor de las 17 en la Zona Primaria Aduanera de Posadas, moviéndose minutos después hacia el lado paraguayo. La salida del país hacia Encarnación se habría producido para encontrarse con el empleado de Transporte.
¿Y la ANSeS?
No sólo lo ocurrido entre Misiones e Itapúa es parte de los escándalos por cobros de beneficios argentinos por parte de personas radicadas en el Paraguay. El caso de Formosa ocupa las primeras planas de los medios nacionales.
Ayer, jueves, luego de la trascendencia que tuvo el caso del aduanero misionero, la ANSeS no comunicó el inicio de investigación alguna con el fin de determinar si los que perciben las jubilaciones y pensiones lo hacen legalmente.
La Justicia del vecino país tiene el listado de los 24 nombres que aparecen asociados a las tarjetas de débito secuestradas, que permitiría obtener esta información de manera inmediata.
En caso contrario, también la ANSeS debería presentarse en la Justicia para evitar que las personas sigan haciéndose del dinero, incluso solicitando la devolución de lo cobrado hasta este momento si lo consiguieron de manera irregular.
Los representantes del organismo previsional argentino, sin embargo, mantuvieron absoluto silencio ante el escándalo.
“La mayoría tiene radicación en la Argentina”
Alcides Brizuela aseguró a FM de las Misiones, la radio de PRIMERA EDICIÓN, que podría haber más cómplices del aduanero y el agente de Transporte en la maniobra. Incluso admitió que estos hechos se suceden con frecuencia en el tránsito entre ambos países.
“Creo que hay más. Después de esto (por el secuestro del dinero) seguramente van a buscar hacerlo de una manera diferente. Tengo la jurisdicción desde Ayolas hasta Mayor Otaño frente a Eldorado. Hacemos un control intenso con la Armada para evitar tráfico como éste”, dijo el funcionario.
“El tráfico de divisas es normal, la diferencia está en la forma en que la persona la declara o no de manera voluntaria. Podés declarar la procedencia y el destino, pero estos son dineros ilícitos cuya tenencia no se puede declarar”, explicó Brizuela.
Respecto a la investigación dijo que “teníamos datos de que se estaba realizando el tráfico de divisas por fuera de las normas reglamentarias en el uso de las tarjetas de débito. Y que se cobraba por esto. Veníamos trabajando en este caso con las altas autoridades de la Aduana argentina”.
Confirmó que las dos personas fueron demoradas y que -por el control integrado- el aduanero deberá ser juzgado por legislación argentina.
“Para nosotros, por el monto de dinero no es el delito sino el procedimiento. Por ejemplo, a una persona que le cobró 30 mil pesos con la tarjeta de débito, le sacaba el dinero y cobraba 3 mil pesos por el servicio aprovechando que podía cruzar cuando se cerró la frontera. Es un uso indebido del uso de las redes bancarias”.
El titular de la Aduana encarnacena indicó que la mayoría de los beneficiarios de las prestaciones sociales “tiene radicación en la Argentina”.
