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Por el flete desregulado, la garrafa de 10 kilos supera los $400

22 mayo, 2019
VARIEDAD DE PRECIOS. Buscando en los puntos de distribución se puede comprar hasta 25% más barato.

A partir de un sondeo que llevó a cabo PRIMERA EDICIÓN por comercios de distintos barrios de esta ciudad, se detectó que los precios de la garrafa de gas de 10 kilos oscilan entre los $310 y $450, aproximadamente.

Según José María Tomaselli, director de Gas de Misiones, “la Secretaría de Energía tiene un precio indicativo que se respeta en las bocas de expendio de las distribuidoras, que es de $307.”

“En los comercios chicos puede estar más de $307 porque el almacenero puede comprar en la boca de expendio y llevarla al barrio”, agregó.

Sin embargo, lo que ocurre es que si el cliente compra la garrafa en un almacén, o en un mercado, “puede tener otro precio que puede ser menor incluso en algunos casos”. Esto se debe a que varios comerciantes están optando por comprar directamente en la boca de fraccionado como “gancho” para atraer más clientes.

“Compran un lote de 10 o 15 garrafas en las fraccionadoras y hacen ellos la tarea de acercarlas a un negocio y entonces pueden ofrecer, de repente a $299”, dijo Tomaselli.

“Pueden hacer esto y pueden acercar a un precio menor que una distribuidora como oferta, pero tiene un pequeño margen”, explicó el funcionario provincial.

“Uno tiene la opción de ir a buscarla en las bocas de las distribuidoras y ahí el precio está en el orden de los $310”, añadió.

“Después está el otro precio, ya con el transporte a domicilio. Ahí se cobra un flete, y en ese caso llega a los 400, 400 y algo. Esto es así porque el flete no está regulado, es absolutamente liberado”, informó.

De todos modos, el precio oficial no siempre se respeta. Al precio de lista establecido, debe agregarse el transporte. Por el flete, que no tiene regulación, los valores de la garrafa de 10 kilos difieren ampliamente y existe una gran disparidad de precios, de acuerdo a distintos puntos de la ciudad. Algunos comercios minoristas la venden hasta por $450.

Debido a la gran diversidad de costos, este Diario realizó un relevamiento tanto en distribuidoras de gas envasado como en locales comerciales de barrios posadeños. De esta manera se corroboró que en un comercio del barrio Villa Urquiza, ofrecen el gas envasado de 10 kilos a $370, en Villa Sarita a $400, en zona López y Planes y Zapiola a $360, en zona Centenario y Corrientes lo están vendiendo a $420, en zona Alem y Lavalle a $400.

En barrios más alejados como Itaembé Miní y Terrazas se consigue por $380, mientras que en el centro de la ciudad capital, los pocos comercios que venden gas para el consumo domiciliario, lo hacen a un valor promedio de entre $350 y $400.

Mientras tanto, las distribuidoras que ofrecen el servicio con envío a domicilio, están cobrando entre $380 y $450 con el transporte incluido. Aunque claro está, si el cliente va a retirarlo al depósito, este valor disminuye considerablemente. No debería superar los $307.

Es importante recordar que la Secretaría de Energía del Ministerio de Hacienda de la Nación decretó a principios de mes, por medio de la disposición 34/2019, un aumento del 4%. El Gobierno dispuso los nuevos precios máximos de referencia para las garrafas de 10, 12 y 15 kilos.

De este modo, la garrafa de 10 kilos debe tener un precio de referencia de $307,64. La de 12 kilos se debe vender a $368,18 y la de 15 kilos, a $461,47. Todos estos precios incluyen IVA, y son los valores que se deberían conseguir en las distribuidoras. Sin embargo, en los comercios minoristas los valores son más elevados.

Tags: #PosadasConsumogarrafaGasInflaciónPreciosrelevamiento
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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