Después de que PRIMERA EDICIÓN diera visibilidad al proceso de ocupación de tierras en las orillas del arroyo Mártires, en la Zona Oeste de Posadas, las autoridades concurrieron al lugar para interiorizarse sobre la situación.
Son aproximadamente 150 familias las que protagonizan el episodio de intrusión en un área inhóspita de monte y donde -según denunciaron públicamente- no tenían acceso a comida ni agua potable.
Tras las primeras averiguaciones, el coordinador de Tierra y Agua de la Municipalidad capitalina, Jorge Atencio (quien se hizo presente en el lugar junto al defensor del Pueblo local, Alberto Penayo), precisó a PRIMERA EDICIÓN que los terrenos ocupados en parte pertenecen a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y en parte son propiedades privadas, cuyos dueños también estuvieron fortuitamente en el cónclave de ayer por la mañana.
En dicho encuentro, tras un breve pero tenso diálogo entre ocupantes y autoridades, se llegó a un principio de acuerdo y coordinaron una reunión este jueves por la tarde en la sede de la Defensoría del Pueblo de Posadas, donde los intrusos se comprometieron a llevar tres representantes para “negociar” con el titular de dicha oficina, Alberto Penayo, el mencionado Atencio y la ministra de Derechos Humanos de Misiones, “Tiki” Marchesini.
En cualquier caso, la cita es sólo para “recibir las inquietudes de los delegados y tratar de ver en qué podemos colaborar desde el Estado para avanzar en una situación totalmente irregular, pero esa solución no puede ser inmediata ni siquiera a mediano plazo”, advirtió a este Diario el coordinador de Tierra y Agua municipal.
Entre esos posibles avances sí mencionó la realización de un censo, para luego analizar las verdaderas necesidades de esas familias, si en algún momento pudieron recibir algún tipo de beneficio (del IPRODHA, por ejemplo), etcétera.
Con agua y comida
Donde sí se avanzó en una solución rápida es en la cuestión “humanitaria”, ya que los ocupantes habían denunciado en la víspera que se sentían “sitiados” y que las autoridades no dejaba ingresar al lugar ni siquiera comida y agua para las familias allí asentadas.
Al respecto, Atencio confirmó que “hay una orden del juez de no dejar ingresar materiales de construcción”, pero ahora “se ratificó que la camioneta que trae agua y víveres sí pueda entrar y salir” porque el predio está casi 300 metros tierra adentro del acceso y se hace casi imposible llevarlos de a pie.
Todo ello -remarcó el funcionario- “con la condición sine qua non de que no sigan avanzando en la instalación (de carpas y casillas) ni entrando más gente, porque si no, la mediación no tiene sentido”.
