Junto al procesamiento se fijó un embargo de 20 millones de pesos sobre Soto Dávila, quien paralelamente afronta un pedido de juicio político en el Consejo de la Magistratura el cual ya lo citó para febrero para dar explicaciones sobre las acusaciones en su contra.
En el mismo fallo de unas 500 carillas, Torres procesó con prisión preventiva a Federico Grau y Pablo Molina, ambos secretarios federales del juzgado de Soto; y de los abogados Dylio Galeano, Gregorio Giménez, Tomas Viglione, Jorge Vallejos, y Omar Serial.
También procesó con preventiva a Juan Manuel Faraone, ex intendente de la localidad correntina de Empedrado, a quien se lo acusa de encubrir a los narcos ya que existen escuchas telefónica entre él y el magistrado tendientes a esas maniobras.
La investigación contra Soto Dávila es una de las tantas causas por la cual la Justicia Federal de Capital Federal ya tiene a más de 130 personas investigadas, entre ellas, el entonces intendente de Itatí, Natividad Terán; su entonces vice, Fabio Aquino; gendarmes, policías federales y provinciales.
Según la investigación, la organización ingresaba marihuana desde Paraguay por balsas en el río Paraná y una vez en Corrientes, era distribuida hacia Capital Federal, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Chaco, Santiago del Estero y Mendoza.
Soto Dávila quedó comprometido en la causa a partir de que uno de los arrepentidos en el caso confesó que le pagaba grandes sumas de dinero para ser encubierto, sumado a escuchas telefónicas de su entorno que lo involucraron.
Contra el magistrado se investigan al menos una decena de pago de sobornos a cambio de protección.
La acusación concreta sobre el magistrado es de dictar resoluciones favorables hacia los narcos, entre ellas vinculadas a alivianar la acusación o bien otorgarles la libertad de forma muy controvertida.
Al ser en la actualidad juez, Soto Dávila posee fueros y por ello no puede ser detenido aunque sí indagado, tal como lo fue, y con la imposición de un embargo.
Fuente: Agencia de Noticias NA
