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Amnistía Internacional exige la construcción de puentes en San Vicente

3 agosto, 2018

Referentes nacionales de la organización internacional defensora de los derechos humamos visitaron la Capital de la Madera para corroborar la veracidad de las denuncias que los concejales del Partido Agrario y Social (PAyS) Clelia Carballo y Roberto Rockembach realizan desde hace un largo tiempo.

Fotos: Prensa PAyS

En la Picada Rosa Mística, los alumnos y alumnas cruzan el arroyo caminando por un tronco que reemplaza el puente que debería estar construido en ese lugar, y lo mismo ocurre en la Picada Yabuticaba donde ni siquiera hay un puente precario, los niños cruzan el arroyo caminando directamente metiendo los pies en el agua.

Al conocer esta situación publicada en los medios provinciales y nacionales, representantes del organismo internacional llegaron hasta San Vicente y fueron a los lugares mencionados para ver la realidad y hablar con las familias. Luego emitieron comunicados formales solicitando a las autoridades pertinentes que se haga cargo de esas problemáticas. Las misivas fueron dirigidas al gobernador de la provincia, Hugo Passalacqua, al intendente municipal, Waldomiro Dos Santos (FR) y al director de Vialidad Provincial, Leonardo Stelatto.

“Según nos informaron, en mayo de este año, la Dirección Provincial de Vialidad, habría concurrido al territorio al que hacemos referencia a los efectos de tomar medidas y construir un puente que permita a los niños y niñas sortear el arroyo. A nuestra organización le interesa conocer qué medidas se previeron para garantizar que todos/as los/as niños/as de los parajes mencionados puedan acceder sin dificultad a la escuela”, expresa la carta que firma la directora ejecutiva de Amnistía Internacional, Mariela Belski.

“El derecho a la educación es un derecho humano indispensable para el ejercicio de otros derechos, reconocido en distintos instrumentos internacionales, en este sentido, corresponde a los Estados proveer, financiar y supervisar la educación, de manera de a segurar el libre acceso, permanencia y egreso en igualdad de oportunidades y posibilidades para todos y todas”, sostuvo.

Amnistía Internacional es un movimiento global presente en más de 150 países y que trabaja para que los derechos humamos sean reconocidos y respetados. Cuenta con más de siete millones de miembros y simpatizantes en todo el mundo, y su objetivo es realizar labores de investigación y emprender acciones para impedir y poner fin a los abusos graves contra los derechos civiles, políticos, sociales, culturales y económicos y pedir justicia para aquellos cuyos derechos son violados.

“Cansados de reclamar”
La concejal local del PAyS, Clelia Carballo, explicó cómo fue el accionar de la organización internacional: “Los integrantes de Amnistía se comunicaron telefónicamente después que tomaran conocimiento de los casos de San Vicente por los medios de comunicación, y vinieron a observar, a conocer la situación real y hablar con las familias afectadas. Para mí, como impulsora de estos proyectos, es muy importante que ellos pudieran venir y hablar con los damnificados, para que nadie piense que es una cuestión partidaria política, sino que hay necesidades reales que afectan a muchos niños y niñas“, destacó.

Además, le edil afirmó que esto es consecuencia de la falta de respuesta de las autoridades locales y provinciales. “Recurrimos a los medios de comunicación, y a través de ellos a otras instituciones, en busca de respuestas, porque ya agotamos todas las instancias posibles reclamando a los que deberían solucionar los problemas de estos niños y niñas, pero hasta ahora nadie se hizo cargo”, expresó Carballo.

Tags: AislamientoReclamosSan Vicente
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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