Fuentes judiciales informaron que Ochoa solicitó ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi llevar a juicio a 18 personas y también reclamó medidas de prueba sobre la extitular de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini.
El pedido de juicio comprende a Abel Fatala, Alejandro Gotkin, Daniel Laurenti, Fernando Caparroz Gomez, Pablo Sette, Adolfo Bus, Christian Terdjanian, Gustavo Serventich, Masnuel Camet, Mariano Moncada, Claudio Freidin, Carlos Castellano, y Daniel y Silvia Nasif.
En la investigación hay más imputados, como el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, pero aún no le corrió vista el juez a la fiscal para que formule el requerimiento de elevación a juicio.
Semanas atrás, los procesamientos por defraudación por administración fraudulenta y lavado de activos fueron confirmados por los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia.
De Vido, que se encuentra detenido desde octubre del año pasado en el penal de Marcos Paz, había llegado a la Cámara con una falta de mérito, aunque ahora los jueces consideraron que la responsabilidad por la defraudación al Estado no era sólo de los funcionarios que estaban bajo su órbita, sino que alcanzaba también al ministro.
El dinero que pactó el Estado era para la construcción de viviendas en la localidad de Tigre, en las provincias de Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe y Misiones, y por un total de 748.719.414 de pesos.
El proyecto original comprendía la suma de 1.295.218.967 millones de pesos.
“Se le adjudicó la ejecución de las obras en forma directa, sin sustentación legal válida”, indicó el fallo sobre la Fundación.
Además, sostuvo que de los fondos de la Secretaría de Obras Públicas “sólo la suma de 516.247.173 pesos pudo ser asociada a débitos asociados con la gestión de obras”.
Se investiga entonces un faltante de 206.438.454 pesos que “fueron desviados de su fin específico”, entre ellas a financieras, mientras que también se acreditaron extracciones en efectivo realizadas por Sergio Schoklender y emisión de cheques que “lo tenían como beneficiario”.
Se detectaron también “hasta pagos y transferencias cuyos destinatarios se desempeñaban como funcionarios públicos a nivel nacional y provincial que tenían responsabilidad de control y aprobación de gestiones relacionadas con las obras realizadas”, indicaron.
En la causa tienen falta de mérito los exgobernadores de Chaco, Jorge Capitanich; Santiago del Estero, Gerardo Zamora, Misiones, Maurice Closs y el actual de Santa Fe, Miguel Lifschitz; y el exministro de Trabajo, Carlos Tomada.
Cabe aclarar que cuando un juez no pueda declarar el sobreseimiento pero tampoco tiene muchas pruebas incriminatorias, dictará la falta de mérito (algo intermedio entre el sobreseimiento y el procesamiento).
La diferencia entre el sobreseimiento y la falta de mérito es que esta última no es definitiva. A pesar de que todo indicaba que había un posible delito, el juez considera que “no hay mérito” para que el imputado sea acusado por ahora en el juicio (puede seguir el juicio a otras personas pero no al imputado). Mientras el sobreseimiento es para siempre, la falta de mérito es temporal. Alguien con falta de mérito puede ser acusado posteriormente en el juicio propiamente dicho. Nunca un sobreseído puede volver a ser acusado.
Fuente: Agencia de Noticias NA
