SAN MIGUEL DE TUCUMÁN (Medios digitales). El fiscal Carlos Sale pidió ayer la inmediata detención de los trece imputados en el juicio por la desaparición de Marita Verón hasta que se dicte el fallo y reclamó la pena máxima para siete de ellos.“Está comprobada la participación de los imputados en el hecho y la situación amerita el máximo de la pena de acuerdo al artículo 142 bis del Código Penal para los autores intelectuales y materiales del hecho”, sostuvo.Por su parte, el abogado querellante Carlos Varela Alvarez pidió una indemnización simbólica de “un peso” a cambio de que los imputados “digan dónde está Marita y pidan disculpas”.Si los imputados deciden no hablar, Varela Alvarez solicitó que el tribunal establezca como indemnización “la suma que corresponda según el criterio establecido por el artículo 88 de la Corte Internacional de Justicia, basado en el concepto de equidad”.El juicio se reanudó ayer a la mañana, luego del cuarto intermedio dispuesto el lunes por una descompensación transitoria sufrida por el vocal de la sala II Eduardo Romero Lascano, con los alegatos de Varela Alvarez y Sale.Durante su alegato, Sale reclamó 25 años de prisión que alcanzó a María Jesús Rivero y a su hermano, Víctor Rivero, como supuestos autores intelectual y material, respectivamente, del hecho.La misma pena fue solicitada para Daniela Milhein, Alejandro González, Irma Medina, José Fernando Gómez y Gonzalo Gómez, como partícipes necesarios de la retención de la joven y su sometimiento a prostitución.Los otros imputados, Humberto Derobertis, Paola Gaitán, Mariana Bustos, Carlos Luna, Azucena Márquez y Domingo Andrada, fueron considerados por el fiscal como partícipes secundarios, por lo que pidió una condena a doce años y seis meses de cárcel.Además, Sale solicitó la detención inmediata de los trece imputados hasta la finalización del juicio y aclaró que si el tribunal decide que no deben estar en esta situación recuperarán la libertad una vez dictada la sentencia.“Hagamos cumplir la cautelar para que los imputados queden detenidos por unos días”, fue el pedido del fiscal.“Pedido exagerado”Roberto Flores, abogado de Gonzalo Gómez, Paola Gaitán y Carlos Luna, reconoció que esperaban un pedido de penas altas ya que “se investiga una posible red de trata de personas y el caso está muy mediatizado”. Sin embargo, Flores sostuvo que “es exagerado y desproporcionado” el pedido de 25 años de prisión para Gonzalo Gómez, uno de sus defendidos, ya que “no me parece que lo pongan en la misma situación que al hermano y a su madre, porque hay solo una testigo, en el marco de la causa, que lo ha mencionado”. “No hay pruebas fuertes contra mi representado para situarlo como partícipe necesario porque es una acusación de dos renglones, y una argumentación del ministerio fiscal que duró entre quince y veinte segundos”, agregó Flores.En cuanto a la indemnización simbólica de un peso pedido por la querella, Varela Alvarez explicó que “si bien había una demanda originaria que era cuantiosa, llegamos a la conclusión con la familia de que, estando Marita desaparecida, no era bueno pedir dinero sino un concepto de reparación”.“Ojalá el tribunal pueda discutir sobre este tema porque sería un caso histórico que un tribunal acepte el concepto de reparación que generalmente se da para el caso de violencia estatal”, indicó el abogado.“Nosotros teníamos que pedir un monto de dinero y pedimos un peso porque no queremos recibir dinero bajo ningún concepto ya que sólo nos interesa que aparezca Marita”, agregó. Al hacer un repaso del desarrollo del juicio, Varela Alvarez señaló que “para nosotros era muy importante acreditar el secuestro” y destacó la declaración de “Andrea de Rosas, la chica misionera que estuvo ocho años secuestrada y es la que vio cuando pagan por Marita 50.000 pesos”. “Ese dato es muy importante porque permite comprobar que Marita fue vendida y comprada”, expresó. El letrado describió a los prostíbulos de La Rioja como “campos de concentración privados” y resaltó que “en esos lugares se torturaba” a las víctimas. Por su parte, Manuel López Rougués, otro de los fiscales, destacó que tanto la acción civil, a cargo de Varela Alvarez como la presentación del ministerio fiscal, “coincidieron en que el secuestro de Marita se produjo en Thames y Santiago del Estero, donde fue obligada a subir a un auto”.
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