Carlos Adrián Núñez pasó de ser un joven abogado de perfil bajo, en pocos años, a manejar una extensa cartera de negocios vinculados al Estado. Primero con la Municipalidad capitalina y, ahora, con un Poder de la Provincia, con ramificaciones todavía desconocidas pero muy satisfactorias a juzgar por los pocos números que se conocen.
Saltó a la fama en medio de una polémica maniobra de cobro externo en la comuna de Posadas, iniciando demandas millonarias contra varias empresas que, luego, se arreglaron de modo extra judicial.
El estudio del abogado percibía un porcentaje de los cobros logrados pero, cuando las deudas crecían, también se agrandaba su comisión. Un sistema similar al que utiliza la Dirección General de Rentas (DGR) de la Provincia.
Las demandas por publicidad en cartelería, luego contra grandes empresas y finalmente contra SAMSA, lo pusieron en la mira por la jugosa recaudación que exigía.
Debido a esto se modificó su relación con la comuna y, desde el Ejecutivo, se estableció un sueldo fijo como “asesor” o “apoderado” por 650 mil pesos mensuales en el año 2016, hace tres años, cuando esa cifra valía prácticamente el doble que en la actualidad.
Al parecer, en el aspecto formal, se habría alejado de la gestión de cobranza comunal después de conocerse ese episodio. Dejó en su lugar a alguien muy cercano y de confianza.
Algunos creen que sigue “manejando los hilos”. Lo cierto es que se diversificó. Ahora, de acuerdo a información a la que accedió PRIMERA EDICIÓN, incursionó en el rubro inmobiliario ya que tuvo la suficiente “solvencia económica” como para construir un edificio sobre la avenida Alem (Nº 3417), casi Santa Catalina, que está siendo alquilado desde hace pocos meses por el Poder Judicial, para el Cuerpo Médico Forense.
La propiedad, según una fuente de información que conoce los entretelones del caso, habría sido comprada en sociedad entre Núñez y otro abogado al que conoció en Buenos Aires y al que habría convencido de venir a trabajar a Misiones. El colega en cuestión actualmente es subdirector de Rentas provincial, bajo el ala de Miguel “Pimpi” Thomas.
Dos corredores inmobiliarios consultados en forma extraoficial para este informe, estimaron que “por su ubicación y tamaño” no debe valer menos de 500 mil pesos mensuales un alquiler de esos.
Otro funcionario judicial sostuvo que escuchó hablar a un ministro de la Corte de “700 mil pesos por el edificio del Cuerpo Médico Forense”.
El cartel de obra, que estuvo colocado a unos seis metros de altura y detrás del único árbol de la vereda, identificaba como “prop” (SIC), que sería propietario, a “N.C.A.”, que serían las iniciales de Núñez, Carlos Adrián.
La licitación, si es que hubo para otorgar la adjudicación del alquiler, no se conoció públicamente como tampoco los montos que se pagan para tal fin a los locadores.
La única comunicación oficial respecto del tema, es una “gacetilla” del año pasado del Poder Judicial, titulada “Nuevas instalaciones del Cuerpo Médico Forense”, donde se informó que “desde el próximo 30 de septiembre (NdR: “de 2018”), el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de la Provincia abrirá sus puertas en el nuevo edificio, sito en avenida Alem Nº 3417 de Posadas”.
De esa manera, se expresó que: “Con una estructura moderna y unificada, se concluye con la primera etapa del plan de reestructuración de este organismo auxiliar de la Justicia, propuesto por el Sr. Ministro de Enlace, Dr. Cristian Marcelo Benítez, recepcionada y aprobada por el Superior Tribunal de Justicia, mediante Acordada 23/17”.
“Esta nueva disposición busca la conformación de un edificio unificado y estratégicamente ubicado, donde se encuentre gran parte de los profesionales de la medicina, peritos y otros auxiliares de esas ciencias”, agregó la información difundida el año pasado por el Superior Tribunal.
Finalizó el comunicado indicando que: “A su vez, a través de la implementación de un reglamento y organigrama totalmente renovados con pautas claras en la organización del trabajo, se busca brindar un mejor servicio en la atención, celeridad y calidad a todos los ciudadanos que lo requieran para un mejor servicio de Justicia”.
Se trata de un coqueto edificio con oficinas en planta baja, tres pisos y estacionamiento, cuya obra fue terminada recién a mediados de 2018 (nueva). Según el expediente que figuraba en el cartel de la obra, la misma habría comenzado en 2013.
El único problema que tuvo (y que a esta altura debería estar resuelto) es que la “sucesión” en la que se encontraba la propiedad, hizo demorar los trámites y al momento de firmar el contrato para la locación del edificio, aparentemente, no tenía título a nombre de los nuevos propietarios. Tal vez por eso, el contrato no tendría la firma del presidente del STJ, Froilán Zarza, sino de otro ministro, uno de los más jóvenes y últimos en llegar a la Corte que se encargó de la reubicación del Cuerpo Médico Forense.
En la cúpula del Poder Judicial todos están al tanto de que el edificio pertenece al yerno del “inoxidable” ministro del STJ, Jorge “Kiko” Rojas, pero hacen “la vista gorda”. Por lo bajo, se justifican en que “no se viola ninguna norma”. Rojas también colocó a familiares directos y parientes en el Gobierno. Su hija, esposa del abogado multirrubro, es funcionaria del Tribunal de Cuentas.
Otros creen que sí hubo influencia del funcionario para que el marido de su hija sea el oferente elegido. Algunos más aventurados hasta se animan a decir que ese alquiler ya estaba “apalabrado” antes de que se termine de construir la obra.
Núñez, además, es sobrino del exintendente de Iguazú y diputado (provincial y nacional) con mandato cumplido, Timoteo Llera. Los posadeños que habitan el complejo Agua Vista, un paraíso residencial de primer nivel en la vecina costa paraguaya del río Paraná, comentan que lo ven seguido en una lujosa vivienda del predio y que tiene por hobby jugar al golf.
Un funcionario de la oposición, que prefirió mantener su nombre en reserva, señaló que “la Ley de Ética pone restricciones al hecho de que los funcionarios favorezcan con negocios desde el Estado a sus familiares. Esto podría derivar en una denuncia”.
“Indirectamente está favoreciendo económicamente a su hija”, sostuvo, pero reconoció que “viendo la hegemonía del oficialismo en la Justicia, difícilmente alguien se anime a presentarla”.
Un abogado multirrubro
En su paso como encargado de cobranzas judiciales de la Municipalidad de Posadas, Núñez tuvo encontronazos con muchos empresarios y gerentes de grandes empresas contribuyentes, siendo los casos más resonantes el Casino de Posadas, la forestal Bosques del Plata y SAMSA. Hubo cientos de reclamos de los sectores del comercio.
En la mayoría de los casos se exigieron grandes sumas como ajuste de deudas o pagos incumplidos, pero casi todos los reclamos terminaron, luego de algunas charlas, con arreglos extrajudiciales de montos importantes que motivaban el retiro de la demanda. En el Gobierno algunos dicen también que su estudio, junto a otros socios, tuvo o tendría vinculaciones comerciales con la tarjeta de beneficios que promociona la Municipalidad para aquellos contribuyentes que se encuentren al día con sus pagos de tasas.
El negocio de las tarjetas tiene, además, otro beneficio político porque la cartelería fija que se montó en la ciudad (calles, avenidas, plazas) para promocionar el plástico oficial, también es utilizada en época política para promocionar a los candidatos.
Un funcionario de la Provincia aseguró que los carteles vinculados a la tarjeta “actualmente están promocionando la candidatura presidencial de la fórmula Fernández-Fernández”. Esa sería otra veta de los negocios.
