La denuncia por malversación de fondos públicos (Fondo Nacional de Incentivo Docente) contra el Gobierno de Misiones ingresó a la Oficina Anticorrupción, esta vez impulsada por el diputado nacional, Juan Manuel López.
El legislador pidió a la secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Laura Alonso, que investigue los hechos denunciados por las secretarias generales de la Unión Docente Nueva Argentina de Misiones (UDNAM), Estela Genesini; y de el Sindicato de Educadores de Misiones Alfredo Bravo (SEMAB), Mariana Lescaffette, que involucran supuestos desvíos de los fondos del FONID de 2012 a 2016.
López pidió que la Oficina Anticorrupción proceda a la investigación y, eventualmente, se constituya en querellante. También solicitó que se determine si hechos similares ocurrieron en otras provincias del país.
El diputado nacional indicó que esta denuncia ya está en la Justicia Penal: en abril de 2017 quedó radicada en el Juzgado Federal 1, a cargo de María Servini, quien se declaró incompetente y remitió en agosto de ese año el expediente al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional de Posadas que, hasta el momento, no se expidió al respecto.
La punta del ovillo
El diputado nacional recordó que, según el artículo 13 de la Ley del Fondo Nacional de Incentivo Docente, esta es una “asignación especial de carácter remunerativo por cargo”, a liquidarse mensualmente “exclusivamente a los agentes que cumplan función docente”. En tanto, en el artículo 14, establece que los gobiernos provinciales son los responsables de presentar las plantas docentes a los fines de las transferencias de recursos.
“EI 29 de noviembre de 2016, se llevaron adelante en Misiones las elecciones docentes para cubrir cargos de vocalías en el Consejo General de Educación y en la Junta de Clasificación y Disciplina. El hilo conductor que determinó esta denuncia fue justamente el padrón electoral de dichas elecciones. Para confeccionar el padrón de electores, la Junta Electoral del Consejo General de Educación de la Provincia, utilizó las planillas de liquidación, tanto de sueldos como de cargos docentes. Fue gracias a dicho padrón que quedó a la vista la existencia de anomalías en los cargos y en consecuencia la desviación de emolumentos correspondientes al fondo de incentivo docente. Es que al analizar el padrón, se encontraron nombres de personas que no se dedican a la enseñanza. Peor aún, se descubrió que estas personas se encontraban cobrando cargos y/o horas de diferentes niveles (Primario, Medio y Superior) incluido el ex artículo 9 y el FONID sin estar frente al aula, es decir sin cumplir función docente alguna. Ahora bien, para llevar a cabo estas maniobras de desvío de capitales, se tuvieron que crear diferentes Códigos Únicos de Identificación de Servicios Educativos (CUISE) que fueron introducidos en la base de datos de la página web del Consejo General de Educación de Misiones. Al ingresar al CUISE de un establecimiento educativo, se ingresa a la Planta Orgánica Nominal (PON) que es el detalle de personas que oficialmente están designadas en esa escuela, cobran sueldos e incentivo docente y desempeñarían tareas dentro de la escuela”, detalló López quien presentó pruebas a la Oficina Anticorrupción al menos 20 CUISE que no corresponden a escuelas sino a reparticiones del CFE y programas del Ministerio de Educación.
“Inventaron escuelas fantasmas y en las plantas orgánicas de éstas anotaron a más de 1.000 personas que figuraban como docentes pero que en la realidad no lo eran, entre ellas, el contador del CGE. Esta maniobra se llevó a cabo para incluir en los listados a docentes que no ejercen el cargo, duplicar nombramientos y hacer percibir a individuos que no tienen el derecho a hacerlo el referido Fondo de Incentivo Docente, deben ser consideradas acciones ilícitas puesto que mediante ellas se defraudó al Estado Nacional”, argumentó López.
En dichos CUISE fantasmas denunciados por la ADUNAM y el SEMAB, figuraban incluso funcionarios públicos y personas allegadas a la Gobernación como el presidente del CGE, Mauricio Maidana; el contador del CGE, Mario Fabián Kruki; y la encargada de prensa de Gobernación, Karen Fiege; entre tantos otros.
“El CUISE 1661 cuenta con más de 300 cargos de Maestro de Educación Práctica (MEP) y 240 horas de Nivel Medio, corresponden a los administradores de Red del Programa Conectar Igualdad que no realizan función docente, y que además perciben contratos de nación por ser los que reparan las notebooks entregadas en ese programa”, advirtió el legislador quien pidió además que se investigue los “aproximadamente 1.700 casos de documentos de identidad repetidos, es decir, que la maniobra no solo consistió en crear instituciones fantasmas y otorgar cargos fantasmas sino que también se duplicaron dichos cargos, duplicando así el fraude”. Según detalló López, el Estado Nacional destinaba en ese periodo un monto mensual de un millón treinta y dos mil seiscientos ochenta y cuatro pesos ($1.032.684) para pagar FONID a los docentes de Misiones. Al menos un 10% no terminaría en los bolsillos de los que cumplen funciones docentes .
