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Fondo Yerbatero: empresarios se oponen a subsidiar a los tareferos

18 octubre, 2018
PRIORIDADES. Con el FEY se daría créditos, becas, obra social y tecnificación a tareferos y pequeños productores.

En una nota enviada al diputado nacional Atilio Benedetti, presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, algunas asociaciones que representan a productores, secaderos y molineros de Yerba Mate de Misiones y Corrientes manifestaron su rechazo a la creación del Fondo Especial Yerbatero, proyecto impulsado por el Partido Agrario y Social que llegó al Congreso de la Nación de la mano de los diputados nacionales renovadores.

Los empresarios, que son el sector más poderoso de la industria yerbatera, rechazan que se toquen fondos del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM ) para subsidiar a los peones rurales y, en su lugar, sugieren que se dediquen a otras actividades rurales, como poda de pinos o cosecha de caña de azúcar, durante los meses en que no hay cosecha de yerba.

El FEY, lo que pretende es usar los fondos que recauda el INYM, por el cobro de estampillas, para crear un subsidio y asistir a las familias tareferas durante los seis meses en que no se realiza la cosecha de yerba mate y quedan desempleados. También establece beneficios a los pequeños productores. Se fundamenta en que los obreros quedan desamparados, sin salario, sin aportes, sin obra social ni otra relación con la patronal, a diferencia de otras actividades donde son empleados con relación de dependencia.

“Hay otras labores culturales que se realizan en los cultivos de yerba mate precisamente durante esos meses. Asimismo, en otras producciones como cultivos forestales también se realizan tareas de poda y desgaje, preparación de raleo, que pueden absorber parte de la mano de obra ociosa de los yerbales”, señalan los empresarios en su nota al presidente de la Comisión de Agricultura del Congreso.

“Antes de utilizar los fondos de INYM destinados a otros fines, entendemos que se puede tratar de articular inteligentemente entre los productores de yerba y otras producciones y los cosecheros la asignación de labores culturales para el período de interzafra”, agregan.

En otra parte de la nota sugieren que se destine 1,5% del presupuesto de Misiones, en el año 2019, para atender las necesidades de los trabajadores rurales. Ante esto, desde el Gobierno provincial respondieron que “permanentemente se asiste a los tareferos, todos los años”.

“Además, son empleados del sector yerbatero y tienen que ser atendidos con los fondos que se generan en el sector yerbatero. No es justo que la Provincia ocupe fondos de otros sectores cuando los yerbateros tienen una rentabilidad millonaria, deben atender ellos y hacerse responsables de las necesidades que pasan sus trabajadores”, dijo el diputado (MC), Héctor “Cacho” Bárbaro, impulsor del FEY.

Como conclusión, los empresarios señalan que “el proyecto del FEY fue realizado sin consultar a las entidades representativas del sector que se oponen al mismo por razones históricas, técnicas, económicas y fundamentalmente porque desvirtúa los objetivos de la creación del Instituto”.

Como respuesta, Bárbaro afirma que “en su nota al Congreso ellos no hablan del pequeño productor yerbatero que también va a ser beneficiado con el FEY. No involucra solo a los tareferos sino también a los pequeños productores”, dijo.

Además “el subsidio es para tener un ingreso garantizado y también beneficia al patrón, porque si el tarefero cobra el subsidio, dejará de cobrar del bolsillo del patrón. Además, los que cobren el subsidio deben seguir trabajando y capacitándose, no se van a quedar en su casa”, agregó.

Para Bárbaro, los que firmaron la nota “están en contra de los trabajadores y no quieren darle ningún beneficio, solo quieren que trabaje como esclavo los doce meses del año”.

El dirigente remarcó que “no se le quita fondos al sector yerbatero, al contrario, se toman los fondos que el sector genera y se los direcciona a los más débiles de la cadena de producción, que siempre están siendo perjudicados, es una redistribución de las millonarias ganancias”.

Por último, Bárbaro enfatizó que “tampoco se habla de otros beneficios del FEY, como la posibilidad construir viviendas para tareferos, créditos para productores, herramientas, becas estudiantiles. Evidentemente desconocen el proyecto porque nunca se acercaron a la Cámara de Diputados a informarse y dialogar”.

En tanto, Jorge Franco, impulsor del proyecto en la Cámara de Diputados, indicó que “me sorprende que algunos sectores hayan firmado la nota porque, supuestamente, deberían estar del otro lado”. Aclaró que “estamos dispuestos a dialogar con los sectores que se oponen al proyecto, están en su derecho a oponerse”.

Franco anticipó que “haremos algunas modificaciones relacionadas a la mayoría de votos y también al estudio de costos. Dejaríamos solamente la creación del FEY. Esto en la voluntad de que todos apoyen”.

Por otra parte, dijo “igualmente, lo del FEY está abierto a la discusión, estamos dispuestos a conversar. Esto se aprobó casi por unanimidad en la Legislatura de Misiones, entonces yo tengo la obligación de impulsarlo a nivel nacional”.

Franco aclaró que “todos los puntos del proyecto se pueden revisar, conversar y modificar. Si ellos no quieren que el dinero salga del INYM se le podría cobrar a los supermercados, revisar cuánto se va a cobrar. Estamos dispuestos a dialogar todos los puntos pero cerrarse y rechazar de entrada habla más de la intolerancia que del ánimo de construir”, finalizó.

Tags: Fondo Especial Yerbatero
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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