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No hubo acuerdo en el INYM y el precio de la yerba mate será fijado por laudo

10 marzo, 2020

Finalmente los precios del kilo para la hoja verde y la canchada serán fijados por laudo. Es así que los nuevos valores para la zafra 2020 que arranca el 1º de abril serán determinados por Nación.

Las partes que conforman el directorio del Instituto Nacional de Yerba Mate (INYM) intentaron llegar a un acuerdo y evitar el laudo; sin embargo tras una tensa negociación no llegaron a determinar un monto.

En la resolución, que va a laudo, cada sector volvió plantear los números que consideran correctos.

De esta manera, el productivo solicita que el kilo de hoja verde puesta en secadero sea de $21, se trata de un número más bajo que el estipulado al principio que era de $25,50. A su vez, Secaderos solicita que el kilo de yerba sea de $22 y la canchada cueste $83,60.

En tanto, el representante del Gobierno de Misiones pide que el valor de la hoja verde sea de $22 y la canchada deja que sea determinado por Nación.

Desde el sector de los trabajadores rurales solicitan $21 para la hoja y $80 para la canchada y el sector cooperativo acompaña dichos valores. Mientras que la industria propone que la hoja verde cueste $20 el kilo y la canchada $76.

Ricardo Maciel, representante del Gobierno de Misiones en el directorio del INYM, dijo a PRIMERA EDICIÓN que “el sector productivo bajó sus pretensiones hasta $21 por kilo de hoja verde, pero hubo diferencias en cuanto a la canchada”.

En este punto, explicó que con $21 la molinería ofrecía el pago de canchada hasta $77. “Secaderos planteó que por $21 pedían $80 la canchada. Se buscó la forma, pero no se logró reducir la brecha”, comentó.

Mencionó que “se trató de acordar el precio de la hoja y mandar a laudo la canchada, pero tampoco se logró la unanimidad”.

 

Producción y secaderos

Jorge Haddad del sector productivo dijo a este Diario que “fuimos bajando a nuestras pretensiones a límites insostenibles”. Adicionó que “hicimos un esfuerzo, pero naufragó y hubo mucha mezquindad de algunos sectores y quedó reflejado en el pedido de laudo”.

En cuanto al monto propuesto por el sector, apuntó que “se llegó a $21, pero no estábamos satisfechos sino que era un valor piso para tener algo de referencia y encontrar un punto de negociación”.

En relación al laudo, sostuvo que “lo vemos incierto porque no sabemos qué va a pasar. Creo que será perjudicial para todos. Lamentamos no haber encontrado un valor”.

Sergio Delapierre, representante de Secaderos, manifestó que “al inicio de las negociaciones se había coincido en mantener una relación de 3,8 kilos de hoja verde por cada kilo de canchada, pero hubo sectores que no estaban de acuerdo con esa relación porque la consideraba excesiva y; por eso presentaron números distintos”. Aclaró que “se trató de llegar a un acuerdo pero no pudimos”.

En cuanto a la postura del sector, indicó que “hemos pensado que, a diferencia de otras oportunidades, el mercado -hoy- es totalmente favorable a los aumentos de precios del producto porque se vende por arriba de los $22 la hoja verde y por encima de los $85 la canchada”.

Agregó que “consideramos que era una pena que seamos nosotros -el Instituto- los que tirásemos el valor hacia abajo, siendo que ya se está comercializando a esos valores”.

 

En contra de la modificación de la ley del INYM 

Las asociaciones de productores yerbateros se reunieron para sentar postura en cuanto a la posible modificación de la ley del INYM debido a que se presentó un proyecto a nivel nacional con tal fin. La iniciativa fue propuesta por el diputado nacional Héctor “Cacho” Bárbaro.

A través de un escrito señalaron que “nos oponemos a cualquier modificación de la ley 25.564 de creación del INYM que se haga sin haber consultado ni debatido con los sectores involucrados”. Recordaron que “la creación del Instituto dio racionalidad a la cadena yerbatera, permitiendo el crecimiento de todos los sectores y una distribución más justa de la riqueza”.

El presidente de la Asociación Civil Yerbatera del Norte,Julio Peterson dijo a PRIMERA EDICIÓN que “para hablar de una modificación deben estar presentes todos los actores, no algunos”.

Recordó que “está el plan estratégico en el que se delineó hasta el 2028 lo que se quiere hacer”, como ser el mejoramiento de la obra social, de las técnicas para el yerbal, la modernización del Instituto, entre otros.

Subrayó que “no necesitamos hacer caja, lo que se debe hacer es resguardar una herramienta creada por los productores genuinos en 2001 y 2002”.

Hugo Sand,de APAM, señaló que “estamos preocupados por está propuesta del Fondo Especial Yerbatero (FEY) porque creemos que esto es recaudatorio es un nuevo peso para el sector de la producción y esto se trasladará hacia el consumidor y la hoja verde”. Agregó que “la ley está perfecta, no hay que manosearla sino que hay que cumplirla”.

Tags: LaudoPrecioYerba
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Este sábado 7 de febrero a las 20.30 se presentará en la ciudad la obra “La vida terrenal”, un exquisito monólogo escrito por el dramaturgo contemporáneo Santiago Loza, con dirección de Williams Sery y la actuación protagónica de Fanny Carolina Duarte. La función tendrá lugar en el espacio Río Mío, ubicado en Belgrano 1771, en pleno centro.
En diálogo previo al estreno, Williams Sery —director y actor— contó detalles de la propuesta y destacó la potencia del texto y del trabajo actoral. “Este sábado nos presentamos con La vida terrenal, una obra escrita por Santiago Loza, un autor de muchos monólogos que son muy, muy buenos e interesantes. Ya había tenido la oportunidad de hacer otro texto suyo y ahora venimos con esta historia tan particular”, señaló.
Tras una audiencia realizada  en el Ministerio de Trabajo de la provincia, el gremio UTICRA llevó tranquilidad a los trabajadores de la planta DASS de Eldorado  al confirmarse, por escrito, la continuidad laboral al menos durante el primer semestre del año. Así lo informó Gustavo Melgarejo, delegado sindical, luego de la reunión mantenida con representantes de la empresa.“El eje central de esta audiencia fue conocer precisiones sobre la situación de la planta y de los trabajadores. Tocamos los puntos clave que ya habíamos planteado en asamblea frente a los compañeros”, explicó Melgarejo.Uno de los reclamos principales del sindicato fue la reincorporación de los empleados despedidos. Sin embargo, desde la empresa señalaron que actualmente no cuentan con pedidos suficientes para justificar esas reincorporaciones. “La empresa dejó en claro que hoy no tiene pedidos para esa gente, por lo que queda muy difícil la reincorporación en este momento. De todas maneras, no descartan volver a llamarlos si se levanta la actividad”, indicó el delegado de UTICRA.
La discusión pública sobre la baja en la edad de imputabilidad penal de los adolescentes volvió a instalarse con fuerza en el inicio de este año, a partir de una serie de crímenes que conmocionaron a la sociedad. Entre ellos, el caso del adolescente de 15 años de Santa Fe, Jeremías Monzón, además de otros dos hechos de extrema violencia, funcionaron como detonante para que el Gobierno nacional anunciara la inclusión de una nueva Ley Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso de la Nación.En este contexto, distintos sectores comenzaron a expresar su postura. Uno de ellos fue la Iglesia Católica, que a través de un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó su preocupación ante la propuesta de reducir la edad de imputabilidad penal.Sobre este posicionamiento, el sacerdote de la Iglesia San Benito, Daniel Pesce, señaló a Primera Plana  que “es preocupante que la única respuesta que proponga el Estado nacional sea justamente la baja de la edad de la imputabilidad”, y advirtió que de ese modo “se achica totalmente la discusión y no se mira la problemática profunda que existe”.“El problema se aborda cuando ya está ejecutado el delito, pero creemos que es necesario que el Estado se preocupe por prevenir el acceso de los menores al mundo del delito, con políticas integrales”, sostuvo el sacerdote, en línea con lo expresado por los obispos argentinos.
Una nueva situación de conflicto sacude al Hospital Garrahan, una de las instituciones de salud pública más emblemáticas y valoradas del país. El interventor del hospital anunció la apertura de 30 sumarios administrativos y el despido de 11 trabajadores, en el marco de las protestas realizadas el año pasado para reclamar mejoras salariales. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) denuncian que se trata de una represalia directa contra quienes encabezaron las medidas de fuerza.En diálogo con Primera Plana  la licenciada Norma Lezana, secretaria general de APyT, aseguró que la medida representa “un ataque político y sindical del Gobierno Nacional” y advirtió sobre la gravedad institucional de la situación.“En este momento estamos viviendo un ataque del Gobierno Nacional, anunciado públicamente por el vocero presidencial, dando por hecho cesantías y suspensiones sobre 40 trabajadores por haber luchado y protestado”, afirmó Lezana. Y aclaró: “Nosotros estamos en un proceso sumarial, con lo cual no pueden decir que estamos cesanteados. Sin embargo, ya nos condenan públicamente”.
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