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“La delincuencia es una problemática de la salud mental”

9 agosto, 2019
Imagen ilustrativa

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Bajo el nombre de “Proyecto de Seguridad Humana”, el equipo del Centro Integral de Salud Mental y Acompañamiento Terapéutico confeccionó una iniciativa pensando en la rehabilitación de los sujetos que deben volver al ámbito social luego de años privados de su libertad.

Con la intención de generar redes entre diversos ministerios, plantean la necesidad de un tratamiento interdisciplinario, para que las personas que cumplieron sus penas en las penitenciarías puedan acceder a un trabajo u aprender oficios mediante un programa o una ley provincial. De lograr implementarse, estas alternativas comunitarias podrían evitar la reincidencia en la delincuencia de estos sujetos.

“En el cumplimiento de una pena, vemos que la institucionalización desprepara aún más a una persona para vivir en sociedad de lo que ya estaba. En algún punto, va reproduciendo las mismas condiciones de desviación de lo social. En este sentido, la delincuencia pasa a ser una problemática de la salud mental y no se la reconoce como tal”, explicó a PRIMERA EDICIÓN el presidente del CISMAT, Nicolás Andorno.

En cuanto al proyecto elaborado, aclaró “como agentes de salud mental, nos interesa introducir estos dispositivos que funcionan muy bien en la rehabilitación social de pacientes psiquiátricos, para pensarlos también para personas que han cometido un delito y han tenido que cumplir una pena en una unidad penitenciaria. Por eso, es necesario trabajar para que en Misiones podamos pensar en un proyecto de ley o un programa de seguridad articulado desde diferentes ministerios, para llevar adelante esta iniciativa relacionada con el bienestar social”.

Este plan de trabajo contempla la posibilidad de acceder a dispositivos ambulatorios de salud mental, sobre lo cual Andorno indicó que “implica que la persona en tratamiento pueda deambular libremente por la sociedad. Sostener esto es generar dispositivos de salud mental, es decir, recursos que permitan que la persona pueda tratarse comunitariamente y no institucionalizado. En ese contexto, a nivel laboral, se pueden generar experiencias que ya funcionan en otras partes, como generar subsidios para las empresas que estén dispuestas a contratar a estas personas con un seguimiento por parte de estos equipos. Desde lo personal, académico y hasta afectivo, se pueden desarrollar todo tipo de proyectos”.

A nivel de los tratamientos, este profesional de la salud mental señaló que “en algún punto, tiene que ver con un tratamiento que intenta revertir las condiciones de producción de esa subjetividad desviada. En estos años ha sido posible la reinserción de pacientes psiquiátricos, con la diligencia de recursos cognitivo y mentales que tienen, entonces imagínense lo que podremos lograr con aquellos que cumplieron un delito y cumplieron su condena. Estas personas cuentan con más recursos para una reinserción efectiva”.

En materia del trabajo articulado, Andorno adelantó que “si bien esta inserción parte del campo de los profesionales de la salud mental, psicólogos, acompañantes terapéuticos, trabajadores sociales, quizás terapistas vocacionales, psiquiatras en el caso de necesitarse algún tratamiento farmacológico, primero debemos pensarlo como un equipo interdisciplinario, donde se construye con varios aportes. Además, es necesario que estos equipos cuenten con una visión comunitaria, es decir, que puedan generarse redes que lleguen a la comunidad”.

Sobre la vida de quienes cumplen una condena y su diferencia con lo social, remarcó que “la toma de una iniciativa y decidir por uno mismo, que es necesaria para vivir cotidianamente, en una unidad penitenciaria atentan a la lógica. Dentro de una cárcel las personas se limitan a obedecer órdenes; no eligen qué comer o cuando higienizarse, dormir o despertarse; esto a través de los años convierte a las personas en unos ‘robots penitenciarios’ despreparados para las exigencias de la sociedad. Por eso pensamos en una ‘seguridad humana’ porque se la toma desde una perspectiva inclusiva donde se trabaja con la persona que cometió un delito para que pueda funcionar socialmente a través de un tratamiento. De esa misma forma se le garantiza a cualquier ciudadano y una seguridad que sea para todos”.

Por otra parte, en relación a las experiencias con el trabajo de los privados de su libertad, Nicolás Andorno contó que los trabajadores de la salud mental “en principio, llegamos con muchos temores e incertidumbre porque nosotros también cargamos con el estigma del ‘malviviente’ y el enemigo social. En cambio, la realidad resultó bastante interesante, porque ante la idea de encontrarse con un monstruo te topabas con una persona que tenía una historia tremenda; signados por el abandono y la desidia; por la prohibición que atravesaron no sólo en cuestiones materiales sino sobre todo en materia afectivas y vinculares; son historias indignas”.

En ese sentido, “cuando uno comienza a adentrarse en esas historias comienza a encontrar las coordenadas para un tratamiento posible. Aquello que llevó a esa persona a tomar esa decisión, sea cual fuese, es el resultado de una trayectoria de vida con experiencias que la marcaron. Es interesante ver las condiciones de producción de esa subjetividad para encontrar las bases de la corrección posible y un reposicionamiento subjetivo de las personas”, sintetizó.

Tags: cárcelesCismatPenitenciariasSalud Mental
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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