Como si no fuera suficiente con la grieta política entre kirchneristas y macristas en la que conviven los argentinos desde hace varios años, ahora se suma la grieta económica: los que están a favor del bono de $ 5.000 para los trabajadores y los que están en contra.
La medida es impulsada por el Gobierno nacional que, en las próximas horas, publicaría un decreto haciendo que el pago sea obligatorio para todas las empresas privadas, en dos tramos. La decisión busca frenar la embestida de los gremios que quieren aplicar la cláusula gatillo y volver a negociar paritarias para alcanzar al porcentaje de inflación anual, como lo hicieron los bancarios, camioneros y petroleros, que superaron el 40% en 2018.
Sería solo para los privados, sin contar a los empleados públicos, que en el caso de Misiones ya recibieron un bono de $4.000 impulsado por el Gobierno provincial.
A medida que se vuelve más seria la exigencia de la Nación a los privados, aparecen voces de las cámaras de empresarios que rechazan el pago, aduciendo los problemas de la economía y la falta de incentivos del gobierno nacional.
Dos de los sectores que más empleados tienen en Misiones son el comercio y el sector maderero, desde donde advirtieron, empresarios de esos espacios, que no están en condiciones de afrontar el pago del bono.
La Asociación Maderera, Aserraderos y Afines del Alto Paraná (Amayadap) indicó ayer en un comunicado de prensa que “las empresas que son parte de esta Asociación comprenden la difícil situación y los desfasajes del poder adquisitivo de los asalariados en relación a la inflación, sin embargo, este decreto, que obliga a todas las empresas del país a pagar un bono compensatorio, pierde de vista que el mencionado desfasaje también lo están atravesando las pymes”.
“La situación crítica la viven todos los ciudadanos, por lo cual resulta injusto pensar que nuevamente es el sector privado el que debe asumir los costos de la crisis, ante la falta de estrategias del Estado para revertirla”, remarcó la entidad.
En segundo lugar, la Institución advirtió que “las pymes están en riesgo, apenas pueden cubrir sus costos, insumos a precios disparados, la enorme presión impositiva, la suba de combustibles, la suba de impuestos como las retenciones a las exportaciones, la inflación, tasas de interés obscenas y ante todo esfuerzo para sostener los empleos de miles y miles de familias. Asumir otro costo más, en un momento económico crítico y sin tener en cuenta la mencionada situación extrema que sufre el sector, llevará a las empresas a su desaparición o a la pérdida de puestos de trabajo”.
Por todo ello solicitan “al Gobierno de la Provincia de Misiones que interceda ante una medida muy poco acorde al difícil momento que las pymes atraviesan, ya que simplemente no pueden pagar más”.
Por su parte, Carlos Beigbeder, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas (CCIP) sostuvo que es “inviable” pagar un bono de 5.000 pesos a los empleados del sector.
En declaraciones radiales aseguró que “estamos complicados con las ventas, vivimos de eso y no van a mejorar para fin de año. Aunque el bono sea en dos cuotas, en mayor o menor medida nos va a llegar. Así se pone cuesta arriba, tanto para un kiosko que tiene un empleado como para una empresa que tiene cien”.
“Estamos sobre al pago del aguinaldo y no veo con buenos ojos esta medida; no digo que no lo merezcan, pero si que se trata de una medida unilateral, en un contexto que no da”, remarcó.
Para que no queden dudas, Beigbeder aseguró: “No estamos en condiciones, ni en esta provincia, ni en otra. No podemos llegar a fin de mes, menos pagar un nuevo bono. Otra vez somos la variable de ajuste, parece que la idea es sacarle siempre al mismo, pero no achicar el Estado”
Por último, cuestionó al Gobierno nacional porque “saluda con sombrero ajeno ya que, si anuncia un bono, debería hacerse cargo”.
