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A debate ante el TP1 la pareja de asaltantes de la Costanera Oeste

14 mayo, 2019

Desde hace 19 meses, Hugo Do Reis (36) y Elizabet Escobar (26) están privados de su libertad bajo la acusación de haber asaltado a otra pareja en la Costanera Oeste, a plena luz del día y ante testigos que en un primer momento señalaron que lo que resultó un robo con ribetes de amedrentamiento armado no les generó la sensación de estar frente a delincuentes en pleno atraco.

El crimen que presuntamente cometieron -se habrían alzado con 50 mil pesos en efectivo que las víctimas tenían en su automóvil porque iban a realizar una transacción privada- será debatido ante los jueces del Tribunal Penal 1, Eduardo D’Orsaneo, Martín Errecaborde y Ángel Dejesús Cardozo, el fiscal Martín Rau y bajo las representaciones legales de los defensores oficiales Celina Silveira Márquez en el caso de Do Reis y Enrique De la Fuente para la encartada Escobar.

La causa que llevó adelante Carlos Giménez, titular del Juzgado de Instrucción 7 de la Primera Circunscripción Judicial, se inició con la denuncia en la comisaría Duodécima, el miércoles 11 de octubre de 2017, cuando por la tarde la pareja fue sorprendida por un hombre y una joven que, supuestamente, estaban armados y los amenazaron de muerte hasta que decidieron entregarles todo lo de valor que llevaban consigo, principalmente el dinero que tenían destinado a una compra.

Según se dijo, los asaltantes habrían actuado a cara descubierta y sin vacilar en cuanto a sus intenciones. La joven, entonces de 25 años, se desenvolvió decidida y atemorizó armada al matrimonio, que debió interrumpir el mate de inmediato e introducirse en el automóvil para desprenderse del dinero.

Con el botín en mano, los maleantes desaparecieron en pocos segundos de la zona mientras se solicitaba ayuda al servicio de vigilancia 911 de la Policía provincial.

Rápidamente se iniciaron las labores de investigación, que resultaron infructuosas hasta el domingo 22 de octubre, once días después del robo, cuando los asaltantes fueron interceptados en el cruce de las avenidas López Torres y Mariano Moreno por efectivos de la división Captura de Prófugos de la Dirección Delitos Complejos.

La pareja asaltada, Silvana (31) y Marcelo (39), aseguró que durante la tarde del día mencionado se encontraban en la costanera de Villa Cabello, en el cruce próximo a la avenida Leandro N. Alem, cuando fueron sorprendidos por un hombre y una mujer a punta de arma de fuego y un posible puñal y les quitaron todos los billetes y varios documentos de automóviles.

De acuerdo al damnificado de 39 años, a los pocos días vio entre las góndolas de un supermercado a una mujer que reunía las características físicas de quien lo habría asaltado.

Aún dentro del local de la avenida Tambor de Tacuarí, dio aviso a la seccional Séptima, lo que desembocó en la demora de una muchacha que, a las pocas horas y ante la ausencia de pruebas o evidencias en su contra, fue liberada supeditada a la causa.

Si bien el dato no fue preciso, peritos de la Policía se entrevistaron con las víctimas y lograron confeccionar los identikits de los dos sospechosos y se profundizó la investigación hasta llegar a un inquilinato de la avenida Mariano Moreno, frente al Parque de la Salud, donde las tareas encubiertas y los seguimientos dieron frutos y ambos sospechosos fueron atrapados juntos en la vía pública y bajo la orden del juez Carlos Giménez.

De no mediar inconvenientes, el debate oral y público se iniciará el martes a las 8.30 en la sala de audiencias del Tribunal Penal 1, sobre la calle La Rioja entre 3 de Febrero y Rivadavia de Posadas, y se extenderá con alegatos y sentencias hasta el miércoles 22.

Encuadre legal

Según el artículo 166 del Código Penal Argentino, el “robo calificado” prevé reclusión o prisión de cinco a quince años “si se cometiere con armas, o en despoblado y en banda. Si el arma utilizada fuera de fuego, la escala penal prevista se elevará en un tercio en su mínimo y en su máximo”.

También detalla que “si se cometiere el robo con un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudiera tenerse de ningún modo por acreditada, o con un arma de utilería, la pena será de tres a diez años de reclusión o prisión”.

Tags: #JudicialesAsaltoDeabteRobo
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El uso diario, el costo del transporte y el interés deportivo impulsan la demanda en bicicleterías y talleres.
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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