Pasaron varias semanas desde que el concesionario del área Cataratas, en el Parque Nacional Iguazú, ratificó ante los integrantes del directorio del ITUREM el proyecto de obras de infraestructura que pretende aplicar, rechazado en parte por grupos de ambientalistas.
Específicamente, hay un planteo público de la Fundación Amigos de los Parques que denunció la posible tala de cientos de árboles en un área protegida, con tal de instalar vías para un tren que recorra parte de los circuitos internos. Además, hay dudas respecto a los tratamientos de los residuos cloacales que habrá con la ampliación de los sanitarios, debido al crecimiento constante de visitantes que tiene la Maravilla natural en la tierra colorada.
Varios días después de mostrarle los proyectos a un reducido grupo de funcionarios, a la espera de definiciones de la Intendencia del PNI, los ciudadanos misioneros y argentinos en general no cuentan con esa información para poder evaluar el impacto ambiental que moverá a los intereses empresarios.
¿Por qué razón no se exige una audiencia pública a las autoridades de Ambiente de la Nación, de la que depende Parques Nacionales? Hace algunos meses, esa misma Secretaría, a cargo de Sergio Bergman, promovió un polémico loteo para entregar tierras de la reserva a privados, que se logró frenar (por la llegada de las elecciones) tras conocerse los detalles de la propuesta.
Si los ciudadanos comprometidos con la defensa de los recursos naturales son informados, y no hay en las iniciativas de explotación del área ninguna cuestión que atente contra la naturaleza, se podrá levantar el velo de sospecha que la comunidad mantiene.
Ni siquiera los medios de comunicación recibieron el detalle de lo que se pretende hacer en Cataratas.
Funcionarios y empresarios le deben a los misioneros detalles y explicaciones.
