Por la compra de trenes chatarra a España y Portugal, comienza el juicio oral contra Julio de Vido, ex ministro de Planificación, y Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte.
Ricardo Jaime afronta desde este lunes un nuevo juicio oral y público por presunta defraudación a la administración pública en la empresa de trenes Belgrano Cargas a raíz de pagos indebidos y sospechas de sobreprecios.
Jaime “habría impulsado el plan de obra con un adelanto injustificado y exceso del monto original” de la puesta en funcionamiento del ferrocarril Belgrano Cargas, por la cual se sospecha se pagaron más de 2 millones de pesos demás.
Junto al exsecretario de Transporte, son juzgados la esposa del fallecido sindicalista José Pedraza, Graciela Coria; el presidente del Belgrano Cargas, Ángel Stafforini;, el presidente de SOESA, Luigi Capelli, y el ex interventor en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, Pedro Ochoa Romero.
El exsecretario, condenado a ocho años de prisión por la tragedia ferroviaria de Once a la que se sumó otra por dádivas, estuvo presente en la sala de audiencias tras ser trasladado desde el penal de Ezeiza donde está detenido desde abril de 2016 por otra causa.
Se decidió por orden del Tribunal Oral Federal 6 (integrado por los jueces Julio Panelo, José Martínez Sobrino y Fernando Canero) que este caso sea juzgado en simultáneo con otros cuatro que son: defraudación en la compra de repuestos para el Belgrano Cargas, enriquecimiento ilícito de Jaime, y dos más por peculado.
A Jaime y a De Vido se los acusa por causas vinculadas con trenes. En el caso de enriquecimiento ilícito y peculado, la causa salpica al ex secretario y a su entorno.
La causa por compra de trenes chatarra fue elevada a juicio hace casi dos años, en 2017, por Julián Ercolini. Se determinó que De Vido diseñó entre 2004 y 2012 un “plan de modernización ferroviaria que (…) determinó un perjuicio patrimonial a la administración pública”.
A Jaime lo juzgarán por enriquecimiento ilícito. En dicha causa hay procesados de su círculo íntimo como supuestos testaferros: su pareja Silvia Reyss, su exasesor Manuel Vázquez y su hijo Julián.
Por la compra del tren chatarra a España se derivó 76.313.108 millones de euros por 1.040 coches, furgones y locomotoras, unidades que en muy pocos casos estaban en condiciones de circular. A Portugal se le pagó unos 25 millones de euros por unidades doble diesel, repuestos, locomotoras y vagones en distintos convenios.
Fuente: Agencia de Noticias NA
