Además, en la denuncia, que recayó ante la juez María Servini de Cubría, el fiscal pidió una medida cautelar para suspender ese “pago extra” que el Gobierno le exige a los usuarios, que deberían -si la medida se cumple- abonar 10.000 millones de pesos en 24 cuotas a partir de enero de 2019.
“La resolución contempla un mecanismo de recupero de las diferencias diarias acumuladas correspondientes al período 1 de abril al 30 de septiembre, autorizando a las empresas distribuidoras del servicio de gas al cobro de cuotas durante el lapso de dos años a partir del 1 de enero de 2019”, dijo el fiscal.
Si bien la autorización oficial apunta a que sean las distribuidoras las responsables de realizar el cobro de las 24 cuotas, las beneficiarias finales de ese dinero serán las empresas productoras de gas.
Para el fiscal, la resolución 20/2018 dictada por Iguacel la semana pasada provoca “un perjuicio al patrimonio de los consumidores”.
“De esta manera, mediante el dictado de la resolución se genera una compensación a favor de las empresas contratistas y productoras del servicio de gas incrementado el costo mensual del servicio a usuarios y consumidores”, dijo el fiscal.
En la denuncia hecha por Marijuan, se requirió el dictado de una medida cautelar para suspender el aumento ya que provoca un “perjuicio económico a los usuarios”.
Como medida de prueba, el fiscal sugirió requerir toda la documentación en torno al dictado de la resolución que habilitó los aumentos de gas así como citar a declarar al director de jurídicos de la secretaría de Energía.
Fuente: NA
