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Paraguay: acusan a Cartes de multimillonario perjuicio patrimonial al Estado

3 enero, 2019
Una auditoría del gobierno detectó diferentes modalidades en la comisión de irregularidades en Petropar en la gestión de Cartes.

El asesor de Transparencia e Integridad de la presidencia del Paraguay, Carlos Arregui, explicó a los medios, tras entregar el informe final de la auditoría al presidente, Mario Abdo Benítez, que el documento será enviado a la Secretaría Nacional Anticorrupción para la “formulación de las denuncias penales correspondientes”.

La petrolera del Estado Petróleos Paraguayos (Petropar) entregaba bienes, sin garantías, a través de contratos de comodato a varias operadoras que ahora no reconocen la validez de esos documentos.

Esta es una de las irregularidades detectadas en Petropar por el equipo auditor encabezado por el asesor de Transparencia e Integridad de la Presidencia, Carlos Arregui, quien informó este miércoles en Palacio de López (sede del Gobierno) que las conclusiones muestran un “perjuicio patrimonial estimado en más de G. 30.000 millones (unos 188.587.671,48 de pesos al cambio actual), específicamente en la concesión de las estaciones de servicio con emblema de Petropar”.

Abc.com informó que el asesor anticorrupción del Gobierno destacó que el presidente Mario Abdo Benítez, luego de recibir el informe, ordenó su remisión inmediata a la Secretaría Nacional Anticorrupción, que se encargará de hacer la denuncia penal ante la Fiscalía.

Por su parte, el titular de la Entidad Binacional de Yacyreta, el doctor Nicanor Duarte Frutos, manifestó que el gobierno del expresidente Horacio Cartes, se caracterizó por la supremacía de sus gerentes manejando varias instituciones públicas como Petropar, que, “con el afán de aprovecharse de los negocios de los combustibles” favorecían de esta manera a las empresas y las corporaciones de HC.

La auditoría detectó diferentes modalidades en la comisión de irregularidades. Una de ellas consistió en que la administración cartista seguía entregando combustibles a una firma que estaba en convocatoria de acreedores.

“Sin ningún tipo de garantías se le siguió otorgando a crédito combustible contra la presentación de cheques diferidos”, señaló. El periodo auditado de la gestión de Petropar es del 2016 al 2018, abarcando dos meses la actual administración de Patricia Samudio. La gerencia general ocupó William Wilka y la dirección financiera Luis Gómez Francia y Fermín Gil, sucesivamente. El presidente de la empresa en el Gobierno anterior era Eddie Jara, indicó el medio paraguayo.

Arregui aclaró que por la metodología de muestreo aplicada en la auditoría revisaron antecedentes de 32 operadores de las más de 150 que trabajan con la estatal. Varias de las que aparecen en el informe con abultadas deudas fueron publicadas por ABC Color en octubre último. En aquella oportunidad aseguraron que “se habían puesto al día con los pagos”.

Transferencias millonarias en dólares

El Gobierno de Abdo Benítez inició la auditoría interna a Petropar tras las denuncias de presuntas irregularidades en la gestión de la compañía vertidas por medios de comunicación afines al expresidente Cartes.

Basa pide a Petropar poner a consideración de sus asesores la posibilidad de “continuar realizando depósitos” en la cuenta bancaria.

Las publicaciones aludían a una transferencia de 43 millones de dólares de la petrolera desde el estatal Banco Nacional de Fomento (BNF) a bancos privados, hecho que contraviene una orden gubernamental que obliga a las instituciones públicas a depositar sus recursos en el BNF.

Sobre el asunto, Arregui afirmó que se encontraron “transferencias de bancos privados a bancos privados”, pero “nunca hubo transferencia del BNF a bancos privados”, y aseveró que “eso es lo que revelan los documentos”.

Añadió que “encontramos que había 14 cuentas (bancarias) y que había transferencias interbancarias de la administración anterior”, mientras que durante la gestión de Samudio, se trasladaron el “96 % de los fondos que estaban en bancos privados al BNF”.

En cuanto a manejo de cajas en bancos privados y no solo el Banco Nacional de Fomento (BNF), sobre lo que el cartismo había denunciado presuntas anomalías en la gestión de Samudio, Arregui aseguró que durante la administración anterior ya se tenían 14 cuentas bancarias y que se hacían transferencias interbancarias. No encontraron documentos que indiquen que Samudio transfirió recursos de Petropar del Banco Nacional de Fomento (BNF) a la banca privada.

La auditoría no detectó “hechos penalmente relevantes” en la gestión de la actual presidenta de Petropar, pero sí realizó varias recomendaciones, entre ellas, “el mejoramiento del control de la propia auditoría interna”. Arreguí no descartó que aumente el monto del daño al profundizar la auditoría.

El informe quedó a cargo de las autoridades anticorrupción y no será público hasta que se formulen las denuncias correspondientes, según dijo Arregui.

En Paraguay “no se va a robar más”

“Les puedo asegurar que este gobierno no está en juntar monedas y mucho menos de ese dinero que tanto nos falta para el pueblo, porque siempre nos hemos comprometido que política no es privilegio para unos pocos que estamos de turno, apenas somos los elegidos para administrar con patriotismo”, dijo en 2014 el presidente Cartes en un discurso en Alto Paraná donde prometió que en meses más Paraguay será “como los mejores lugares del mundo” y que “no se va a robar más”.

El presidente también aseguró en ese acto que su gobierno va a hacer una administración honesta y afirmó que el Paraguay ha sido frenado en su crecimiento por mucho tiempo, principalmente a causa de la corrupción de sus administradores.

“El Paraguay todo lo que pide es que lo dejemos simplemente andar solo, sin ataduras, que los paraguayos no lo amarremos más al país, que les puedo asegurar que días mejores se avizoran porque Dios nos ha entregado un país con gente bendecida“, dijo al cierre de la Jornada de Gobierno en este departamento.

“Cuando hablamos de obras públicas hoy ya no se paga ninguna comisión cuando que por décadas y décadas a cualquiera que tenía una adjudicación ustedes saben que había que dejar alguna comisión, hoy no se cobra nada“, dijo.

En octubre el ex presidente Horacio Cartes habría descartado la posibilidad de una reunión con el primer mandatario Mario Abdo Benítez.

La última aparición de Cartes fue en octubre pasado en un almuerzo en su casa junto a los 22 diputados y 6 senadores que componen las bancadas cartistas del Congreso. En esa oportunidad criticó la gestión de Patricia Samudio al frente de Petropar y los despidos de funcionarios de su sector.

Hace tres meses, sindicatos de Petropar afirmaron que fondos de la entidad se depositaron recientemente en dos bancos privados: GNB y BASA, este último propiedad de Horacio Cartes. Además, aseguran tener documentos sobre las millonarias deudas de la administración pasada.

Sobre esta denuncia, el Gobierno de Mario Abdo Benítez creó una comisión interinstitucional para hacer una auditoría interna de Petróleos Paraguayos (Petropar).

Tags: #Corrupción#ParaguayHoracio CartesPetropar
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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