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“Me desvestí rápido por los golpes, pero me dieron patadas y sopapos”

21 septiembre, 2019
sdr

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DESPLIEGUE. Romero, uno de los tres acusados, dio su versión con guantes de látex del mismo tipo que, aseguró, utilizó en las requisas que encabezó.

“Sí, los recuerdo, son los tres señores que están acá sentados los que me golpearon, no me puedo olvidar”, soltó con calma durante la tarde de ayer, Oscar Alfredo Carvallo, un albañil de 50 años y uno de los seis internos en la prisión federal de Candelaria que, en octubre de 2007, denunciaron que fueron sometidos a una violenta requisa que hoy es juzgada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas.

El exconvicto por narcotráfico, cumplió una pena de ocho años, se mostró seguro y durante una hora relató lo sucedido en los pabellones de la cárcel, donde fue uno de los atacados, presuntamente, por tres guardiacárceles misioneros: José Luis Acosta (42), Ricardo Antonio Figueredo (39) y Víctor Javier Romero (40), encartados por el delito de “severidades y vejaciones”, también conocido como “apremios”.

“Entraron a los gritos, nos pusieron a todos, como cuarenta amontonados contra el fondo del pabellón, con la cabeza para abajo y mirando a la pared. A mí me golpearon para que me desvista rápido. Recibí golpes por todos lados, patadas, sopapos. Me llevaron a la mitad del pabellón y me pegaron caído en el piso, me revisaron y me puse rápido la ropa. Cuando me sacaron al pasillo siguieron con los golpes”.

Carvallo también resaltó que fue la primera requisa que le tocó con tanta violencia y que por ello decidieron llamar al delegado de la Procuración Penitenciaria Federal, Jorge Ávila, “para contarle lo que había pasado. Vino y nos sacó fotos de las heridas pero no todos firmamos el papel, sólo seis pero fuimos muchos más los golpeados”.

También aclaró que “a los pocos días me trasladaron a Buenos Aires, al penal de Marcos Paz y después a Rawson”, presidio de máxima seguridad del país. “No había motivo para eso, yo en Candelaria estudiaba y trabajaba, mi familia me podía visitar”.

Durante la última jornada de testimoniales, los jueces Norma Lampugnani, Manuel Alberto Jesús Moreira y Víctor Antonio Alonso, oyeron el relato de exdelegado de la Procuración Penitenciaria que inició la causa por apremios el lunes 1 de octubre de 2007. Jorge Luis Ávila, detalló los pasos que siguió desde el momento que lo llamaron por teléfono desde la prisión porque una requisa se habría transformado en una tunda feroz de golpes entre las 8 de la mañana y el mediodía del día mencionado.

Aclaró que su función de contralor de las condiciones de los internos atravesaba “inconvenientes porque en esa época la Procuración era una institución nueva. Entre los guardiacárceles había cierto grado de rechazo a la fiscalización (…) En este caso había internos que habían recibido una golpiza y lo quisieron mostrar, denunciar, por eso tomé las fotos con mi celular, me lo permitieron las propias víctimas. Hablé con todos y con seis heridos labré un acta en el marco de mis funciones”.

“Dos días después, el médico de la Procuración vino desde Corrientes y ratificó las lesiones (…) Y para el 8 de octubre comenzaron los traslados arbitrarios de los denunciantes por lo que se presentaron los habeas corpus ante la Justicia Federal de Posadas”.

“Los denunciantes coincidieron en que los golpearon, que les pegaron con puños, arrodillados, desnudos y sufrieron vejaciones. Varios dijeron: ‘Me obligaron a abrir el ano’, eso consideré una vejación”.

DESDE LEJOS. Por videoconferencia se oyeron y vieron a 2 exinternos de Candelaria.

Sobre este tipo de apremios, Gregorio Javier Verón, detenido hoy en la Unidad Penal III de Eldorado, relató luego su padecimiento en Candelaria: “De a uno nos iban sacando de la pared y nos decían ‘dale, desnudate y abrí el libro’, yo no sabía que era eso y a los golpes me lo hicieron saber”.
“No sé por qué se agarraron conmigo y con los demás, fueron tan violentos que muchos no quisieron denunciarlos por miedo a los traslados. Todo el tiempo que nos golpearon estuvimos desnudos en el piso y entre dos camas. No había médico ni enfermero en la requisa y los golpes en los demás pabellones también se escuchaban, manotazos sonaban. Hasta el mediodía nos mantuvieron así y cuando volvimos al pabellón nos pusimos a ordenar y recoger todas nuestras pertenencias rotas, hasta las fotos y cartas de las familias habían roto y tirado por el suelo, nada sano dejaron”.

“A la semana siguiente me trasladaron tal como me lo dijeron, que iba a ir a lavar ropa al Chaco, y eso hicieron cuando yo estudiaba y trabajaba en Candelaria”.

Los testimonios de ayer incluyeron declaraciones en directo y por videoconferencias satelitales desde Capital Federal. Luis Alberto Torres (66) albañil y jubilado relató su parte de lo sucedido en octubre de 2007 en Candelaria: “Estaba detenido allí y sentí esa mañana los golpes, no nos dejaban girar para ver porque estábamos contra la pared y la cabeza agachada. Después nos sacaron afuera del pabellón y se seguían escuchando las palmadas fuertes. No recuerdo que nos haya revisado un médico o un enfermero. Durante un años, cinco meses y tres días que estuve preso al menos cuatro requisas pasé, pero ninguna fue tan violenta como esa, nunca maltratados así. Firmé el papel por los que fueron golpeados, escuché lo que pasó, se oían los sopapos desde lejos”.

Salinas Viveros (59), paraguayo residente en el barrio porteño de Barracas también declaró por videoconferencia y en el mismo sentido que el testigo anterior aseguró que la requisa “fue rigurosa, tres o cuatro horas duró. Escuché los golpes, no los vi, pero los oí bien”.

Este testigo, como todos los que declararon durante el debate negó que el delegado Ávila le haya ofrecido algún beneficio en 2007 para perjudicar al Servicio Penitenciario. Y a su vez descartó que los internos se autolesionan con el mismo propósito.

Guantes de látex

Víctor Romero, acusado y quien estaba como jefe de requisa en la Unidad Penal 17 cuando se denunciaron las vejaciones y severidades contra los reclusos, pidió declarar ayer ante el Tribunal y con un estilo particular e inédito dentro de la sala de audiencias de calle Félix de Azara, brindó su coartada parado desplegándose por el recinto y con guantes de látex puestos.

“Los compré hoy para mostrarles como son los que usamos para las requisas: “Nosotros (guardiacárceles) estamos preparados para cuidar la integridad física de los internos y la nuestra (…) Y el lunes 1 de octubre de 2007 hice una requisa general y de rutina, secuestramos pajarito (bebida destilada de frutas en descomposición) y elementos contundentes”. Se dijo inocente de las acusaciones y que “mi carrera tiene un promedio 100 (calificación más alta del SPF) y no pude ascender más”.

Coincidencia curiosa

Para el próximo martes 1 de octubre se fijó la reanudación del debate para cerrar la presentación de pruebas, oírse los alegatos y analizar y firmar una sentencia. Será en el mismo día que se cumplirán doce años de la requisa denunciada.

Tags: Apremios ilegalesPenal Federal de CandelariaServicio Penitenciario FederalVejaciones
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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