Marijuán consideró que existen pruebas de que los funcionarios, “con el fin de brindarle protección a Lázaro Antonio Báez, no cumplieron con sus obligaciones de investigar y denunciar las irregularidades que fueron conocidas como consecuencia de las fiscalizaciones llevadas a cabo por la Dirección Regional Bahía Blanca”.
“Por el contrario, con el fin de ocultarlas decidieron disolver esa dirección“, advirtió.
El escrito fue presentado ante el juez federal Sebastián Casanello y es en el marco de la causa desprendida de la investigación conocida como la “ruta del dinero k”, en la que ya fue elevado a juicio Lázaro Báez y fue indagada la expresidenta Cristina Kirchner.
Marijuan acusa a ambos exfuncionarios de obstruir el avance las fiscalizaciones iniciadas entre los meses de mayo y julio del año 2011 en la Dirección Regional Bahía Blanca respecto de las sociedades Constructora Patagónica Argentina S.A., Calvento S.A. y Grupo Penta y Cía S.A.
Sostuvo que las firmas, “al mes de julio del año 2012 presentaban un avance significativo y denotaban la existencia de un fraude tributario mediante la utilización de facturación apócrifa cuyo beneficiario era, en forma directa o indirecta la empresa Austral Construcciones S.A” de Báez.
Según esas fiscalizaciones, el grupo de sociedades investigadas no contaba con capacidad económica ni financiera para realizar obras o prestar servicios en la industria de la construcción o vial.
Además, la fiscalía recordó que Echegaray disolvieron la Dirección Regional de Bahía Blanca de la Administración Federal de Ingresos Públicos: “a partir de la sanción de esa disposición se obstaculizó el avance producido en las fiscalizaciones y que daban cuenta de las irregularidades de un posible fraude al fisco cometido por las personas jurídicas mencionadas”.
Asimismo, Marijaun refirió que en base a información aportada por la AFIP existen “inconsistencias de los contribuyentes subcotratados” por las empresas investigadas y “las relaciones que mantuvieran con el grupo Austral Construcciones perteneciente a Lázaro Antonio Báez”.
“Las anomalías detectadas por la Dirección Regional de Bahía Blanca, de manera alguna podía resultar desconocida para las autoridades de la Administración Federal, teniendo en cuenta que – como se ha demostrado- se trató de un mecanismo que se fue empleando en varias ocasiones con los distintos contribuyentes, muchos de ellos pertenecientes a un mismo grupo familiar“, sostuvo Marijuan en su escrito. al que accedió NA.
“Está claro que en el marco de las facultades y atribuciones conferidas a los responsables de la AFIP se encuentra el deber de promover e investigar la posible comisión de un delito por parte de los contribuyentes. Sin embargo, actuaron de manera contraria, obstruyendo los avances de las fiscalizaciones y disolviendo la regional que las tuviera a su cargo”, remató.
Ahora, resta que Casanello firme la elevación a juicio de Echegaray y Toninelli.
Fuente: NA
