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“La delincuencia es una problemática de la salud mental”

9 agosto, 2019
Imagen ilustrativa

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Bajo el nombre de “Proyecto de Seguridad Humana”, el equipo del Centro Integral de Salud Mental y Acompañamiento Terapéutico confeccionó una iniciativa pensando en la rehabilitación de los sujetos que deben volver al ámbito social luego de años privados de su libertad.

Con la intención de generar redes entre diversos ministerios, plantean la necesidad de un tratamiento interdisciplinario, para que las personas que cumplieron sus penas en las penitenciarías puedan acceder a un trabajo u aprender oficios mediante un programa o una ley provincial. De lograr implementarse, estas alternativas comunitarias podrían evitar la reincidencia en la delincuencia de estos sujetos.

“En el cumplimiento de una pena, vemos que la institucionalización desprepara aún más a una persona para vivir en sociedad de lo que ya estaba. En algún punto, va reproduciendo las mismas condiciones de desviación de lo social. En este sentido, la delincuencia pasa a ser una problemática de la salud mental y no se la reconoce como tal”, explicó a PRIMERA EDICIÓN el presidente del CISMAT, Nicolás Andorno.

En cuanto al proyecto elaborado, aclaró “como agentes de salud mental, nos interesa introducir estos dispositivos que funcionan muy bien en la rehabilitación social de pacientes psiquiátricos, para pensarlos también para personas que han cometido un delito y han tenido que cumplir una pena en una unidad penitenciaria. Por eso, es necesario trabajar para que en Misiones podamos pensar en un proyecto de ley o un programa de seguridad articulado desde diferentes ministerios, para llevar adelante esta iniciativa relacionada con el bienestar social”.

Este plan de trabajo contempla la posibilidad de acceder a dispositivos ambulatorios de salud mental, sobre lo cual Andorno indicó que “implica que la persona en tratamiento pueda deambular libremente por la sociedad. Sostener esto es generar dispositivos de salud mental, es decir, recursos que permitan que la persona pueda tratarse comunitariamente y no institucionalizado. En ese contexto, a nivel laboral, se pueden generar experiencias que ya funcionan en otras partes, como generar subsidios para las empresas que estén dispuestas a contratar a estas personas con un seguimiento por parte de estos equipos. Desde lo personal, académico y hasta afectivo, se pueden desarrollar todo tipo de proyectos”.

A nivel de los tratamientos, este profesional de la salud mental señaló que “en algún punto, tiene que ver con un tratamiento que intenta revertir las condiciones de producción de esa subjetividad desviada. En estos años ha sido posible la reinserción de pacientes psiquiátricos, con la diligencia de recursos cognitivo y mentales que tienen, entonces imagínense lo que podremos lograr con aquellos que cumplieron un delito y cumplieron su condena. Estas personas cuentan con más recursos para una reinserción efectiva”.

En materia del trabajo articulado, Andorno adelantó que “si bien esta inserción parte del campo de los profesionales de la salud mental, psicólogos, acompañantes terapéuticos, trabajadores sociales, quizás terapistas vocacionales, psiquiatras en el caso de necesitarse algún tratamiento farmacológico, primero debemos pensarlo como un equipo interdisciplinario, donde se construye con varios aportes. Además, es necesario que estos equipos cuenten con una visión comunitaria, es decir, que puedan generarse redes que lleguen a la comunidad”.

Sobre la vida de quienes cumplen una condena y su diferencia con lo social, remarcó que “la toma de una iniciativa y decidir por uno mismo, que es necesaria para vivir cotidianamente, en una unidad penitenciaria atentan a la lógica. Dentro de una cárcel las personas se limitan a obedecer órdenes; no eligen qué comer o cuando higienizarse, dormir o despertarse; esto a través de los años convierte a las personas en unos ‘robots penitenciarios’ despreparados para las exigencias de la sociedad. Por eso pensamos en una ‘seguridad humana’ porque se la toma desde una perspectiva inclusiva donde se trabaja con la persona que cometió un delito para que pueda funcionar socialmente a través de un tratamiento. De esa misma forma se le garantiza a cualquier ciudadano y una seguridad que sea para todos”.

Por otra parte, en relación a las experiencias con el trabajo de los privados de su libertad, Nicolás Andorno contó que los trabajadores de la salud mental “en principio, llegamos con muchos temores e incertidumbre porque nosotros también cargamos con el estigma del ‘malviviente’ y el enemigo social. En cambio, la realidad resultó bastante interesante, porque ante la idea de encontrarse con un monstruo te topabas con una persona que tenía una historia tremenda; signados por el abandono y la desidia; por la prohibición que atravesaron no sólo en cuestiones materiales sino sobre todo en materia afectivas y vinculares; son historias indignas”.

En ese sentido, “cuando uno comienza a adentrarse en esas historias comienza a encontrar las coordenadas para un tratamiento posible. Aquello que llevó a esa persona a tomar esa decisión, sea cual fuese, es el resultado de una trayectoria de vida con experiencias que la marcaron. Es interesante ver las condiciones de producción de esa subjetividad para encontrar las bases de la corrección posible y un reposicionamiento subjetivo de las personas”, sintetizó.

Tags: cárcelesCismatPenitenciariasSalud Mental
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El presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández, cuestionó con dureza el proyecto de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno nacional y advirtió que la iniciativa fue elaborada sin la participación de los principales actores del entramado productivo, en especial de las pequeñas y medianas empresas.“No participamos de la discusión. Hacer una reforma laboral sin convocar a quienes representamos a más de 600 mil pymes es como querer armar un programa de radio sin que estén quienes trabajan todos los días al aire”, señaló Fernández en declaraciones radiales. Según explicó, las pymes concentran entre el 75 y el 80% del empleo registrado del país, por lo que su exclusión del debate “no es un dato menor”.
El Gobierno nacional anunció la reglamentación para la habilitación de estaciones de servicio móviles, una modalidad pensada para garantizar el acceso al combustible en zonas alejadas o localidades donde las estaciones fijas dejaron de operar o se encuentran en mal estado. Desde el sector empresario, el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio del Nordeste (CESANE), Faruk Jalaf, valoró la medida aunque advirtió sobre los desafíos económicos y operativos que implica.“En realidad es una medida que ya estaba, lo único que se ha hecho ahora es reglamentarla”, explicó Jalaf, al tiempo que destacó que la normativa aporta un marco de seguridad tanto para proveedores como para consumidores. Según indicó, “la reglamentación busca que haya garantías, que no exista riesgo de accidentes, de traslados inseguros o de robo de combustible, porque estas estaciones van a estar en zonas más aisladas”.
El debate nacional por la reforma laboral que impulsa el Gobierno volvió a encender la polémica en torno a la posible eliminación de la matrícula profesional y la colegiación obligatoria. El tema, que forma parte de un proyecto amplio que comenzará a ser tratado en el Senado, generó preocupación en distintos sectores profesionales. Sin embargo, desde Misiones llevaron tranquilidad y marcaron límites claros a cualquier intento de modificación desde la Nación.Juan Manuel Fouce, presidente de la Federación de Consejos y Colegios Profesionales de Misiones, explicó que la regulación del ejercicio profesional es una facultad que no fue delegada por las provincias al Estado nacional. “Hay facultades que no están delegadas de las provincias a la Nación. Dentro de esas facultades está la de regular las profesiones”, afirmó.
El padre Alberto Barros, párroco de Sagrada Familia y vicepresidente de Cáritas Diocesana de Posadas, expresó su preocupación por el impacto social de la crisis económica y por el “clima de soledad e indiferencia” que, según afirmó, se expande en el país. Desde su rol pastoral y social, describió un escenario “cada vez más duro” para miles de familias misioneras.“Lo que estamos viendo es un empobrecimiento generalizado. Mucha gente de clase media que nunca se acercó a una parroquia hoy pide alimentos o medicamentos.”
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