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Plantaron palmeras en la calle 10 de Junio, rota hace dos años

24 marzo, 2019
DE NO CREER. Con los repetidos trabajos en las cañerías que pasan por allí desapareció el asfalto y nadie se hace cargo.

DE NO CREER. Con los repetidos trabajos en las cañerías que pasan por allí desapareció el asfalto y nadie se hace cargo.

DE NO CREER. Con los repetidos trabajos en las cañerías que pasan por allí desapareció el asfalto y nadie se hace cargo.

Plantando palmeras en el medio de la avenida sobre los montículos de tierra abandonados desde hace dos años, decidieron protestar los vecinos de la calle 10 de Junio de Miguel Lanús al no encontrar ningún tipo de solución por parte de la empresa prestataria del servicio de provisión de agua, que según afirman, fue quien provocó las roturas en el asfalto.

“Decidí plantar palmeras y otras especies a lo largo de la cuadra para que se visibilice la situación porque rompieron el asfalto y nunca más lo arreglaron. Esto no estaba así de antes sino a partir de los trabajos de SAMSA, que no quieran decirnos que nos quejamos sin motivo. Están las cintas de color naranja que indican el peligro que significa pasar por el lugar, pero nunca lo terminan de cerrar y arreglar como corresponde”, explicó indignada Marta Martínez, una de las vecinas.

A su turno Walter Fernández detalló que “la 10 de Junio la rompieron toda al medio por pérdidas de agua que había. Esto fue hace unos dos años. Es un tramo que pasa frente a nuestra casa y se extiende por unas tres cuadras, entre Soberanía y Teniente Estévez. Incluso se extiende un poco más, hasta la avenida Soldado Argentino, donde hace poco tiempo atrás brotaba el agua como una catarata”.

El vecino destacó que los operarios “vienen, se pasan más o menos mediodía trabajando, a veces un día entero pero se van y pasa una hora o media hora y vuelven las pérdidas. Por esa razón entendemos que siempre hacen lo mismo, dejan así porque saben que van a tener que volver a romper. No sabemos si no pueden dar con en el arreglo adecuado pero es muy llamativo, dicen que es una subcontratista de SAMSA, que la red no tiene los caños adecuados, o no utilizan los materiales correctos, pero los que sufrimos esto somos nosotros”.

Más adelante recalcó que resulta “una pena el estado en que está la 10 de Junio porque aunque no lo crean estaba asfaltada. Ahora tiene piedra, tierra, barro, un pequeño monte, menos asfalto”.

Consultado sobre si realizaron los reclamos ante las autoridades pertinentes Fernández detalló que “lo hicimos, recorriendo una y otra institución pero hasta el momento todo sigue igual. En SAMSA dicen que le corresponde al IPRODHA pero ahí desligan su responsabilidad porque no somos ninguno de sus barrios sino de Miguel Lanús. Más adelante sí hay barrios del IPRODHA, pero acá cada persona construyó su propia casa. En la Municipalidad también señalan que es SAMSA la que debe efectuar la reparación. Incluso vino un diputado que hizo todas las averiguaciones y tampoco pudo solucionarnos nada”.

“Rompé Pepe”

Los vecinos ya no saben cómo tomarse la intervención de la subcontratista de SAMSA sobre la calle 10 de Junio. “Hasta los conocemos de tantas veces que vienen a trabajar y los vecinos salen a retarlos. Nos genera muchos trastornos para ingresar con los vehículos a las casas, hay que hacer malabares cuando llueve en el barro y los montículos de tierra. Incluso un vecino rompió su auto porque el asfalto se desprendió y quedó colgado sin poder moverlo”.

Si esto pasara en el Centro los operarios trabajarían y en medio día solucionarían todo. Pero acá estamos en un barrio alejado, entonces hacen lo que quieren y nadie los controla. Estamos cansados de esta realidad.

Con cada rotura de los caños, que se repite varias veces en el año, trae aparejado no solamente el corte en el suministro sino también la aparición de algunas boletas por sumas muy elevadas. “Nos tocó recibir una factura por cuatro mil pesos luego de la rotura de un caño, eso es algo imposible. Capaz quieren recuperar lo que gastan en las malas reparaciones que hacen. Esto atenta contra nuestra calidad de vida. Hubo ocasiones en que pasaron hasta cinco días con el caño roto, una cantidad inmensa de agua brotando y nadie venía”.

El vecino desafió a que SAMSA saque un listado con la cantidad de reclamos realizados, “saltará el número de mi casa tres o cuatro veces al día. Entonces no pueden decir que no avisamos o que no nos interesa comunicar. Queremos que se termine esta pesadilla, que la 10 de Junio vuelva a tener asfalto, que no haya más roturas de calle ni tampoco de los caños, que retiren toda mugre. ¿Es mucho pedir?”.

Tags: BarrialesReclamosSAMSA
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Desde la Cámara de Turismo de las Sierras Centrales de Misiones salieron a advertir que, si bien la demanda de viajeros se mantiene, las reservas se desvían al alojamiento ilegal. Exigen fiscalización urgente y preparan una presentación legal.
El uso diario, el costo del transporte y el interés deportivo impulsan la demanda en bicicleterías y talleres.
Con índice extremo de peligrosidad, organismos provinciales coordinaron acciones de prevención y respuesta, definieron una agenda de trabajo desde febrero y solicitaron un informe a Nación para reforzar el abordaje integral frente al riesgo de incendios.
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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