Pasamos tanto tiempo temiendo que el dinero de los cárteles de la droga financie campañas electorales de los políticos, que nunca vimos venir a lo sicarios que llegaron para ejecutarlos. Todo indica que los narcos decidieron que los funcionarios no son de fiar, incluso comprados; y que resulta mucho más seguro tener los propios. ¿O de qué otra manera entender el medio centenar de candidatos asesinados durante la presente campaña electoral? (129 personas si se incluyen a funcionarios públicos).
Como en tantos otros renglones en materia de inseguridad pública en México, estamos ante un nuevo y sangriento récord. La violencia siempre ha estado presente en los comicios de una u otra manera, pero por lo general solía tener un correlato esencialmente político, un exabrupto ocasional entre las corrientes que se disputan el poder. El asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio en 1994 fue considerado una purga interna entre las filas priistas y la mayor parte de los incidentes y balaceras durante las campañas han sido atribuidas a desencuentros entre fracciones políticas rivales. Ahora se trata de otra cosa.
La mayor parte de los 49 candidatos asesinados en las últimas semanas fueron ejecutados con usos y costumbres del crimen organizado. Pistoleros con cuernos de chivo que acribillan el auto en el que viaja por un camino regional el candidato y sus acompañantes. Los menos han sido ejecutados por un solo sicario.
En todos los casos se trata de aspirantes a un cargo político local: alcaldías de poblaciones pequeñas y medianas, por lo general. El único ataque en contra de un candidato a un puesto federal fue en contra de Fernando Purón Johnston, quien recibió un tiro en la nuca al término de un mitin. Purón buscaba una curul en el congreso nacional, aunque se sabía de sus fricciones con el narco durante su gestión como alcalde de Piedras Negras, Coahuila, de 2014 a 2017.
Se me dirá que no es la primera vez que el narco interviene ostensiblemente en las elecciones. En 2010 un comando asesinó a Rodolfo Torré Cantú, candidato del PRI al gobierno de Tamaulipas. Claramente se trató de una medida extrema en un proceso de desencuentros entre la clase política y el poder criminal local. Lo que ahora vemos es de otra escala y refleja la manera en que los cárteles se han apropiado de regiones rurales completas. Ya no basta asegurar una alcaldía permisiva que les permita el trasiego de drogas; ahora el narco requiere el control absoluto de la policía municipal. Eso le permite blindar la plaza para impedir el arribo de bandas rivales y expandir sus actividades a muchos otros rubros delictivos: piratería, tala de bosques, robo de ganado, asalto a transportistas, extorsión generalizada a comercios y productores, prostitución, entre otros.
Podrá decirse que 49 muertos son pocos en un país en el que la cifra de asesinados superará las 25.000 personas este año. Pero por desgracia son suficientes para alterar el significado mismo de los procesos electorales en estas regiones. Por cada candidato sacrificado hay centenares que prefieren renunciar a la candidatura y seguramente son más los que deciden de plano doblar las manos y ceder a las presiones de los capos locales (que normalmente comienzan por exigir la comandancia de policía para uno de los suyos). En ese sentido, el impacto es enorme, particularmente en las entidades de mayor incidencia como Puebla, Oaxaca y Guerrero.
Ciertamente el fenómeno es regional. No estamos hablando de la posibilidad de un narco presidente, ni mucho menos. Entre otras cosas porque los cárteles de la droga carecen de una estrategia política nacional como tal. Los liderazgos legendarios han sido derrumbados y los principales cárteles son más bien confederaciones de bandas salvajes y feudalizadas en permante lucha entre sí. Lo suyo es el control del territorio local, por el momento.
Pero eso no hace menos preocupante la progresión del crimen organizado sobre la estructura política. Así comenzó la ola de inseguridad que terminó por tragarse al país entero. Hace diez o 15 años hablábamos de la violencia en la frontera o en Tierra Caliente como si se tratase de anomalías o de un país exótico y bárbaro, ajeno a las ciudades donde viven los cristianos. Hoy la delincuencia opera sin tapujos en los barrios acomodados de la capital. Algo similar está sucediendo con la intervención del narco en las elecciones.
El problema con los elefantes rosas en la habitación que pretendemos no ver es que tarde o temprano terminan aplastándote. Hoy son presidentes municipales, mañana gobernadores; al final, la barbarie.
Por Jorge Zepeda Patterson, Fuente: elpais.com
