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Revuelo en Montecarlo por el costo salarial de algunos funcionarios municipales

13 septiembre, 2019

Un fuerte revuelo sacude en las últimas horas al municipio de Montecarlo luego de que se filtraran datos desde un informe enviado por el Ejecutivo Municipal al Concejo Deliberante donde figuran los montos que cuestan los sueldos de algunos funcionarios.

El principal señalado en el ojo de la polémica es el intendente, Jorge Lovato, sucesor del “pelista” Julio “Chun” Barreto, cuyo salario le cuesta al Estado municipal la suma de 132 mil pesos por mes.

PRIMERA EDICIÓN consultó con el funcionario quien prefirió no hacer declaraciones ni aclaraciones del tema.

Sin embargo, la polémica ya está instalada desde que nadie pudo salir a desmentir que el sueldo de diez funcionarios municipales cuesta a las arcas de Montecarlo la suma de 7,5 millones de pesos.

Sobre todo por la comparación con los salarios municipales y pérdida de poder adquisitivo que vienen sufriendo con la fuerte inflación de los últimos años, que tuvo un promedio de 45-50% anual y que no tuvieron el mismo incremento de parte de las autoridades.

Además, justo en este momento los trabajadores nucleados en ATE y UPCN se encuentran movilizados exigiendo aumento en sus haberes y un puñado de pases a planta permanente para los contratados con más antigüedad.

Según Lucas Rottoli, delegado de ATE, un empleado municipal de la categoría inicial en Montecarlo -categoría 12-, está percibiendo $8-9 mil mensuales de sueldo básico, a lo que se añaden la antigüedad y horas extra.

Pero “debido a la situación económica, en Montecarlo, recortaron las horas extra (por la suba del mínimo), y esas horas extra sirven para complementar (el sueldo)”, subrayó.

“Estamos peleando los dos gremios para que sea realidad la estabilidad laboral. De parte de ATE, tenemos 24 compañeros en esa situación. Los de UPCN serían la misma cantidad”, comentó el delegado, añadiendo que el reclamo alcanza a los 50 pases a planta.

 

El costo de los funcionarios

En medio de este conflicto hay dirigentes de la CTA que hicieron trascender la información sobre las dietas y sueldos que perciben Lovato y su gabinete, que surgen de un informe enviado por el Ejecutivo Municipal al Concejo Deliberante, que se realiza periódicamente cada tres meses.

Al mes de mayo, el salario de diez funcionarios municipales representaban una erogación mensual de 631.146 pesos, la cual, proyectada en el año, alcanza los 7,5 millones de pesos.

La nómina está encabezada por el intendente Lovato $132.072; la asesora legal: $85.015; el contador: $85.015; los directores de Seguridad Urbana $80.037; de Acción Social $79.937; de Tránsito $55.476; de Hacienda $54.876; de la intendencia $52.406; de Deportes $50.997 y el secretario de la Juventud $35.352.

Vale aclarar que los diez sueldos juntos totalizan 631 mil pesos mensuales y suman casi 7,5 millones de pesos al año pero no son las sumas que perciben los funcionarios de bolsillo. A estos números hay que descontarle los aportes y las contribuciones.

“Apoyamos el paro de los trabajadores municipales porque creemos que los trabajadores no podemos seguir pagando el ajuste. El salario municipal sin las horas extras es de los más bajos, por eso debemos pelear por un sueldo acorde a la canasta básica”, señalaron desde la CTA Autónoma que tiene fuerte presencia en Montecarlo.

Tags: MontecarloPolémicaSalarios
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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