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En Misiones, trabajadores de Salud no percibieron aún el bono nacional

8 mayo, 2020
INDIGNADOS Y PIDIENDO EL BONO. Trabajadores de la Salud de Misiones reclaman el pago del plus de $5.000 que debe Nación hace dos meses.

El pasado 26 de marzo el Gobierno nacional anunció un “incentivo” para los trabajadores sanitarios de todo el país, de $5.000 mensuales, ante la pandemia de coronavirus COVID-19 que obligó a redoblar los esfuerzos de atención en cada rincón de la Argentina. El decreto 315/2020 asignó el monto para abril, mayo, junio y julio.

Sin embargo, casi un mes después (el 22 de abril), recién se conoció la reglamentación del decreto presidencial que dejó en manos de AFIP y ANSeS la ejecución del pago del bono al personal sanitario.

Con la misma suerte que el IFE (que de emergencia tuvo poco y nada al pagarse casi dos meses después de implementado y que le costó el cargo a Alejandro Vanoli al frente de ANSeS); el bono para el personal de la sanidad sigue sin llegar.

A la par de la demora, se supo que no todos lo iban a percibir: serían según la normativa quienes están en centros de atención con internación, dejando de lado a quienes hacen atención primaria de la salud y otros sectores que vieron incrementado su trabajo, sin contar el riesgo de contagio de COVID-19.

 

Un largo camino

La incertidumbre, sumada a la mayor exigencia, generan profundo malestar en el ámbito sanitario de Misiones, tanto público como privado. “Del hospital, nadie cobró el bono. Hace unos 15 días nos empezaron a pedir el CBU y número de cuenta para poder mandar a Nación, porque ellos son los encargados de depositar directamente con el sueldo, pero cobramos y el bono no llegó”, contó a este Diario una de las representantes del Sindicato de Trabajadores del Hospital Pediátrico (SITRAHPE).

A su vez, Jorge “Koki” Duarte (titular de ATE-CTA Auténtica de Misiones) explicó a PRIMERA EDICIÓN que representantes de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA), de ATE y la Central a nivel nacional mantuvieron comunicación con el viceministro de Salud nacional Arnaldo Medina con el fin de agilizar el pago y reclamar por medidas de protección.

“La presidente de FESPROSA, María Fernanda Boriotti, nos informó que estaría la decisión de Nación de avanzar en el pago a toda la atención primaria del bono de $5.000. Se espera la definición formal para comunicarlo pero es producto del reclamo que se hizo. Es muy importante que la bonificación alcance a la totalidad de trabajadores y trabajadoras del sistema sin importar en qué nivel de atención presten servicio”, indicó Duarte.

En esa charla “se evaluó el pago de los meses de abril y mayo juntos pero no hay una fecha concreta de pago. Los funcionarios nacionales explicitaron que las dificultades de construcción de un padrón para el pago se debió a demoras en la información recibida desde las provincias”, explicó el titular de ATE-CTA. “Para los CAPS se utilizará la plataforma del programa Sumar para transferir recursos a provincias y municipios”, puntualizó Duarte.

 

Reclamos por bioseguridad

Así como en Misiones la demanda de protección de los trabajadores de la salud se extiende a otras jurisdicciones.

“Los compañeros recibieron de las autoridades nacionales, una copia para revisión final del Plan Nacional de Cuidado de Trabajadoras y Trabajadores de Salud en el marco de la Pandemia del COVID-19. En principio se habrían tomado las propuestas que se hicieron llegar desde ATE y CTA Auténtica. Entendemos que se empezará a implementar en los próximos días”, informó “Koki” Duarte.

 

Siguen las repercusiones

Más sectores del sistema sanitario expresaron su rechazo a las declaraciones del ministro de Salud provincial, Oscar Alarcón, respecto a los motivos del contagio de 8 trabajadores del Pediátrico y el Materno Neonatal de coronavirus. El funcionario dijo a este Diario que se debió a “la forma de utilización de la protección” por parte de los trabajadores de los nosocomios .

En un comunicado los trabajadores del Pediátrico calificaron los dichos como “totalmente fuera de lugar porque escracha a los que estamos al pie de la Emergencia Sanitaria, generando desconfianza en la sociedad con respecto a nuestro accionar”.

Explicaron que la cantidad de contagios en el Pediátrico, se debe a que “los más expuestos son los que trabajamos en salud”, y recordaron además que “el 30% de la planta del Pediátrico, es gente mayor a 60 años”, lo que corresponde a la población de mayor riesgo ante el COVID-19.

En la misma línea, Franco Meggi, uno de los referentes del sector de Enfermería del Hospital Madariaga, dijo que “fue un golpe duro” ya que “nos sentimos constantemente observados por la sociedad. Por ejemplo, la niñera de una colega la abandonó porque tiene miedo de contagiarse, o muchos delivery ya no trabajan en el Hospital… hay mucha discriminación y las palabras del Ministro no ayudan”.

 

El problema no es la falta de elementos sino la calidad

Pese al enojo, en algo concordaron con Alarcón: el problema no es la falta de elementos de protección, sino la “pésima calidad de los equipamientos” o “falta de acceso” a ellos. Meggi habló de los termómetros: “Andan mal. Te da un valor de 34º o 35º si estás saludable, siendo que es un valor que no es normal, porque si fuera correcto significa que tenés la temperatura por el suelo”.

Aseguró que “los elementos están en el hospital pero es todo un drama poder usarlos, no te los dan”. Sin embargo, el enfermero destacó que su situación es diferente a la que se vive en el resto de la provincia, ya que “mis colegas del interior me cuentan que ellos no tienen ni la mitad de las cosas que nosotros”.

Tags: #saludBonocoronavirusCovid19Pediatría
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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