En medio de una región que no huele a pólvora pero atraviesa una guerra, en donde no hay hoguera pero las acciones son inquisitorias y contra el ecocidio y el nominalismo, magistrados denominados -para ajustar la explicación- como “franciscanos”, desembocaron en Misiones durante las últimas horas para cargar cimientos y acordar los primeros pasos de cara la trascendental reunión en marzo en Puerto Iguazú, segunda cumbre del Comité Paranamericano de jueces y juezas por los derechos sociales.
El juez Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, Roberto Andrés Gallardo, también presidente fundador del Comité Panamericano desde junio pasado, organismo con referencia en Jorge Bergoglio como primera bandera, más Gustavo Daniel Moreno Asesor Tutelar ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires y el juez Correccional y de Menores 2 de Posadas, César Raúl Jiménez dialogaron con PRIMERA EDICIÓN de los objetivos de este ámbito de discusión judicial abierto por el papa Francisco que enfrenta la crisis regional y sus particularidades.
A modo de tarjeta de presentación coincidieron: “Somos jueces y juezas panamericanos convocados por el papa Francisco y estamos en un proceso de tiempos inquisitivos, de tiempos que creíamos superados y debemos impregnar nuestras acciones con rasgos marcados por los derechos humanos”. El viernes se reunieron con el gobernador electo de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, antesala de la reunión del Comité Panamericano y para fijar en esta provincia la filial argentina de los “jueces franciscanos”.
“Laudato si”
La encíclica de Francisco es uno de los motores del Comité, Gallardo como cabeza lo resumió: “Es la visión holística y la que se toma para oponerse a una crisis terminal que necesita de racionalidad empeño y fórmulas creativas de reversión, debemos motorizar transformaciones y el comité es el puntapié. No es un grupo religioso, es abierto y convoca a todas las religiones, pero el problema atraviesa a todos, agnósticos y ateos también”.
En el mismo carril Moreno apuntó: “El Papa es un líder mundial, y el nominalismo le preocupa, enfrentamos leyes y tratados de derechos humanos sin cumplir”.
Como avance de la contextualización amplió: “Es claro que con 40 por ciento de niños pobres en Argentina, la propia UCA y la UNICEF lo sostienen, se vulneran los derechos de la mitad de la población. En los barrios populares la mayoría son niños, niñas y adolescentes, con derechos humanos violados”.
“La mayoría de los menores judicializados son niños que cometen delitos contra la propiedad, eso indica claramente que el 80 por ciento son de barrios pobres y la solución no pasa por la represión del derecho penal sino la salida puesta en la reivindicación de los derechos económicos y sociales”.
“Modificar o crear un régimen penal juvenil es un intento de varios gobiernos en el último tiempo, pero este (alianza Cambiemos) insistió mucho más. Bajar la edad de imputabilidad o la institucionalización de los menores no es una solución. Hay que garantizar primero la seguridad alimentaria, sanitaria y educacional a cada niño del país”.
La visión es compartida por el juez anfitrión: “Es represivo el intento de bajar la punibilidad a los menores, pero también ocurre con los adultos, donde todos los procesos se invierten. La prisión preventiva es lo común, es la doctrina de la carga de la prueba invertida por la simple sospecha o condena mediática”, realzó Jiménez.
Según la descripción de Gallardo “se atraviesa un estado de injusticia social con programas de ajustes subordinados a intereses extranjeros y no a los intereses de nuestro pueblo. Esto genera violencia estructural y apunta a sectores oprimidos, en situaciones de indignidad. La lógica para mantenerla es un proceso represivo. Es el poder que genera la violencia y para neutralizarla impone más violencia. Un juego de espiral violenta”.
“Hoy el Estado perdió legitimidad para punir, porque es el propio Estado el que genera la violencia. Si el Gobierno decreta y compensa a las compañías petroleras con 25 mil millones de pesos y el próximo Gobierno analiza un programa alimentario de 40 mil millones de pesos, es una ofensa para el pueblo argentino que un Gobierno que se está yendo comprometa aún más a los pobres para beneficiar al sector de concentración económica mundial, las compañías petroleras, esto es inadmisible y el Poder Judicial no puede tolerarlo”.
“Francisco denunció las práctica del lawfare, la utilización de los medios de comunicación y de la Justicia para modificar los escenarios políticos y esa utilización obedece a la intención de retrogradar los derechos esenciales, de legitimar procesos de dominación”. “Es una guerra de cuarta generación y está ocurriendo en todo el continente y se evidenció en Chile, Bolivia, en Ecuador y Perú. Hay una acción coordinada, no podemos ser ingenuos y pensar que la desestabilización surge de la nada. Hay un intento de disciplinar con estos movimientos”.
“El mismo riesgo corre Argentina, este proceso es el final de la guerra abierta pero el escenario de disputa está en la mente, en la televisión, en erosionar la cosmovisión hasta generar la división. Ya fue hecho en Venezuela. Son nuevas técnicas de invasión, sin armas. En Brasil utilizó al Poder Judicial y en Argentina tenemos alumnos que fueron al mismo colegio”.
Moreno lo redondea: “El comité recién comienza y tiene resistencia de la corporación judicial, pero hay muchos jueces que deben pensar en el hombre de a pie. Son derechos inmediatos, no pueden los defensores de la niñez dormir la siesta con un 40 por ciento de niños en la pobreza, deberían estar interponiendo acciones judiciales. Esto no es para ganar amigos, debemos defender a los niños y a los sectores populares con acceso a la justicia básica y real”.
