A mediados de octubre pasado, tras firmarse la resolución del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA) que profundizó acciones para quitarles la casa a los que la alquilaran sin cancelarla, una mujer se presentó en las oficinas del organismo con un contrato de alquiler.
Tenía hasta la certificación de firmas de una conocida escribanía. El objeto era el alquiler de una vivienda en la chacra 247, en un barrio IPRODHA posadeño.
El denunciado por la maniobra irregular fue nada menos que Fabio Zapelli, subsecretario de Ecoturismo de la provincia que, más allá de su rol de responsabilidad pública estatal, se convirtió para los funcionarios del Instituto en el “leading case” (caso que representa un punto de referencia) por haber sido no sólo el primero, sino la mejor documentada para actuar.
Ahora, Zapelli se quedó sin la propiedad por una resolución de la semana pasada y la vivienda podría quedar en manos de la inquilina si logra reunir las condiciones económicas que requiere el IPRODHA para ser propietaria.
Como Zapelli, según pudo saber PRIMERA EDICIÓN, hay al menos otros 30 denunciados de los cuales avanzaron los expedientes en nueve casos en toda la provincia.
Algunos, la mayoría por temor a represalias, no se animan a denunciar con nombre y apellido o con comprobantes del alquiler sin lo cual (más allá de una inspección del IPRODHA sobre quién habita la vivienda) dificulta la aplicación de medidas.
En el caso de Zapelli, en un mes, se llegó a la instancia de quitarle la propiedad que había sido reformada por el funcionario.
Domicilio en el centro y deuda de cuotas
Desde IPRODHA se limitaron ayer a confirmar la resolución del 20 de noviembre por la cual se procedió a quitar el beneficio de la vivienda al Subsecretario.
Pero este Diario pudo saber que el contrato de alquiler presentado por la denunciante estipulaba valores de entre 8 mil y 9 mil pesos a medida que se avanzara en el tiempo. Zapelli quiso “formalizar” la transacción y llevó a su inquilina a una escribanía para certificar las firmas. Además, habría fijado domicilio en una vivienda en pleno centro de la capital provincial.
Si el IPRODHA le da la casa a la denunciante, deberá pagar desde la cuota 1 a valor de una casa construida en la actualidad. Así y todo, será menos que el alquiler que le pagaba a Zapelli y no pagará por las mejoras que el funcionario hizo, de acuerdo a la reglamentación del Instituto.
Como si fuera poco, trascendió que el funcionario habría intentado cancelar la propiedad ante el IPRODHA pero ya era tarde: figuraba como inhibido para hacerlo por la denuncia.
Para sorpresa de muchos, al momento del escándalo, Zapelli adeudaría al menos 10 cuotas mensuales de la vivienda de 2.500 pesos cada una.
Tras la denuncia, el IPRODHA debe realizar la constatación de la ocupación por parte de un gabinete social. Si se verifica que quien vive es el inquilino, se abre el trámite de quita de la vivienda al titular que la alquila.
Apenas entra una denuncia, el titular de la casa queda bloqueado como tal, con lo cual no puede cancelar la misma para evitar el procedimiento por el alquiler irregular.
Ahora, el Subsecretario de Ecoturismo tendrá diez días para apelar la resolución de IPRODHA, cuya definición quedará en la Casa de Gobierno. Si se mantiene firme la quita de la viviendas, le quedaría el Superior Tribunal de Justicia.
En todos los casos, los denunciantes pueden seguir habitando la vivienda sobre la que se acciona, hasta que el organismo defina si cumplen las condiciones para alquilar, ocupar en comodato o pagar las cuotas como compra de la misma. Si se decide la última, se paga desde la cuota cero de la vivienda.
